El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para adoptar un nuevo régimen sancionatorio aduanero en Colombia, debido a que la Corte Constitucional declaró que el régimen actual es inconstitucional.
De acuerdo con Analdex, el texto definitivo no fue concertado o socializado con el sector privado. Por lo tanto, será en las instancias del legislativo donde se deberán surtir los debates públicos y la construcción de una normativa que definirá el equilibrio entre la facilitación del comercio y la lucha contra el fraude en los próximos años.
El primer gran cambio que se observa en el proyecto de ley radicado es un ajuste en sus principios rectores. Aparentemente, se eliminó el controversial “principio de máxima diligencia” que contenían los borradores previos, para dar paso a la inclusión de un Principio de Buena Fe.
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Este nuevo principio establece que en las actuaciones sancionatorias “las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros”. Sin embargo, a pesar de la buena intención de esta adición, Analdex aseguró que su aplicación práctica parece ser inocua.
Adicionalmente, el texto radicado eliminó una garantía que sí estaba presente en la versión socializada en junio de este año, la cual incluía una causal de reducción de la sanción “por la acreditación plena del cumplimiento del deber de diligencia y cuidado”.
“Su eliminación en el proyecto final es una señal inequívoca de que se busca endurecer el modelo de responsabilidad objetiva”, manifestó el gremio.
El proyecto de ley también profundiza el castigo al error formal. Se materializa una discusión histórica: castigar los errores en las descripciones (como un serial o una característica incompleta), incluso cuando estos no afectan la naturaleza de la mercancía, ni los tributos pagados.
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Esta nueva visión se implementa en dos pasos: primero, eliminando una garantía procesal que permitía la corrección; y segundo, reemplazándola con una sanción automática y de alto costo.
El proyecto suprime el “Procedimiento en Control Posterior de Mercancía con Descripción Errada o Incompleta”, que funcionaba como una garantía: si la autoridad advertía como única inconsistencia la descripción errada, se levantaba un acta y se exhortaba al usuario a subsanar el error.
Ahora, se propone una sanción directa y una “gradualidad”. Si el usuario no paga la sanción del 30 por ciento y corrige la declaración dentro de los cinco días siguientes a la intervención, la multa se incrementa automáticamente a 600 UVT, so pena de activar la causal de aprehensión.
Otro punto crítico es un retroceso en la conceptualización de la responsabilidad de los intermediarios. La versión del proyecto que se socializó el 13 de junio había eliminado la infracción que sancionaba a las agencias de aduanas por “hacer incurrir en error” a sus mandantes. Sin embargo, se volvió a incluir en el texto radicado ante el Congreso.
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“La reintroducción de esta norma es altamente preocupante. Va en contravía directa del propio principio de Buena Fe que el proyecto busca introducir y diluye el principio fundamental de la responsabilidad personal”, señaló Analdex.
Además, aseguró que castiga a la agencia de aduanas por una acción (el error) de su mandante (el importador), basándose en la interpretación altamente subjetiva de “inducir a error”.
Para el gremio, la expedición de este nuevo régimen sancionatorio debe ser una oportunidad para construir una normativa que realmente distinga el error involuntario del fraude deliberado.
