El gobierno de Abelardo De la Espriella anunció un cambio sustancial en su estrategia de seguridad frente a los grupos armados ilegales. La nueva política combina acciones de fuerza con condiciones más estrictas para eventuales negociaciones. Pero la Defensoría del Pueblo ya encendió alertas sobre los riesgos para las comunidades civiles.
¿Qué cambió en la estrategia del gobierno De la Espriella frente a los grupos armados?
Desde los primeros meses de gobierno, Abelardo De la Espriella mantuvo la puerta abierta al diálogo con grupos como el ELN, los disidentes de las FARC y el Clan del Golfo. Sin embargo, tras varios meses sin avances concretos, el ejecutivo anunció un viraje: la política de “paz total” cede terreno a una estrategia de presión militar combinada con condiciones mínimas para cualquier acuerdo.
Los puntos centrales del nuevo enfoque incluyen:
- Cese de actividades criminales como condición previa —no paralela— a cualquier negociación formal.
- Intensificación de operaciones en territorios como el Catatumbo, Chocó y Nariño, donde los grupos siguen expandiéndose.
- Coordinación más estrecha con alcaldes y gobernadores para cerrar corredores de narcotráfico.
- Reducción del número de grupos con quienes se mantiene interlocución activa.
El presidente argumentó que los anteriores acercamientos “no generaron resultados concretos para las comunidades afectadas” y que el Estado no puede negociar bajo presión armada. Es el viraje más significativo en materia de seguridad desde que llegó al gobierno.
Por qué la Defensoría del Pueblo pidió límites a la nueva política
La Defensoría del Pueblo presentó ante el gobierno un documento técnico en el que alerta sobre riesgos de la nueva política si no se establecen salvaguardas claras para las poblaciones civiles en zonas de conflicto.
Los puntos más críticos señalados son:
1. Riesgo de desplazamientos masivos. El aumento de operaciones militares en zonas de alta presencia armada puede generar éxodos de comunidades campesinas e indígenas que quedan atrapadas entre los fuegos cruzados. Regiones como el Catatumbo ya han registrado ciclos de desplazamiento en semanas de alta actividad bélica.
2. Vacíos en la protección de líderes sociales. En municipios donde operan estas organizaciones, los líderes comunitarios siguen siendo blancos de amenazas y asesinatos. La Defensoría advierte que el nuevo plan no incluye mecanismos reforzados de protección para ellos.
3. Falta de claridad en protocolos humanitarios. El documento pide que cualquier operación de gran escala incluya corredores humanitarios y protocolos de evacuación previos, algo que según el organismo no está garantizado en el diseño actual de la política.
El organismo aclara que no se opone a la presión militar como herramienta: lo que pide es que esté acompañada de medidas de protección civil robustas y verificables, y que haya rendición de cuentas clara sobre sus resultados.
Qué dicen los expertos sobre el giro en la política de seguridad
Analistas de seguridad coinciden en que el cambio era previsible dado el fracaso de las negociaciones anteriores, pero señalan riesgos importantes:
- El precedente de la “Política de Seguridad Democrática” (2002-2010) demostró que la presión militar puede debilitar estructuras armadas, pero rara vez las elimina si no hay intervención social y económica simultánea en los territorios.
- La fragmentación actual de los grupos es mayor que en eras anteriores: hoy operan más de 30 estructuras armadas distintas, muchas sin mando unificado, lo que complica cualquier estrategia única de enfrentamiento o negociación.
- Mientras siga existiendo demanda internacional de cocaína y el Estado no ofrezca alternativas productivas viables en las zonas cocaleras, ninguna estrategia puramente militar será suficiente.
Congresistas de oposición cuestionaron en debate de control político si el gobierno tiene los recursos fiscales y la capacidad operacional para sostener una estrategia más agresiva en todo el territorio nacional de manera simultánea, sin descuidar la presencia institucional en otros frentes.
¿Qué viene ahora para la seguridad en Colombia?
El gobierno tiene 30 días para responder formalmente a las observaciones de la Defensoría. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa anunció que se intensificarán las operaciones en el Catatumbo y el norte de Nariño en las próximas semanas.
La sociedad civil, organizaciones de derechos humanos e iglesias que operan en zonas de conflicto seguirán de cerca la implementación. El reto central es claro: endurecer la respuesta del Estado sin aumentar el sufrimiento de las comunidades que ya llevan décadas atrapadas en medio del conflicto armado colombiano.
Desopinion.com seguirá cubriendo los avances de esta política y su impacto real en los territorios más afectados del país.
