La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a Jesús Galdino Cedeño, exgobernador del Departamento de Amazonas, después de verificar que cometió una falta muy grave al establecer contratos con individuos que financiaron su campaña política.
De acuerdo al fallo de primera instancia, el exgobernador transgredió el régimen de inhabilidades al formalizar un contrato bilateral en el año 2020 con la empresa Group SAS. El objetivo del contrato era el suministro de hipoclorito de sodio granulado, empleado para afrontar la emergencia sanitaria provocada por la infección aguda del COVID-19.
No obstante, la procuraduría afirmó que los representantes legales de la empresa contratista habían contribuido a la campaña de Galindo Cedeño, rebasando el 2% del total a financiar por el candidato.
Según lo que se expone en el fallo, lo ocurrido representa una clara violación para contratar. Esto, conforme a lo dispuesto por la legislación colombiana en materia electoral y administrativa. Por esta razón, el Ministerio Público concluyó que el exfuncionario incurrió en una conducta reprochable que afectó la transparencia en la contratación pública e infringió los principios éticos que rigen el ejercicio de la función pública.
El proceso disciplinario también mostró que, tras asumir la gobernación, Galdino Cedeño omitió declarar el conflicto de intereses generado por esa relación económica con la empresa y permitió que se llevara a cabo la contratación a pesar de las restricciones existentes.
Falta muy grave cometida con dolo
La procuraduría delegada disciplinaria de juzgamiento calificó la falta del exgobernador como muy grave, cometida a título de dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de actuar en contra de la norma.
El exgobernador vulneró en 2020 el régimen de inhabilidades al formalizar un contrato bilateral. Foto:RESTACIONES SOCIALES
El fallo señala que Galdino Cedeño debía abstenerse de contratar a personas naturales o jurídicas que hubieran financiado su campaña electoral, específicamente para prevenir conflictos de interés y preservar la imparcialidad en la toma de decisiones durante su mandato.
En relación con esta decisión, este medio contactó a la Gobernación de Amazonas, pero su respuesta fue que el actual mandatario no emitirá declaraciones sobre el caso por el momento. “Este tipo de asuntos ya está en manos de entidades de control. Nosotros respetamos la autonomía de la procuraduría, la fiscalía y la contraloría”, afirmó un vocero de la administración departamental.
También se reiteró que la línea política del gobierno es clara: “Gobernar Sin Espejo Retrovisor”, en alusión a la intención de no hacer referencia a las actuaciones en administraciones previas.
Con la sanción impuesta, se pretende establecer un precedente para evitar que quienes aspiren a cargos públicos utilicen su posición para devolver favores políticos o económicos a sus financistas. “Los recursos públicos no pueden convertirse en moneda de pago de compromisos de campaña. La ciudadanía merece gobernantes que respondan al interés general y no a intereses privados”, subrayó el fallo.
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