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El 13 de noviembre, se conmemoran cuatro décadas de la catástrofe de Armero. Y, al parecer, esta es la única cifra exacta que poseemos acerca de lo sucedido. La cantidad de fallecidos, de menores extraviados y de sobrevivientes continúa siendo citada con estimaciones, con un margen de error de hasta un 20 por ciento. Lamentable. En todo caso, hace 40 años, una localidad con más de 28 mil residentes —según la estadística de 1985— fue aniquilada en su totalidad debido a la erupción del volcán Nevado del Ruiz. La avalancha descendió por el cañón del río Lagunilla durante casi dos horas, hasta alcanzar el valle donde se ubicaba mi pueblo natal. Las pérdidas humanas superaron las 23.000 personas; los niños desaparecidos fueron más de 580, y los sobrevivientes, apenas alrededor de 5.000.
Este año también se recuerda la huida de la población armerita hacia diferentes regiones del país. Una diáspora. Los pocos que sobrevivimos nos establecimos en localidades como Ibagué, Honda, Soacha, Lérida y algunos en el antiguo corregimiento de Armero, llamado Guayabal, a donde se trasladó —por orden departamental y no por decisión voluntaria de los armeritas— la cabecera urbana del municipio. Esto, aunque parecía bien intencionado, careció de la mínima planificación por parte del Estado. A diferencia de lo sucedido en otras catástrofes de la historia reciente de Colombia —como Armenia o Gramalote—, no existió un plan para la reconstrucción de Armero. El gobierno suministró unas pocas viviendas (en malas condiciones, además), lo cual es muy diferente a restaurar un pueblo, una identidad. Para ello era necesario desarrollar infraestructura vial y social, y especialmente crear oportunidades productivas que ayudaran a salir —física y mentalmente— del fango en el que quedamos sepultados los armeritas.
El gobierno de turno falló al no prevenir la tragedia humana —no la erupción, que era inevitable—, pero el Estado, en términos generales, ha fracado casi deliberadamente ya sea por acción o por omisión, a lo largo de estos 40 años. La tragedia para los armeritas comenzó meses antes del 13 de noviembre de 1985, pero se ha prolongado sistemáticamente hasta el día de hoy.
El Consejo de Estado, por ejemplo, en un fallo vergonzoso de 1994, no solo desestimó las pretensiones del demandante que argumentaba falla del servicio, sino que, además, sostuvo que exoneraba al Estado colombiano dado que le resultaba imposible prever cuándo ocurriría la erupción volcánica. Es evidente que un acontecimiento natural como el que ocurrió constituye un típico caso de fuerza mayor, y no era necesario traer testigos del exterior, como hizo el Estado, para demostrar que no era factible anticipar la fecha de la erupción. Lo censurable es que, habiendo tenido meses antes información sobre la inminencia del evento y al menos dos horas para evacuar el pueblo mientras la lava descendía 23 kilómetros por el cañón desde el nevado hasta Armero, el Estado no había hecho nada. Como si fuera poco, no solo se negó la calidad de víctima al demandante, sino que, además, el Consejo de Estado lo condenó en costas.
Por su parte, la Asamblea del Tolima, ignorando los más básicos principios derivados de la posición de garantía que tiene el Estado —entre ellos, el deber de evitar la generación del daño—, indicó en la ordenanza ya mencionada: “Los armeritas saben que la nueva cabecera quedaría expuesta a desaparecer en caso de erupción, pero han expresado estar dispuestos a asumir su propia suerte antes que abandonar lo que les ha sido tan valioso: el amor por su tierra natal”. No, señores. El Estado no puede permitir la construcción en una zona clasificada como de “riesgo no mitigable”. Esa no es una elección del administrado, sino un deber inquebrantable del Estado: prevenir nuevas tragedias humanas.
Este episodio
es únicamente anecdótico y refleja la desviación institucional a la que hemos sido sometidos los armeritas, ya que tal afirmación carecía del más mínimo análisis técnico que estableciera si el actual asentamiento de Armero-Guayabal se halla en una zona de riesgo o no.
En el año 2013, el Congreso de la República promulgó la Ley 1682, a través de la cual el Estado pretendía “restituir la dignidad de una ciudad que fue sumergida en el barro y el olvido y favorecer el desarrollo integral y equilibrado de la economía del municipio de Armero-Guayabal”. Esta ley contempla mandatos claros y exigibles: restitución jurídica, alinderamiento, parque temático, salvaguarda de ruinas, conmemoración anual. Sin embargo, no incluye en su texto un organismo independiente de supervisión o un mecanismo institucional permanente de control ciudadano con funciones específicas de monitoreo de cumplimiento, por lo que no ha sido ejecutada. Además, esta ley debía ser reglamentada en su totalidad, pero hasta la fecha no ha sucedido, lo cual es una excusa suficiente para que las entidades nacionales y departamentales eviten su cumplimiento. Es importante reconocer algunos esfuerzos aislados del Ministerio de Cultura —durante la gestión de Juan David Correa— y del Sistema de Notariado y Registro en el avance del Registro Único de Propietarios Urbanos de Armero (RUPU). No obstante, la acción estatal ha sido casi inexistente en relación con el objetivo fundamental de la ley: restituir la memoria y la identidad del pueblo armerita. No existe un solo doliente institucional que lidere e impulse su cumplimiento completo.
La normativa impone al Estado, entre otras responsabilidades: (i) fomentar la inversión y facilitar los recursos para mejorar la calidad de vida en Armero-Guayabal; (ii) llevar a cabo acciones de restitución jurídica de los terrenos urbanos; (iii) impulsar programas de apoyo técnico y financiero para asistencia, capital de trabajo y activos fijos que propicien el desarrollo regional; (iv) diseñar programas de microcrédito destinados a las pequeñas empresas rurales y urbanas; y (v) ofrecer formación y asistencia técnica especializada. Todo esto ha brillado por su ausencia, obstaculizando que los armeritas podamos regresar a nuestro pueblo y ejerzamos el derecho a la identidad y al arraigo territorial.
Después de cuatro décadas, el pueblo armerita requiere algo más que misas y monumentos.
Demandamos nuestro derecho constitucional a la identidad. Fuimos desplazados de nuestro territorio por una circunstancia fuera de nuestro control, pero hoy deseamos regresar. Tenemos derecho a lo que nos pertenece, a nuestras raíces, a no ser olvidados. A que en nuestras cédulas figure que nacimos en Armero. A contar con un territorio que verdaderamente nos pertenezca. Hemos recorrido el mundo como nómadas narrando una historia difícil de creer: no tenemos un pueblo natal. La reparación de los armeritas, como comunidad, no se ha materializado, y este podría ser un buen momento para llevarla a cabo. La reparación colectiva es imprescindible, y los pocos sobrevivientes la necesitamos.
No me refiero únicamente a la reparación por las muertes evitables ni por los daños físicos, psicológicos o materiales —a los cuales también tendríamos derecho—, sino a la necesidad de volver a pertenecer a un territorio que nos fue arrebatado: el derecho a identificarnos como comunidad. Esa es la reparación que hoy reclamo: la reconstrucción de mi pueblo mediante una auténtica política de Estado que nos restituya lo que perdimos hace cuatro décadas.
Para ello es necesario reactivar la economía regional, tal como lo ordena la Ley 1682. Nadie deseará regresar —y los pocos que aún estén allí querrán irse— si no hay oportunidades productivas que posibiliten quedarse. Se requiere una política de Estado para revitalizar Armero, un objetivo nacional que haga viable: (i) la creación de una comisión permanente de alto nivel encargada de implementar la política de reconstrucción con participación ciudadana, representantes del pueblo armerita y del Estado (nacional, departamental, municipal) para
transformar el mandato legal en una realidad palpable; (ii) la creación de una Comisión de la Verdad que narre la historia tal como realmente sucedió y fomente la búsqueda de los menores desaparecidos, en la que casi a fuerza de voluntad ha trabajado incansablemente la Fundación Armando Armero; (iii) la identificación del colectivo perjudicado; (iv) la finalización del RUPU, como un paso previo a las acciones de restitución jurídica de terrenos urbanos, para lo cual necesitaremos jueces ad hoc que resuelvan las disputas de propiedad a las que sin duda nos enfrentaremos; y (v) la reubicación definitiva de la comunidad armerita en un territorio sin riesgos, con vías, hospitales, escuelas y posibilidades de desarrollo. Lo que requiere el pueblo armerita es que el Estado traslade efectivamente el antiguo núcleo urbano de Armero a una zona segura, no por orden departamental, sino como resultado de una política de reparación colectiva para un pueblo que ha sido revictimizado durante 40 años.
Es el momento de que el Estado fomente el retorno de los armeritas mediante proyectos productivos y de infraestructura social, y no con el sofisma de edificar un parque en una zona de peligro, al que probablemente solo acudiremos los armeritas cada 13 de noviembre. Armero fue, hasta antes de la tragedia, la ciudad más floreciente de la región y puede volver a serlo. Esa es nuestra aspiración y nuestro proyecto de vida. Cuarenta años después, la tragedia de Armero no puede seguir siendo un expediente polvoriento ni un recuerdo de efemérides. La omisión del Estado no se redime con homenajes, sino con acciones.
Es hora de que la nación comprenda que la reparación no se obtiene con flores ni discursos, sino con justicia, identidad y territorio. No solicitamos compasión: exigimos memoria, dignidad y retorno. Porque un pueblo no muere bajo el barro mientras mantiene la esperanza de regresar a su hogar.
Los armeritas que demandan ‘un lugar en el mundo’
Familiares de víctimas discuten acerca de una de las grandes heridas abiertas.
“Amábamos todo lo que había en el pueblo y sus alrededores. Amábamos al río Lagunilla, que fue el que provocó la tragedia”, menciona Rodrigo Ariza, un periodista armerita que, cuatro décadas después, reflexiona sobre la identidad de su pueblo, que intentó ser sepultada con la avalancha. Además de haber perdido gran parte de su familia, para él, otra de las heridas que siguen abiertas es el hecho de que, como armeritas, ya no poseen una tierra a la cual regresar: “No tenemos un terruño donde podamos afirmar que cuando esté viejo, quiero morir en la tierra donde nací”. Muchos tuvieron que reubicarse donde pudieron, esperando poder rehacer la vida que dejaban enterrada bajo el denso lodo. En este, también quedaron las marcas de una cultura inmaterial con la cual comenzaron a sembrar raíces en lugares nuevos. “Nos vimos obligados a asumir muchos aspectos de la identidad de otras regiones”, añade Carlos Murad, sobreviviente. En palabras de Jorge Mauricio Murad, “somos un pueblo disperso que reconstruyó su sentido de pertenencia a partir de la memoria. Nos repartieron por diferentes lugares en lugar de realizar la reconstrucción estructural del municipio, lo que fragmentó el tejido social”. La sombra de la tragedia los sigue persiguiendo como una marca imborrable. Así lo explica Ana Deyssi Meneses, también armerita y sobreviviente de la tragedia. “Armero se convirtió en un símbolo de dolor, pero también de resiliencia para superar las adversidades”. Para Rosa Cecilia de Murad, “la profunda tristeza de regresar a donde estaba el pueblo es ver que nuestros seres queridos se fueron, pero ese lugar arrasado seguirá siendo Armero para siempre.”
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