expertos advierten riesgos financieros y alzas en combustibles

La decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de cobrarle el 19 por ciento del IVA a Reficar, filial de Ecopetrol, por las importaciones de combustibles, encendió una nueva polémica que involucra aspectos técnicos, tributarios y económicos de fondo.

Expertos del sector energético, reunidos en Cartagena en el ‘Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos’, organizado por Fendipetróleo y Comce en Cartagena, consideran que la medida no solo carece de fundamento jurídico, sino que podría tener efectos negativos sobre las finanzas públicas, los precios de los combustibles y el abastecimiento nacional.

Amilkar Acosta, exministro de Minas y Energía, calificó la actuación de la Dian como “un desafuero”, al considerar que el cobro desconoce el régimen especial que ampara a Reficar por su condición de empresa ubicada en zona franca. “La Dian pretende cobrarle a Ecopetrol, y por ende a Reficar, un IVA del 19 por ciento sobre las importaciones de combustibles, pero a nadie le es dado interpretar la norma a su conveniencia. En este caso, no cabe aplicar el IVA porque las zonas francas están exentas de ese tipo de gravámenes”, aseguró.

Acosta explicó que toda la importación de combustibles al país —que representa cerca del 40 por ciento de la gasolina y el 10 por ciento del diésel que se consumen— se realiza a través de Reficar. “Toda esa operación está cobijada por el régimen de zona franca. No se puede cobrar IVA sobre algo que no se facturó ni se cobró, y mucho menos sobre una empresa que por ley está exenta”, insistió.

El exministro también señaló que la decisión de la Dian podría tener motivaciones fiscales en medio de las tensiones presupuestales del Gobierno. “El Ministerio de Hacienda y la misma Dian están por plata como el diablo por almas. Lo que buscan con decisiones como esta es hacer caja para atender las necesidades inmediatas del Gobierno, incluso si luego los tribunales les ordenan devolver los recursos”, advirtió.

Acosta anticipó que tanto Ecopetrol como Reficar ya habrían emprendido acciones judiciales contra la medida, e incluso propuso una movilización ciudadana para respaldarlas. “Invito a todos los colombianos, que somos accionistas de Ecopetrol, a promover una ‘tutelatón’ nacional para frenar este atropello. Esto no es solo contra una empresa, es contra el patrimonio de todos”, señaló.

El exministro alertó que, si la interpretación de la Dian llegara a prosperar, tendría un efecto directo sobre los precios de los combustibles. “De seguir cobrando IVA a las importaciones, el impacto sería inmediato en los precios al consumidor. Estaríamos hablando de un incremento en esa misma proporción, lo que podría presionar aún más la inflación”, puntualizó.

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Desde el sector de las estaciones de servicio, las preocupaciones son similares. David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional del sector, pidió que el conflicto se resuelva de forma técnica y sin medidas coercitivas. “Esperamos que esta situación se solucione pronto y que no se imponga el embargo a Reficar, porque eso afectaría el abastecimiento de combustibles, no solo en la Costa Atlántica sino en todo el país”, dijo.

Jiménez explicó que las estaciones de servicio, cerca de 6.400 en todo el territorio nacional, dependen de una cadena de suministro que parte del refinador. “Si se interrumpe el flujo desde Reficar, toda la red se vería comprometida. Esto tendría efectos sobre el transporte terrestre, la actividad económica y los ingresos fiscales derivados del consumo de combustibles”, advirtió.

Según sus estimaciones, si el cobro del 19 por cientoi del IVA se aplica al ingreso al productor, el impacto podría ser significativo. “El ingreso al productor representa cerca del 60 por ciento del precio final del galón. Si se incrementa en un 19 por ciento, eso podría significar un alza de hasta 1.000 pesos por galón, tanto para la gasolina corriente como para el diésel”, explicó.

El dirigente gremial añadió que el país ya importa una porción considerable de los combustibles que consume, lo que lo hace más vulnerable a medidas de este tipo. “Cerca del 40 por ciento de la gasolina corriente y el 10 por ciento del diésel que se usan en Colombia son importados. Si aumenta la carga tributaria sobre esas operaciones, los efectos se trasladan directamente al consumidor”, precisó.

Finalmente, Jiménez recordó que el 6 por ciento de la energía que se consume en el país proviene de fuentes térmicas que dependen de combustibles líquidos. “En un momento en que el sistema energético enfrenta déficits de gas y de generación eléctrica, cualquier afectación al suministro de combustibles tiene repercusiones sobre la matriz energética nacional”, concluyó.