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Un juez de conocimiento avaló el preacuerdo suscrito por Isaías Martínez Gélvez, quien aceptó su responsabilidad en actos de corrupción cometidos mientras ejercía funciones como custodia en un centro de detención bajo responsabilidad de la Policía Nacional de Colombia. La decisión judicial se produjo una solicitud de un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar.
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El procesado reconoció, de manera libre y asistido por su defensa, haber facilitado el ingreso ilegal de estupefacientes, teléfonos celulares y cargadores al interior del lugar de reclusión donde trabajaba. Los elementos estaban dirigidos a un interno procesado por el delito de extorsión.
La conducta se registró entre noviembre de 2022 y enero de 2023, periodo durante el cual el ahora condenado habría aprovechado su posición como custodio para vulnerar los controles de seguridad del establecimiento carcelario. A cambio, según lo establecido en la investigación, recibió pagos ilícitos.
Investigación por corrupción en centro de detención en Cartagena
Cárcel La Ternera, Cartagena Foto:Vanessa Romero, El Tiempo
El caso fue adelantado por la Fiscalía adscrita a la Unidad de Administración Pública en Bolívar, que documentó cómo el funcionario permitido reiteradamente el ingreso de objetos prohibidos al penal.
De acuerdo con los fallos judiciales, Martínez Gélvez actuó en calidad de servidor público encargado de la vigilancia del centro de detención. En ese rol, Tenía la obligación de impedir cualquier tipo de ingreso irregular de sustancias o dispositivos. que podría alterar el orden interno o facilitar actividades delictivas desde el interior.
Sin embargo, la investigación determinará que el custodio no solo incumplió su deber, sino que lo hizo a cambio de coimas, configurando el delito de cohecho propio, una conducta que sanciona a los funcionarios públicos que reciben dinero o beneficios para ejecutar actos contrarios a sus obligaciones legales.
Preacuerdo y condena: detalles de la sentencia
Cárcel La Ternera, Cartagena Foto:Vanessa Romero, El Tiempo
Tras el avance del proceso penal, el acusado optó por suscribir un acuerdo previo con la Fiscalía. Esta figura jurídica permite una reducción de pena cuando el implicado acepta cargos y colabora con la administración de justicia.
El juez de conocimiento examinó el acuerdo y lo avaló al considerar que cumplió con los requisitos legales y que la aceptación de responsabilidad fue voluntaria y debidamente asesorada. Como resultado, Isaías Martínez Gélvez fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión.
Además de la pena privativa de la libertad, el fallo impuso una multa equivalente a 35,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, así como la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo término de la condena.
Cohecho propio: delito que afecta la función pública
Cárcel La Ternera, Cartagena Foto:Vanessa Romero, El Tiempo
El delito de cohecho propio está contemplado en la legislación penal colombiana como una de las principales formas de corrupción administrativa. Se configura cuando un servidor público recibe dinero, dádivas o cualquier tipo de beneficio para realizar un acto contrario a sus deberes.
En este caso, el ingreso de drogas y dispositivos móviles a un centro de detención representa una grave vulneración a la seguridad institucional. Los celulares, por ejemplo, son utilizados frecuentemente para coordinar delitos como extorsiones desde el interior de cárceles y estaciones de policía.
Las autoridades han reiterado que este tipo de prácticas no solo comprometen la integridad del sistema penitenciario, sino que también fortalecer las estructuras criminales que operan desde lugares de reclusión.
Sentencia ejecutoriada y mensaje institucional
Cárcel La Ternera, Cartagena Foto:Vanessa Romero, El Tiempo
La sentencia contra Martínez Gélvez ya se encuentra ejecutada, lo que significa que quedó en firme y debe cumplirse en los términos establecidos por el juez.
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Para la Fiscalía, reitere que Continuando investigando conductas que afectan la transparencia. y el correcto funcionamiento del servicio público.
En el contexto de Bolívar, este caso se suma a otros procesos relacionados con irregularidades en centros de detención, donde la introducción de elementos prohibidos ha sido una preocupación constante para las autoridades judiciales y policiales.
Impacto en la lucha contra la corrupción en centros de reclusión
Cárcel La Ternera, Cartagena Foto:Vanessa Romero, El Tiempo
Los centros de detención y establecimientos carcelarios son espacios especialmente sensibles desde el punto de vista de la seguridad pública. Cualquier brecha en los controles puede derivar en la continuidad de actividades delictivas. desde el interior.
Por ello, las autoridades han insistido en fortalecer los mecanismos de supervisión y control interno, así como en promover denuncias cuando existan sospechas de irregularidades cometidas por funcionarios.
Para las autoridades en Cartagena, este tipo de condena refuerza la postura institucional de tolerancia cero frente a la corrupción y subraya la responsabilidad que tienen los servidores públicos de actuar conforme a la ley. La administración de justicia, en este caso, considera que el abuso de la función pública debe tener consecuencias penales claras y ejemplarizantes.
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