[ad_1]
En los procesos de gran corrupción, las casas suelen contar historias que los contratos intentan ocultar. En Barranquilla, una vivienda en el exclusivo sector de Lomas de Caujaral se convirtió en una de esas pistas incómodas. que obligan a mirar más allá de los saldos y los comunicados oficiales.
LEA TAMBIÉN
El inmueble, a nombre de Jeannette Margarita Lux de Navarro, esposa del exgerente de la Triple A Ramón Navarro Pereira, terminó en el centro de una acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la Nación. La pregunta de fondo no era estética ni inmobiliaria: ¿de dónde salió el dinero para comprar y ampliar esa casa durante los años en que la empresa de servicios públicos fue drenada sistemáticamente?
La respuesta judicial no se limitó a un “sí” o un “no”. Lo que hizo el fallo conocido por EL TIEMPO fue algo más profundo: reconstruir el ecosistema de poder, contratos y omisiones que permitieron que durante casi dos décadas se extrajeran recursos públicos sin una contraprestación verificable.
El contrato madre: 4,5 % del recaudo, todos los meses
Ramón Navarro Pereira, exgerente de la Triple A. Foto:Fiscalía
El punto de partida del escándalo sigue siendo el mismo: el contrato de asistencia técnica firmado en septiembre del año 2000 entre la Triple A e INASSA, filial del Canal Isabel II de España. El acuerdo comprometía el 4,5 % del recaudo mensual de la empresa barranquillera a cambio de asesoría técnica, administrativa y operativa.
En papel, el contrato parecía una apuesta por la modernización. En la práctica, Según decenas de testimonios y documentos incorporados al expediente, la asistencia nunca llegó. Oh, cuando llegó, fue marginal, tardía o invertida: técnicos de Barranquilla asesorando a otras filiales del grupo.
Aun así, los pagos fluyeron con disciplina suiza durante años. Mes a mes, sin interrupción, incluso cuando la ciudad enfrentaba problemas de cobertura, pérdidas técnicas y reclamos ciudadanos. El contrato se volvió una renta automática, ciega por cláusulas, silencios y una gobernanza empresarial.l que según la Fiscalía, operó de espaldas al interés público.
La gerencia como bisagra del sistema
Triple A Foto:Óscar Berrocal – EL TIEMPO
En ese engranaje aparece el nombre de Ramón Navarro Pereira. Su rol no fue marginal. gerente Fue general de la Triple A durante los años clave del esquema y, más tarde, se allanó a cargos por administración desleal, enriquecimiento ilícito y falsedad documental.
El proceso penal iniciado que, bajo su administración, se permitió y mantuvo un modelo contractual que lesionó las finanzas de la empresa y, por extensión, las del Distrito de Barranquilla. Pero el proceso de extinción de dominio fue más allá del reproche penal: buscó rastrear el impacto patrimonial del esquema.
¿Hubo beneficio directo? ¿Hubo mezcla de recursos? ¿Se financiaron bienes privados con dinero público? Esas fueron las preguntas que guiaron la acción contra la casa de Caujaral.
Órdenes ficticias y contratos en serie: la caja menor del saqueo
La sede administrativa de Triple A está en el barrio El Prado. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO
El contrato con INASSA no fue el único canal. El expediente al que tuvo acceso EL TIEMPO, detalla un segundo mecanismo, menos sofisticado pero igual de efectivo: 54 órdenes de pedido ficticias y cuatro contratos de consultoría suscritos entre 2014 y 2015 por más de 4.500 millones de pesos.
El patrón era repetido: fraccionamiento contractual para evadir controles, objetos vagos, entregables inexistentes y pagos que terminaban en empresas del mismo grupo empresarial. Según la Fiscalía, los estudios nunca se hicieron. El dinero, sí.
Parte de esos recursosde acuerdo con testimonios obtenidos por la Fiscalía, regresaba en efectivo para alimentar un sistema de lealtades, silencios y favores. Una economía paralela que funcionaba dentro de una empresa esencial para la ciudad.
La defensa: legalidad formal, duda razonable
Panorámica aérea de la planta de acueducto de Triple A en Barranquilla. Foto:Prensa Triple A
La defensa de Jeannette Lux de Navarro se apoyó en un argumento central: no todo acto corrupto genera, automáticamente, un incremento patrimonial familiar. Aportó registros de ingresos, pensiones, créditos y peritajes contables para sostener que la compra del inmueble era lícita.
También subrayó que los dineros desviados terminaron en cuentas empresariales en el exterior, no en cuentas personales. Y recordó que el proceso penal no probó un enriquecimiento directo de la esposa del exgerente.
El tribunal escuchó. Analizó. Contraste. Y dejó una enseñanza clave: la extinción de dominio no exige una prueba penal clásica, sino la demostración de una conexión razonable entre la actividad ilícita y el bien cuestionado, incluida la mezcla de recursos.
Más que una casa: el modelo de captura
Planta de acueducto de Triple A en Barranquilla. Foto:Archivo/EL TIEMPO
El valor del fallo no está solo en su decisión concreta, sino en el mapa que dibuja. Lo que emerge es un modelo de captura institucional: contratos diseñados para no fallar, juntas directivas sin dientes, supervisiones formales y una cultura administrativa que normalizó lo anormal.
Durante años, la Triple A operó como una caja fuerte con combinación conocida. El contrato de asistencia técnica fue la llave principal; las órdenes ficticias, la cerradura secundaria.
LEA TAMBIÉN
El impacto fue real: menos recursos para inversión, dividendos comprometidos para el Distrito, tarifas que no reflejanban eficiencia y una ciudad que pagó, sin saberlo, el costo del desvío.
El Estado llega tarde
Triple A Foto:Óscar Berrocal – EL TIEMPO
La acción de extinción se inició en 2019. El contrato se firmó en 2000. La diferencia temporal dice tanto como el fallo. Dos décadas de inacción en uno de los servicios públicos más sensibles del país.
La sentencia recuerda que la extinción de dominio no es una revancha, sino una herramienta constitucional para romper el incentivo económico de la corrupción. Pero también deja al descubierto la lentitud del Estado para reaccionar cuando el poder se administra desde los escritorios y no desde las armas.
El caso no cierra el capítulo Triple A. Lo amplía. Quedan preguntas sobre responsabilidades compartidas, controles fallidos, auditorías complacientes y el papel de actores que no están en el banquillo.
La casa de Caujaral era una pista. No la única. El expediente sugiere que el saqueo no fue obra de una persona, sino de un sistema que aprendió a convivir con la desviación.
Para Barranquilla, el fallo es una advertencia tardía. Para el país, una lección vigente: cuando el poder administra servicios públicos sin control real, el patrimonio privado termina contando la historia que los contratos callan.
Este vídeo te puede interesar:
[ad_2]
