La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) alista un cambio en uno de los seis componentes de la tarifa de energía eléctrica. Aunque provocaría una reducción en el costo de las facturas, también representa un riesgo para las empresas que prestan este servicio.
Con esta propuesta se pretende disminuir el componente de Comercialización (C) entre un 33 por ciento y 45 por ciento, que para un usuario de estrato 1 puede representar una reducción de aproximadamente 2.400 pesos en su factura mensual.
Sin embargo, Asocodis advierte que esta disminución en las facturas de los usuarios implicaría una reducción de los ingresos anuales de las empresas de energía por más de 1 billón de pesos.
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“Esto afecta de manera importante a todos los comercializadores, pero mucho más a las empresas pequeñas y a las que no tienen una solidez financiera”, manifestó el director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur.
Para hacerse a una idea del efecto en el sistema en general, si se aplica la propuesta regulatoria, de las 21 empresas agremiadas en Asocodis, siete tendrían disminuciones de ingresos superiores al 30 por ciento, lo que haría inviable el desarrollo de su labor de comercialización.
De acuerdo con Asocodis, las empresas comercializadoras están en una situación financiera grave porque no han podido recuperar cerca de 6 billones de pesos, que se dividen de la siguiente manera:
- 2,1 billón de pesos de subsidios de energía eléctrica
- 2,6 billones de pesos de saldos de la opción tarifaria
- 1,3 billones de deudas de usuarios oficiales
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Cada mes, la deuda de subsidios se incrementa cerca de 300.000 millones de pesos, y como el Gobierno Nacional no tiene recursos para pagarla, en diciembre los saldos por recuperar pueden llegar a los 7 billones de pesos.
El gremio asegura que, con ese impacto de la propuesta de la Creg, se puede materializar la inviabilidad de muchos prestadores del servicio de energía eléctrica y, por ende, se terminaría afectando la prestación del servicio para muchos colombianos.
“Una reducción en el componente de comercialización pondría a las empresas prestadoras del servicio en una difícil encrucijada: honrar compromisos e inversiones o continuar financiando subsidios”, agregó.
Asocodis también señaló que la propuesta de la Creg tiene dificultades jurídicas, porque no se ajusta a las disposiciones legales al pretender, mediante circular, evadir el procedimiento de expedición de actos tarifarios de carácter particular.
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La Creg debería conceder a las empresas la actuación administrativa y los recursos de la vía gubernativa, para aprobar los costos y gastos que debe utilizar cada empresa para calcular las componentes de la estructura de tarifas de la comercialización.
No obstante, con esta circular se estaría fijando indirectamente el cargo de comercialización, pero evadiendo las garantías que brinda a los interesados la actuación administrativa y los recursos que se pueden interponer contra el acto mediante la vía gubernativa.
“Sin duda alguna se vulnera el debido proceso y se atenta contra las garantías de las empresas. Este tema ha sido estudiado y enviado a la Creg a través de un concepto de un asesor jurídico con amplia experiencia en estos temas regulatorios”, comentó José Camilo Manzur.
