Fecode revela las ciudades clave para las marchas del 31 de marzo en apoyo a las reformas del gobierno Petro.

El sistema de salud de los profesores en Colombia se encuentra en una crisis caracterizada por las quejas de los maestros, quienes mencionan inconvenientes en la atención médica, retrasos en las citas y falta de medicamentos. Esta problemática, junto a otros desafíos laborales y educativos, ha llevado a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a convocar un paro nacional para el lunes 31 de marzo de 2025. Según la organización, el propósito de esta jornada es visibilizar las demandas del sector y presionar al Gobierno nacional y a las autoridades locales para que atiendan sus solicitudes.

De acuerdo con lo señalado por Fecode, el paro no solo busca movilizar a los educadores, sino también integrar a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general. La Federación enfatiza que esta acción reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los docentes y con asegurar una educación pública de calidad para todos los colombianos. Sin embargo, la invitación a la movilización no está libre de tensiones internas, ya que existen discrepancias en la junta nacional de Fecode en relación con la convocatoria, con algunos sosteniendo que no es necesario bloquear las vías.

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Respecto a los puntos de encuentro, el periódico El Tiempo reporta que el paro nacional organizado por Fecode se llevará a cabo en las principales ciudades de Colombia, donde se anticipa que los maestros efectuaran marchas por las vías principales y se congreguen en plazas y parques públicos. Las actividades están previstas para ciudades como Bogotá, Medellín y otras más. Según lo detallado por la Federación, estas movilizaciones tienen la finalidad de amplificar las demandas del sector y promover un diálogo con las autoridades que permita hallar soluciones a los problemas planteados.

A través de sus redes sociales, Fecode ha llamado a toda la comunidad educativa, incluyendo a estudiantes y padres de familia, a sumarse a las movilizaciones y apoyar las reclamaciones de los maestros. La organización considera esencial la participación del público para ejercer presión sobre el Gobierno y lograr avances significativos en la defensa de la educación pública y los derechos laborales de los educadores.

El pliego de peticiones entregado por Fecode incluye varios asuntos que, según la organización, son fundamentales para abordar las dificultades que afectan al ámbito educativo. Entre las principales exigencias se destaca una mayor inversión en la educación pública.

Asimismo, los educadores argumentan que el presupuesto actual es insuficiente para mejorar la infraestructura escolar, garantizar que exista material educativo adecuado y fortalecer la formación de los docentes. Según Fecode, la educación debería ser una prioridad del Estado y no un gasto secundario.

Otro aspecto crucial es la estabilidad laboral de los educadores. El sindicato advierte que muchos maestros enfrentan condiciones laborales inadecuadas debido
a convenios inusuales y a la falta de procedimientos de nombramiento que reconozcan su trayectoria y formación. En este contexto, demandan la instauración de mecanismos que aseguren condiciones dignas para el ejercicio de la profesión docente.

Sin duda alguna, la crisis del sistema de salud de los educadores también se erige como uno de los aspectos centrales de las reclamaciones. Según Fecode, los maestros han enfrentado serias complicaciones para acceder a servicios médicos de calidad y en tiempos apropiados.

Entre las quejas se destacan los retrasos en la asignación de citas, la falta de medicamentos y casos supuestamente corruptos en la administración de la Fiduprevisora, entidad encargada de gestionar los recursos del sistema de salud del magisterio. Ante tal panorama, los docentes demandan una reestructuración urgente del sistema para garantizar una atención adecuada.

Finalmente, Fecode también manifestó su desacuerdo con las políticas que, a su juicio, buscan desfinanciar la educación pública para favorecer modelos privatizadores, razón por la cual procuran defender la autonomía escolar y garantizar que el acceso a una educación de calidad sea un derecho fundamental respaldado por el Estado.