Carlos Ramón González, quien dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y antes la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, se encuentra prófugo en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024. Este 28 de septiembre, la fiscal general Luz Adriana Camargo reconoció ante Noticias Caracol que hubo fallas procesales que le facilitaron salir del país antes de ser imputado.
Lo que reconoció la Fiscalía
En entrevista con Noticias Caracol, la fiscal Camargo fue directa sobre lo ocurrido: “Tuvimos unas dificultades en cuanto a la expedición de órdenes de captura y eso colaboró con que él saliera del país. La verdad, a mí me sorprendió un poco porque él salió antes, quiero decirlo.”
La funcionaria también reveló que confiaba en que González, como exfuncionario del Gobierno, enfrentaría el proceso sin evadir la justicia: “Yo siempre pensé que la conducta procesal de una persona de gobierno iba a ser hacerle frente a la imputación. Yo honradamente no pensé que se diera el tema de la evasión como efectivamente se dio.”
González salió de Colombia el 5 de noviembre de 2024 con destino a Nicaragua. El Tribunal Superior de Bogotá dictó la orden de captura intramural en su contra en julio de 2025, cuando el exfuncionario llevaba ya meses en territorio nicaragüense. Antes de que esa orden se formalizara, González habría intentado regularizar su situación migratoria en Managua.
De qué se acusa a Carlos Ramón González en el caso UNGRD
La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia investigan a González por la presunta coordinación del pago de millonarios sobornos a congresistas mediante la desviación de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo. Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla —exdirectivos de la UNGRD que han colaborado con la justicia—, González habría dado el aval para el pago de sobornos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Sneyder Pinilla fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, luego de firmar un preacuerdo de colaboración con la Fiscalía. El Consejo de Estado le decretó a Iván Name la pérdida de investidura el viernes 25 de septiembre, en un fallo de primera instancia que puede ser apelado ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y que todavía no está en firme. Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y los exministros de Hacienda e Interior también enfrentan procesos.
González se desempeñó en el gobierno de Petro como director del Dapre; antes fue director de la DNI. Es además cofundador del partido Alianza Verde. Su caso es uno de los más delicados del escándalo de la UNGRD porque, según los testimonios presentados, habría sido el coordinador central de los sobornos que compraron el respaldo congresional a iniciativas del gobierno Petro.
Nicaragua le otorgó asilo político: sin extradición por ahora
Cuando la justicia colombiana formalizó la orden de captura, el régimen nicaragüense de Daniel Ortega rechazó la solicitud de extradición y le concedió asilo político a González, bloqueando por ahora cualquier vía de regreso forzoso. Managua no ha dado señales de reconsiderar esa decisión.
El proceso judicial en Colombia avanza en ausencia del investigado. El Tribunal Superior de Bogotá ya ordenó asignarle un defensor público, lo que permite que la causa siga su curso, y el 10 de septiembre de 2026 ratificó por un año más tanto la orden de captura como la medida de aseguramiento en centro carcelario. González participó de forma virtual en esa audiencia desde Managua y rechazó los cargos: “Estoy frente a un acto de incriminación política”, sostuvo. Nada de lo que se le imputa ha sido declarado probado por un juez. Mientras González permanezca en Nicaragua como asilado político, sin embargo, la justicia colombiana no puede ejecutar la captura.
La admisión de la fiscal Camargo sobre las fallas procesales es significativa porque González es uno de los personajes más relevantes del entramado judicial: los testimonios que obran en su contra lo ubican en el eslabón entre la presidencia de Petro y los contratos irregulares de la UNGRD.
Fuente: El Colombiano (28 de septiembre de 2026).
