Corte Suprema abre investigación a fiscal que solicitó cerrar el caso contra Álvaro Uribe: descubre los motivos detrás de la decisión.

Gabriel Ramón Jaimes Durán, quien se desempeñó como coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y había solicitado la preclusión del caso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por delitos de fraude procesal, inducción a testigos y soborno en procedimiento judicial, ha pasado de ser investigador a investigado por el alto tribunal.

La Corte Suprema, a causa de las irregularidades en sus actividades como procurador segundo delegado para la Casación Penal en 2010, remitió copias a la Fiscalía General de la Nación.

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Conforme a la indagación, Jaimes Durán certificó que la señora Guiomar Patricia Riveros Gaitán no presentaba inhabilidades para contratar con el Estado, a pesar de tener una condena de cinco años de prisión por abuso de confianza, la cual se volvió firme desde el 2 de marzo de 2009, según confirmó la revista Cambio.

A pesar de la afirmación del procurador delegado, Riveros Gaitán firmó un contrato de servicios con el Hospital Militar Central en 2010, el cual fue finalizado unilateralmente años después por solicitud del ente de control.

Siete años más tarde, los medios informaron que la Fiscalía General le imputó a Riveros Gaitán la infracción del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, lo que condujo al Juzgado 56 Penal del Circuito con funciones de conocimiento a condenarla a 64 meses de prisión en primera instancia, además de imponerle una sanción de 66 salarios mínimos mensuales y una inhabilidad de 80 meses para ejercer funciones públicas, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en agosto de 2021.

Según la periodista colombiana Cecilia Orozco, al asumir su cargo como coordinador de fiscales ante la Corte Suprema en la Fiscalía General de la Nación durante la gestión de Francisco Barbosa, la investigación en su contra fue archivada.

Sin embargo, el pasado 26 de febrero de 2025, la Sala Penal de la Corte inadmitió la solicitud de Guiomar Patricia Riveros Gaitán para anular su condena. En su auto, el alto tribunal determinó que la conducta de Jaimes fue irregular al certificarla en el Hospital Militar Central.

“Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo evidenciado en estas diligencias, quien actuaba como Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, Gabriel Ramón Jaimes Durán, emitió un documento con afirmaciones engañosas, invocando su calidad de servidor público de la Procuraduría para certificar la ausencia de antecedentes disciplinarios o penales que impidieran contratar a Guiomar Patricia Riveros Gaitán, se ordenará remitir copias de dicho documento, así como de las sentencias de primera y segunda instancia y de este auto, para los efectos pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación”, se menciona en el fallo de la Corte Suprema.

Gabriel Ramón Jaimes Durán, licenciado en Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, cuenta con especialización en Derecho Penal y un máster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda, acumulando más de 30 años de trayectoria en el sistema judicial.

Entre sus funciones se destaca su trabajo en la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga en 1994, así como su colaboración en la Unidad Nacional Anticorrupción y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, donde ejerció como director. Es reconocido por su cercanía al exprocurador general Alejandro Ordóñez, colaborando como magistrado auxiliar en el Consejo de Estado (2005 – 2008) y en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría (2010).

Después de su desempeño en el ente de control, volvió a la Fiscalía, en la cual asumió el rol de coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia.

En 2020, actuó como fiscal delegado en el caso del expresidente Álvaro Uribe, donde solicitó la preclusión de la causa por fraude procesal, soborno en actuación legal y soborno a testigos, fundamentando su petición en la atipicidad y la falta de involucramiento del investigado, argumentando que no se constituía un ilícito y que el exsenador no era culpable directo.

Sin embargo, en 2022, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, desestimó esta solicitud al considerar que existía una hipótesis válida de un posible delito, lo que propició que el caso siguiera adelante y el mandatario enfrentara un juicio oral.

Frente a esta decisión, Gabriel Jaimes se apartó del caso, señalando que no podría llevar a cabo más pruebas debido al vencimiento de plazos conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, dejando en manos del fiscal la decisión de重新分配 el proceso o cesar la investigación.

De este modo, la Fiscalía transfirió el caso al fiscal Javier Cárdenas, quien también solicitó la preclusión del asunto contra el mandatario, solicitud que fue igualmente rechazada por la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, en 2023.