[ad_1]
Una inminente advertencia judicial sacudirá los cimientos del sector inmobiliario de Cartagena.
La Fiscalía 20 Seccional, a través de un aviso de notificación fijado el pasado 1 de diciembre frente a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagenareveló que la Aeronáutica Civil (Aerocivil) ha solicitado la restitución de la propiedad de al menos 80 predios en el norte de la Ciudad Heroicaalegando que sería Bienes de Uso Público de la Naciónlegalmente vinculados al aeropuerto.
La solicitud de la Aerocivil se da dentro del proceso penal 27.749 por el delito de presunto fraude procesal, el cual tendría en riesgo la inversión de cientos de familias en megaproyectos inmobiliarios para estratos 4, 5 y 6 que, al parecer, se levantan sobre estos terrenos públicos en el norte de la ciudad.
LEA TAMBIÉN
El núcleo del conflicto reside en la naturaleza legal de los predios. La legislación colombiana es categórica respecto a los bienes de uso público de la Nación, estableciendo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Eduardo del Río, abogado de la Aeronáutica Civil.
Un riesgo que superaría el descalabro de Aquarela
obras en Cielo Mar Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La gravedad de la situación, según fuentes de la fiscalía, sería considerablemente mayor al conocido descalabro urbanístico que generó el edificio Aquarela.
En esta ocasión, la afectación no se concentra en una sola estructura, sino en varios desarrollos de gran envergadura.
El aviso de la Fiscalía transcribe las matrículas inmobiliarias que incluyen terrenos donde se desarrollan proyectos promovidos por prestantes y reconocidas firmas constructoras.
Se trata de más de 1.700 apartamentos, en solo dos proyectos, cuya venta hoy es masiva, a precios que rondan los $350 a $450 millones por unidad, lo que, según el ente investigador, configuraría un potencial riesgo económico y social de proporciones catastróficas para inversionistas en la capital de Bolívar.
LEA TAMBIÉN
Bienes Inalienables
Predios del Aeropuerto de Cartagena en venta Foto:John Montaño/EL TIEMPO
“El núcleo del conflicto reside en la naturaleza legal de los predios. La legislación colombiana es categórica respecto a los bienes de uso público de la Nación, estableciendo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, señala el doctor Eduardo del Río, abogado de la Aeronáutica Civil.
Según los juristas, una vez que la justicia determina que los predios deben ser recuperados y restituidos a la Nación (Aerocivil), “no es jurídicamente admisible la intervención de supuestos terceros de buena fe dentro del proceso penal. Ni siquiera los compradores de apartamentos que aleguen desconocimiento de la situación jurídica podrán impedir la restitución del bien público”, señala.
Con el aviso de notificación fijado en plena Vía al Mar, la Fiscalía ha dejado claro que, de presentar afectaciones patrimoniales, las víctimas (compradores colombianos y extranjeros) deberán iniciar acciones penales o civiles individuales contra los constructores y promotores, en fiscalías distintas, sin que esto frene la obligación del Estado de recuperar el bien público presuntamente obtenido mediante fraude procesal.
LEA TAMBIÉN
La amenaza al orden público económico
Vía al Mar Cartagena Barranquilla Foto:John Montaño/EL TIEMPO
Los Los predios en disputa están ubicados frente a la vía al mar, en la salida de Cartagena hacia Barranquilla.el corredor de mayor exclusividad de la ciudad y zona de mayor proyección urbanística de la nacióndonde se levantan proyectos para viviendas de estratos 4,5 y 6, así como importantes cadenas hoteleras.
La situación actual implicaría una clara advertencia: continuar con la la comercialización de estas más de 1.700 unidades exponen a cientos de familias a pérdidas patrimoniales irreparables.
“Este escándalo, que implica a 80 matrículas inmobiliarias ya dos de las principales constructoras en el ámbito nacional, compromete seriamente la credibilidad del sector inmobiliario y el orden público económico de Cartagena, poniendo en tela de juicio la seguridad jurídica de las licencias de construcción otorgadas sobre predios presuntamente ilegales”, señala el abogado Del Río.
LEA TAMBIÉN
Según este abogado, ya hay denuncias de compradores en la exclusiva zona norte de Cartagena por estafa. Una de ellas es de la ciudadana Laura Arias, compradora que instauró una denuncia por estafa y una demanda civil para resolver la promesa de compraventaargumentando que la incertidumbre jurídica sobre el predio hace imposible que la obra avance hacia una escrituración legítima.
“…es apenas una muestra del riesgo patrimonial en el que millas de compradores podrían estar cayendo sin saberlo”, señala elabogado.
La primera autoridad judicial en llamar la atención sobre este caso fue el Tribunal Superior de Cartagena que tuteló los derechos fundamentales de la nación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y ordenó a la Fiscalía 20 Seccional Cartagena emitir una decisión de fondo para que se restablezcan los derechos frente a estas propiedades que suman más de 15 hectáreas, presuntamente, de la nación, y se resuelva el proceso que lleva más de 15 años.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Juan Montaño
Corresponsal de EL TIEMPO
cartagena
@PilotodeCometas
[ad_2]
