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La Fiscalía General de la Nación imputó a la magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico Judith Inmaculada Romero Ibarra, al exmagistrado Luis Carlos Martelo Maldonado y al exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez por su presunta participación en actuaciones irregulares que, según el ente acusador, facilitaron la venta de dos predios altamente valorados ubicados en el corredor vial Barranquilla–Puerto Colombia.
Los hechos investigados se remontan a los años 2009 y 2010, cuando se habrían avalado decisiones que desconocían medidas cautelares de extinción de dominio vigentes sobre los terrenos conocidos como Cuba y Casablanca.
Fiscalía General de la Nación. Foto:Fiscalía General de la Nación
De acuerdo con la Fiscalíalos tres funcionarios permitieron una comercialización directa de los predios pese a que existían órdenes judiciales que restringían cualquier operación sobre ellos. La transacción, según la hipótesis de la investigación, no solo se realizó sin el cumplimiento de las normas aplicables, sino que se concretó por valores que distaban ampliamente del verdadero precio de mercado.
Los predios, cuyo valor superaba los 36.000 millones de pesos, fueron negociados por aproximadamente 3.500 millones. Esta diferencia sustancial es uno de los ejes centrales del caso, pues para la Fiscalía constituye un posible perjuicio patrimonial que habría favorecido a particulares.
Tenían conocimiento de las limitaciones para vender el predio.
En un comunicado oficial, el ente acusador explicó que las pruebas muestran que tanto la magistrada como el exmagistrado y el exprocurador conocían las limitaciones jurídicas que recaían sobre los bienes, pero aun así dieron autorización para avanzar con la operación.
“Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de que el entonces procurador, la magistrada y el exmagistrado tendrían conocimiento de las limitaciones que recaían sobre los bienes, pero aún así facilitaron la venta”, indicó la institución.
En el corredor que conecta a Puerto Colombia con Barranquilla hay muchos de gran valor. Foto:Cortesia Carlos Maury
La investigación distingue dos situaciones específicas: en el caso del predio Casablanca, sostiene que se habría consolidado un perjuicio patrimonial cercano a los 20.000 millones de pesos, mientras que en eEl predio Cuba se configuró una tentativa de apropiación debido a que el daño económico no se consumó de manera plena. El ente acusador señala que ambos episodios comparten un patrón común: decisiones que, pese a advertencias y restricciones legales, avalaron un negocio que nunca debió realizarse.
La imputación por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación se sustenta, según la Fiscalía, en la presunta participación directa de los implicados en actos que contrariaron la ley, dando apariencia de legalidad a un acuerdo que no cumple las condiciones jurídicas mínimas. Al tratarse de funcionarios judiciales y de un representante del Ministerio Público, la investigación reviste un interés especial para el sistema de justicia, pues exponen una posible actuación indebida desde posiciones de autoridad.
Aunque la audiencia de imputación no implica todavía una declaración de responsabilidad, sí marca el inicio formal del proceso penal en su contra. La Fiscalía anunció que comenzar con la práctica de pruebas y que presentará nuevos elementos que, según afirma, respaldan la hipótesis de que los funcionarios actuaron en contravía de los intereses del Estado y de los principios que rigen la administración pública.
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