Florida determina que la exjunta fiscal de Disney actúo sin cometer delitos penales

Miami, 27 dic (EFE) -. La administración de Florida ha decidido que ninguno de los miembros de la anterior directiva del distrito fiscal de Walt Disney World ha cometido delitos penales, poniendo fin a un desacuerdo que surgió tras la oposición de la empresa a una legislación respaldada por el gobernador republicano Ron DeSantis, en relación con la comunidad LGBTQ+.

La inspectora general del estado, Melinda Miguel, notificó a DeSantis en junio pasado que el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida concluyó el caso contra el Distrito de Mejoras de Reedy Creek (RCID) “a causa de la ausencia de un historial delictivo”, según documentos que fueron divulgados esta semana por News 6, de Orlando.

El RCID no violó ninguna normativa penal antes de que DeSantis designara a una nueva directiva para supervisar el distrito fiscal especial de Walt Disney World, tal como se menciona en los reportes.

De acuerdo con el medio, la oficina del Inspector General finalizó “silenciosamente” su evaluación sin hacer sugerencias, como se señala en un memorando que fue obtenido por News 6 a través de una solicitud de registros públicos.

Los exdirectivos del RCID fueron liberados de cualquier responsabilidad penal tras la solicitud de DeSantis para llevar a cabo una investigación el año anterior.

Los archivos estatales indican que existía una “difuminación de las fronteras” entre The Walt Disney Co. y su jurisdicción gubernamental, pero al final el Inspector General optó por no tomar medidas adicionales.

DeSantis y Disney entraron en un conflicto como parte de una guerra cultural después de que Bob Chapek, en ese momento CEO de Disney, se opusiera a la legislación estatal vinculada a temas LGBTQ+.

El gobernador respondió con críticas hacia Disney y promovió cambios legales para remover a la empresa de su directiva, permitiéndole designar nuevos integrantes.

Antes de que los nombrados por DeSantis tomaran el mando de la directiva de Disney, los miembros salientes habían aprobado contratos de desarrollo a largo plazo con la empresa que limitaban su autoridad.

En reacción, DeSantis pidió una indagación estatal para determinar si se habían violado leyes civiles o penales. EFE