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La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se pronunció frente a los hechos registrados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Riojadonde varios integrantes de la comunidad indígena albergada en este espacio se unieron a Gestores de Convivencia y uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.
La entidad rechazará de manera categórica cualquier tipo de agresión contra estos funcionarios, quienes trabajan a diario para garantizar la convivencia y promover la resolución pacífica de los conflictos en distintos eventos de la ciudad. Dos de los tres gestores agredidos fueron trasladados a un centro asistencialdonde recibió atención médica y se les otorgó una incapacidad de tres días por los traumatismos sufridos.
El conflicto se originó durante un registro rutinario realizado en la UPI La Rioja, cuando una ciudadana intentó ingresar una caja con licor oculta en una costa, haciéndola pasar por alimentos. Al ser requerido, la mujer y otro miembro de la comunidad reaccionaron de manera violenta, agrediendo tanto a los Gestores de Convivencia como a los uniformados de la Policía.
La Secretaría recordó que está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y otros elementos peligrosos, como armas blancas y pipetas, debido a antecedentes graves de convivencia que incluso han derivado en muertes dentro de la UPI.
La Policia Metropolitana de Bogota acudió de inmediato al lugar, lo que provocó enfrentamientos con varios integrantes de la comunidad que buscaban permitir el ingreso del licor. Dos personas fueron trasladadas, y desde el programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) se adelantan los trámites correspondientes para formalizar las denuncias ante la F.iscalía General de la Nación.
La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia afirmó que continuará su labor de acompañamiento en las áreas exteriores de la UPI La Rioja, en coordinación con las secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud, Educación, la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, la Alcaldía Local de los Mártires, el IDIGER, el Ministerio Público y la Policía Metropolitana, con el objetivo de identificar riesgos y amenazas contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, la entidad solicitó a la Fiscalía la judicialización efectiva de cualquier individuo que agreda o cause daño a Gestores de Convivencia, funcionarios distritales o policiales, y que limite los derechos de los menores que habitan en la UPI La Rioja.
CAROL MALAVER
SUBEDITOR BOGOTÁ
Escríbanos a carmal@eltiempo.com
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