Funcionarios secuestrados en Arauca: jornada nacional de solidaridad exige su liberación

Los funcionarios secuestrados en Arauca permanecen cautivos hace casi un año, generando una crisis humanitaria que ha movilizado a instituciones judiciales en todo el país. Asonal Judicial, el sindicato de funcionarios judiciales, convocó la jornada nacional de solidaridad el 18 de marzo para presionar por su liberación inmediata. Los dos fiscales, Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, fueron capturados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

¿Cuánto tiempo llevan los funcionarios secuestrados en Arauca?

Los funcionarios secuestrados en Arauca han estado en cautiverio durante aproximadamente 10 meses, desde mayo de 2025 hasta marzo de 2026. Durante este período, sus familias y colegas han denunciado la falta de avances en negociaciones para su liberación. La prolongación del secuestro ha generado preocupación en sectores judiciales y de derechos humanos sobre su integridad.

La jornada de solidaridad se movió principalmente a través de redes sociales, permitiendo que ciudadanos de diferentes regiones se unieran a la causa. Según reportes, la convocatoria incluyó manifestaciones en principales ciudades del país, demostraciones de apoyo en instituciones judiciales y pronunciamientos públicos de funcionarios. Esta estrategia de visibilización busca mantener la presión sobre autoridades para avanzar en negociaciones.

Acciones judiciales para exigir la liberación

Las autoridades competentes han mantenido contactos con intermediarios y grupos armados para lograr la liberación de los funcionarios. Asonal Judicial ha presentado peticiones ante organismos internacionales de derechos humanos, según Amnesty International, buscando visibilidad global del caso. El sindicato ha exigido que se priorice la seguridad de los fiscales y se garantice su regreso con vida.

Los funcionarios secuestrados en Arauca representan un desafío para la política de seguridad nacional, especialmente en zonas donde grupos ilegales ejercen control territorial. La situación refleja los riesgos que enfrentan servidores públicos en departamentos fronterizos con presencia de estructuras criminales. La comunidad internacional ha expresado preocupación por el caso y ha instado al Estado colombiano a intensificar esfuerzos diplomáticos.

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