Gobernador de Antioquia radica demanda contra suspensión de capturas a cabecillas

La demanda gobernador Antioquia fue radicada oficialmente este lunes, 6 de abril de 2026, por Andrés Julián Rendón, mandatario departamental, ante el Consejo de Estado. La acción legal se dirige contra los efectos de la Resolución 00027 emitida por la Fiscalía General de la Nación el 27 de marzo de 2026, que suspendió las órdenes de captura a 23 líderes de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Esta resolución, una medida adoptada en el marco de los diálogos de paz urbana entre el Gobierno Nacional y estos grupos, permite a los cabecillas desplazarse a ciertas zonas del Valle de Aburrá y Bogotá.

¿Qué busca la demanda gobernador Antioquia en el Consejo de Estado?

La demanda gobernador Antioquia busca la suspensión rápida de los efectos de la Resolución 00027. Rendón argumenta que la medida es “equivocada” y concede una “patente de movilidad” a criminales peligrosos, especialmente en áreas que concentran el 70 por ciento del potencial electoral de Antioquia, como el Valle de Aburrá y Rionegro. El gobernador ha expresado su preocupación por la posibilidad de que estos cabecillas acudan a los barrios para articular acciones de paz, lo que considera una afrenta contra las víctimas y las fuerzas públicas. La demanda fue asignada al magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro.

La Fiscalía General de la Nación explicó que la suspensión de las órdenes de captura no implica la liberación de los individuos, sino que les permite fungir como voceros en la mesa de paz urbana de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Estos diálogos con el Ejecutivo se adelantan desde hace más de tres años para desescalar la violencia en las comunas del Valle de Aburrá. Sin embargo, la decisión generó una fuerte controversia en diversos sectores políticos y sociales.

Argumentos clave de la demanda

Entre los argumentos clave presentados por el gobernador Andrés Julián Rendón en su acción de nulidad se destacan:

Afrenta: La medida atenta contra la dignidad de las víctimas y el esfuerzo de las fuerzas públicas.
Propósitos electorales: Se otorgan gabelas de movilidad en zonas estratégicas por su densidad poblacional y potencial electoral.
Preocupación por seguridad: El temor de que los cabecillas aprovechen esta libertad de movimiento para fines distintos a los diálogos de paz.

Esta situación se inscribe en un debate más amplio sobre la “paz total” del gobierno, y ha sido ampliamente cubierta por los medios nacionales, según El Tiempo. La decisión de la Fiscalía ha polarizado opiniones, con defensores que la ven como un paso necesario para el diálogo y críticos que la consideran un riesgo para la seguridad y la justicia.

La radicación de esta demanda marca un nuevo capítulo en la polémica por las estrategias de paz urbana y sus implicaciones legales y sociales en Colombia. Para más detalles sobre este y otros temas relacionados, consulte más noticias de Colombia.