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El Ministerio de Educación Nacional designó un Rafael Ángel Castillo Pacheco como rector y representante legal de la Universidad del Atlántico, mediante la Resolución 024488 del 17 de diciembre de 2025, decisión tomada en el marco de la vigilancia especial que rige sobre la institución y con el propósito de implementar medidas inmediatas para recuperar la gobernabilidad y la normalidad académica.
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Según el comunicado oficial, la designación busca “implementar las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional y superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a su imposición”, en cumplimiento de la Ley 1740 de 2014 y de la vigilancia especial decretada por la Resolución 022126 del 14 de noviembre de 2025. La cartera verificó el cumplimiento de requisitos y calidades del designado conforme al Estatuto General de la Universidadconcluyendo que Castillo Pacheco cumple con las condiciones exigidas para ejercer el cargo.
Aspecto de la sede norte de la Universidad del Atlántico. Foto:Prensa Universidad del Atlántico
El Ministerio precisó que la medida pretende restablecer la normalidad institucional, asegurar la continuidad del servicio educativo y proteger los derechos de la comunidad universitaria, en una coyuntura marcado por protestas, toma de campus y litigios que comprometieron el calendario y la operación administrativa. La resolución también habilita a la entidad para adoptar medidas adicionales o dar por terminada la designación. según la evolución de la situación.
En el plano operativo, la designación se entiende como una respuesta de emergencia para retomar procesos críticos —contratación, ejecución presupuestal, actos académicos y trámites de estudiantes— que permanecían en un limbo tras la disputa por la rectoría. La decisión se divulgó la mañana del jueves 18 de diciembre, en Barranquilla, en sintonía con el anuncio del Ministerio sobre la intervención y seguimiento reforzado a la institución.
La decisión del Ministerio se produce tras una aclaración procesal divulgada ayer 17 de diciembre, donde la cartera dejó sin efecto una notificación electrónica mediante la cual buscó reemplazar entonces rector Leyton Barriosadmitiendo que no contaba con autorización para la notificación por medios electrónicos y citándolo a notificación personal. Ese episodio mantuvo a Barrios en funciones por horas, mientras avanzaba su tutela y la discusión sobre la ejecutoria de la suspensión; un día después, el Ministerio designó a Castillo Pacheco.
En paralelo, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla aceptó tramitar la tutela presentada por la defensa de Barrios, pero negó la medida provisional que pretendía suspender el acto administrativo del Ministerio, fijando término para decisión de fondo a inicios de 2026; la rectoría quedó entonces sujeta a las decisiones de inspección y vigilancia de la cartera educativa.
Eduardo Verano respaldó la designación afirmando que la universidad “no podía seguir paralizada”. Foto:Cortesía Gobernación del Atlántico
El gobernador del Atlántico, Eduardo Veranopresidente del Consejo Superior Universitario, respaldó la designación de Rafael Ángel Castillo Pacheco como nuevo rector, destacando que la medida del Ministerio de Educación “es necesaria para recuperar la gobernabilidad y garantizar la continuidad académica”. Verano reiteró que la universidad “no podía seguir paralizada” y valoró la decisión como un paso clave para superar la crisis institucional y restablecer la confianza en la comunidad universitaria.
Cronología de la crisis
27–30 de octubre de 2025: El Consejo Superior Universitario (CSU) designó a Leyton Barrios como rector en medio de denuncias de irregularidades y rechazo estudiantil. Ocho de diez facultades declaran paro, se presentan bloqueos y toma de instalaciones, y el Gobierno y entes de control llaman a la calma y al diálogo.
31 de octubre–principios de noviembre: Se mantiene el paro y la protesta; se reportan enfrentamientos, suspensión de clases y escalada del conflicto. La comunidad universitaria denuncia falta de transparencia en la designación y presunta presión política; el presupuesto y la gobernabilidad de la alma máter avivan el debate público.
14 de noviembre: El Ministerio expide la Resolución 022126, imponiendo medidas preventivas y vigilancia especial sobre la Universidad del Atlántico: se ordena entregar soportes, se designa inspector in situ y se advierten irregularidades en el proceso rectoral. La intervención se sustenta en la Ley 1740 y disposiciones de inspección y vigilancia.
11-17 de diciembre: La cartera emite la Resolución 023896 para suspender temporalmente al rector Leyton Barrios; posteriormente deja sin efecto la notificación electrónica y lo cita a notificación personal, mientras el juez niega medida cautelar de su tutela. En medio del limbo, esta casa editorial y otros integrantes de la prensa documentan el riesgo para los grados del 19 de diciembre y la incertidumbre de cientos de estudiantes.
18 de diciembre: El Ministerio designa a Rafael Ángel Castillo Pacheco como rector y representante legal mediante la Resolución 024488, verificando requisitos estatutarios y dejando abierta la posibilidad de ajustar o terminar la designación según la evolución institucional. La medida busca recuperar la normalidad y asegurar la continuidad del servicio educativo.
Castillo Pacheco es economista y docente de la Universidad del Atlántico. Foto:redes sociales
Con Castillo Pacheco al frente, el reto inmediato es estabilizar la gobernanzanormalizar la gestión administrativa y académica y garantizar los derechos de estudiantes, docentes y trabajadores, mientras persiste la vigilancia especial y el seguimiento del Ministerio. La designación, de carácter temporal y evaluablemarca un punto de inflexión que permite proyectar un cierre de año con mínimos de normalidad, reactivar actos académicos y abrir una etapa de corrección institucional que deberá ser demostrada en los próximos meses.
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Si el plan de medidas logra superar los hallazgos y tomar el timón, el caso —controvertido desde su origen— podría convertirse en un importante precedente de reconducción institucional en el caribe colombiano.
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