El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el próximo 11 de agosto el Gobierno Nacional radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley a través del cual se busca una reducción estructural de las tarifas de energía.
“El nuevo marco legal que presentaremos buscará, entre otras cosas, optimizar la estructura de costos, incentivar el uso eficiente de la energía y hacer más transparente la formación de tarifas”, explicó el ministro.
También aseguró que este proyecto de ley representa una oportunidad para modernizar el sistema, armonizar la legislación vigente de las Leyes 142 y 143 de 1994, y dirigir los recursos públicos y del sistema eléctrico hacia una distribución más eficiente y justa para todos los usuarios del país.
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Según detalla el texto de un borrador que se conoció hace unas semanas, los usuarios de estratos 4, 5, 6 y no residenciales regulados (pequeños comercios) asumirán la millonaria deuda de la opción tarifaria que tienen los hogares de estratos 1, 2 y 3.
Otro artículo de este borrador dice que se evaluará la continuidad del subsidio de energía eléctrica que actualmente se les entrega a los hogares de los estratos 1, 2 y 3.
Esta evaluación aplicará para los hogares que presenten consumos que superen el consumo de energía eléctrica mensual de los usuarios de estratos que actualmente no son subsidiados (4, 5 y 6).
Igualmente, se establece que, cuando el consumo promedio de un usuario subsidiado supere el doble del consumo de subsistencia, se deberá reasignar el estrato a uno sujeto de contribuciones.
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Un cambio adicional que incluía el borrador del proyecto de ley está relacionado con prohibir que en la factura de energía eléctrica se cobren tasas, impuestos o cualquier otra contribución diferente al valor de este servicio.
El Ministerio de Minas y Energía también propone modificar el número de expertos que integran la Creg y flexibilizar los requisitos que deben cumplir los expertos en asuntos energéticos para ser nombrados.
De acuerdo con el borrador del proyecto de ley, la Creg pasaría a tener cinco expertos en asuntos energéticos, a los cuales se sumarían tres expertos más para representar a la academia, los usuarios y los sindicatos.
