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En febrero el Ministerio de Hacienda les prometió a las empresas que antes de finalizar abril les pagaría 1 billón de pesos para saldar parte de la deuda que tiene el Gobierno Nacional por los subsidios de energía eléctrica que cada mes se les entregan a casi 40 millones de colombianos de estratos 1, 2 y 3.
Han pasado tres meses y el Ministerio de Hacienda no hizo todos los pagos que prometió. Ahora se está contemplando otra alternativa para saldar esta deuda, pero no sería suficiente.
El plan de pagos que prometió el Ministerio de Hacienda contemplaba el giro de 200.000 millones de pesos que se hizo en enero, además de 350.000 millones de pesos a finales de febrero.
Foto:iStock
También prometió que en marzo haría otro giro a las empresas por 250.000 millones de pesos y en abril habría un abono adicional de 200.000 millones de pesos. De esta manera se completaría el pago de 1 billón de pesos.
Sin embargo, según lo reportado por las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en el país, solo 412.300 millones de pesos fueron efectivamente girados entre el 1.° de enero y el 28 de febrero del 2025.
“Lamentablemente no se cumplieron los compromisos que se pactaron en febrero de aportar 1 billón de pesos entre enero y abril. Los recursos no llegaron a esos niveles”, aseguró el director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur.
Foto:Afinia
El taxímetro de la deuda de subsidios
Pese a que el Gobierno Nacional no les ha devuelto estos recursos, cada mes las empresas han seguido entregándoles estos subsidios a los usuarios, que cubren hasta un 60 por ciento del consumo de subsistencia.
Por eso, la deuda continúa aumentando unos 300.000 millones de pesos por cada mes que pasa, y al cierre de abril, el monto total adeudado por el Gobierno Nacional ya era de 3,1 billones de pesos, según cálculos de Asocodis.
“Los subsidios ya se les entregaron a los usuarios, no son para las empresas. Las empresas necesitan que el Gobierno nacional les devuelva esa plata. Estamos viendo un riesgo financiero que se puede convertir en un riesgo sistémico en toda la cadena del sector”, aseguró la presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez.
Pero esto no es lo único que le deben a estas empresas. Tampoco le han podido cobrar a los usuarios 3 billones de pesos por los saldos de la opción tarifaria, mientras que las entidades oficiales les deben 1,2 billones de pesos porque no han pagado por el servicio.
A esto se suman 300.000 millones de pesos por saldos que se dejaron de cobrar cuando hubo un alto precio de la energía en bolsa. Por lo tanto, la deuda total con las empresas suma 7,6 billones de pesos al finalizar abril.
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De esta billonaria deuda, el 54 por ciento (4,1 billones de pesos aproximadamente) es con el Grupo EPM, y de ese porcentaje, el 35 por ciento (1,4 billones de pesos) es solo de Afinia.
De acuerdo con el gerente general de EPM, John Maya, esta deuda hace que la situación financiera de Afinia sea “muy completa” actualmente, a tal punto que “nos tendríamos que sentar con los generadores con el fin de buscar alternativas que nos permitan seguir pagando” por la energía que se necesita para atender a sus usuarios.
“Si los generadores no pueden seguir suministrando energía por el no pago, se puede apagar la región Caribe. Esta situación puede causar un efecto dominó”, manifestó.
Pero Afinia no es la única empresa que la está pasando mal. De acuerdo con el director ejecutivo de Asocodis, muchas compañías ya tienen su capacidad financiera copada y han tenido que recurrir a acuerdos de pago con proveedores y generadores de energía.
De hecho, algunas empresas pequeñas se han visto en la necesidad de vender activos con el fin de conseguir la liquidez que necesitan para continuar financiando los subsidios de energía eléctrica.
Foto:Afinia
El plan B para pagar la deuda de subsidios
Ante la grave situación financiera que atraviesan las empresas, se instalaron unas mesas de trabajo entre el Gobierno Nacional y las empresas para analizar nuevas opciones que permitan saldar la deuda de subsidios.
La alternativa que se encontró, y en la que se está trabajando actualmente, es una cesión de derechos de las obligaciones que tiene el Gobierno Nacional con las empresas.
Esta opción consiste en la entrega unos certificados que las empresas podrán transar con instituciones financieras para recibir los recursos que les deben de los subsidios. Luego, el Gobierno Nacional tendrá que pagarles a las instituciones financieras estos recursos.
“Estamos explorando este mecanismo y esperando que las instituciones financieras nos digan cómo operan estos certificados para que las empresas puedan tener liquidez”, comentó el director ejecutivo de Asocodis.
Además, aseguró que las empresas pidieron algunos ajustes para que este mecanismo sea mucho más rápido y más flexible con el fin de poder transar estos certificados en el mercado financiero a la mayor brevedad posible.
Con estos certificados, la intención es que se logre, por lo menos, pagarles a las empresas cerca de 1,5 billones de pesos por los subsidios que se entregaron durante el 2024 y así comenzar a disminuir la deuda.
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“Valoramos la buena voluntad del Ministerio de Minas y Energía, pero esperamos que las conversaciones se materialicen muy pronto en mayores recursos. Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que prioricen dentro del gasto público los recursos para subsidios”, agregó José Camilo Manzur.
No obstante, las empresas tienen otra gran preocupación y es que no hay recursos suficientes en el Presupuesto General del 2025 para pagar los subsidios que se están entregando este año.
Los 3,4 billones de pesos que se incluyeron solo alcanzarían para pagar la deuda de 2024 y tres meses del 2025. “El Gobierno debe apropiar más recursos para pagar el resto de los subsidios de este año, de lo contrario, vamos a tener dificultades para continuar financiando los subsidios”, dijo el líder gremial.
Si las empresas no siguen financiando los subsidios, los usuarios tendrían que asumir un aumento significativo en sus facturas de energías eléctrica. Por ejemplo, las familias de estrato uno que viven en Chocó podrían enfrentar un incremento del 140 por ciento, mientras que en la región Caribe sería de 100 por ciento.
La situación financiera de las empresas se podría agravar aún más con el proyecto de decreto que expidió el Ministerio de Hacienda en el cual propone un pago anticipado de impuestos.
“Eso va a asfixiar un poco más la caja de las empresas y a empresas que, incluso, no dan utilidades”, alertó el director ejecutivo de Asocodis.
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