Gobierno reactiva audiencias públicas por cobro de valorización en la vía al mar, pese a orden judicial de suspensión: anuncian acciones legales

El Ministerio de Transporte, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Invías, reactivará a partir del 6 de noviembre las denominadas audiencias públicas de socialización del proyecto que contempla el cobro de valorizaciónna los propietarios de predios ubicados sobre el corredor vial que conecta a Cartagena con Barranquilla.

El proceso busca presentar los alcances y mecanismos del cobro a más de 147.000 predios situados en los municipios beneficiados por la vía al mar. Sin embargo, la decisión de continuar con las audiencias se da pese a que una medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico, emitida el pasado 1.º de junio, había ordenado suspender el trámite hasta cumplir con los requisitos de participación ciudadana establecidos por la ley.

el magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo, en su fallo, consideró que la socialización del proyecto no se había desarrollado de manera adecuada. En su orden, dispuso suspender temporalmente el cobro “con el fin de garantizar que la etapa de socialización se lleve a cabo en el contexto de una audiencia pública conforme al artículo 32 de la Ley 489 de 1998”.

Lo que exige el fallo y los reparos al proceso

el Tribunal otorgó al Ministerio de Transporte un plazo de tres meses para corregir las falencias y realizar las audiencias bajo los criterios de amplia convocatoria y publicidad, de modo que los ciudadanos puedan participar e informarse sobre los impactos del cobro.

Según el fallo, eEstas sesiones debían ser anunciadas con al menos dos meses de antelación. y contarse con divulgación en medios de comunicación masiva, más allá de las publicaciones en redes sociales o canales institucionales.

No obstante, diversos actores políticos y ciudadanos han cuestionado la falta de una difusión efectiva. El senador Carlos Meisel, quien interpuso la demanda que dio lugar a la medida cautelar, sostiene que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con las órdenes judiciales y que las actividades anunciadas carecen de validez legal.

Senador Meisel anuncia nuevas acciones legales

El congresista barranquillero señaló que insistirá en nuevas medidas para frenar el proceso, que considera irregular. “Nosotros estamos cumpliendo con la ley, el Gobierno no. Están organizando unas actividades sin ningún tipo de efecto jurídico y vamos a interponer nuevas acciones legales. porque están gastando recursos públicos para socializar una contribución que está suspendida por la justicia”, afirmó Meisel.

También advirtió que la insistencia en desarrollar estas jornadas puede representar un perjuicio patrimonial. “Es una forma de querer pasarse por alto la ley. Si hay una orden judicial, debe cumplirse. No se trata de oponerse al progreso, sino de respetar los procedimientos”, agregó.

La polémica crece entre los propietarios de terrenos a lo largo del corredor vial, quienes temen que el cobro se implemente sin que se hayan garantizado los espacios de participación ciudadana ni la claridad sobre los criterios de valorización.

El cronograma de las audiencias.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, las audiencias comenzarán el 6 de noviembre en Malambo y se extenderán durante todo el mes en diferentes municipios del Atlántico. La programación oficial es la siguiente:

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Según las autoridades, el propósito de estas jornadas es “garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre el proyecto de valorización”, así como escuchar observaciones de la ciudadanía antes de avanzar en la definición del modelo de cobro.

Antecedentes del cobro de valorización

El proyecto busca que los propietarios de predios cercanos a la vía Cartagena–Barranquilla aporten económicamente a través del mecanismo de contribución por valorización, bajo el argumento de que sus inmuebles se verán beneficiados por la mejora en infraestructura y conectividad.

Sin embargo, el esquema ha generado resistencia entre los propietarios y críticas desde el Congreso, donde se advierte que el proceso no ha sido transparente ni equitativo. Algunos sectores piden revisar los estudios técnicos que determinaron el número de predios y el valor que correspondería pagar a cada propietario.

Mientras tanto, La discusión sobre la legalidad y pertinencia del cobro continúa abierta. La decisión final dependerá del cumplimiento de las órdenes judiciales y del avance de las nuevas audiencias convocadas.

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