Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió que la medida encarecerá el costo de la energía en sectores estratégicos y afectará su competitividad.
El Ministerio de Hacienda reveló el proyecto de un decreto que restablece la sobretasa del 20% sobre el consumo de energía para la mayoría de los sectores industriales y comerciales, con el fin de financiar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. La medida se fundamenta en las leyes 142 de 1992 y 143 de 1994, que establecieron la contribución solidaria en el sector eléctrico.
En 2010, la Ley 1430 excluyó a los usuarios industriales de este cobro, y un decreto de 2013 precisó el listado de actividades beneficiadas, incluyendo minería, construcción y servicios públicos.
Ese beneficio, según el Ministerio, representa hoy una carga fiscal de casi 3 billones de pesos anuales. Con la nueva disposición, el Gobierno espera recaudar cerca de 1,4 billones adicionales al focalizar las exenciones solo en la industria manufacturera.
Según la cartera, el decreto entrará en vigencia transcurridos cuarenta y cinco días calendario contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial y deroga el Decreto 2860 de 2013.
El decreto ha generado críticas en gremios energéticos. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió que la medida encarecerá el costo de la energía en sectores estratégicos: agropecuario, minas y canteras y gas y saneamiento de agua potable. La medida excluye el sector manufacturero.
“Un productor agrícola que paga 10 millones de pesos al mes en energía podría pasar a pagar 12 millones. Eso resta competitividad”, señaló.
A su juicio, el Gobierno debería concentrarse en corregir las fallas del sistema de focalización de subsidios, que presenta hasta un 60% de errores en la asignación, en lugar de aumentar la carga tributaria al sector productivo.
La decisión abre un debate de fondo: ¿deben ser los sectores intensivos en energía quienes financien los subsidios sociales, aun a costa de su competitividad, o es necesario reformar de raíz el sistema de subsidios en servicios públicos?
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, a través de la red social X dijo que “el decreto que plantea un recargo del 20% en la tarifa de energía para la industria no solo afecta a las empresas: es contraproducente para todos los colombianos. Al encarecer la producción en agricultura, minería, construcción y servicios, se reduce competitividad, se frena la inversión, se pierden empleos y, finalmente, los mayores costos llegan al consumidor”
Agregó que “en lugar de aumentar cargas a la industria —que aporta el 60,5% del presupuesto nacional—, la solución está en mejorar la focalización de los subsidios, donde más del 60% de los beneficiarios actuales no cumplen con los criterios”.
