Gremios en Tensión: La Alarma por las Nuevas Intervenciones en el Sector Energético

Uno de los principales avances en Colombia en el ámbito energético, después del apagón de 1992, fue la promulgación de las leyes 142 y 143 de 1994. Estas legislaciones abrieron las puertas a un nuevo esquema de libre competencia permitiendo la participación de inversores privados de manera paralela con las compañías estatales.

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Gracias a este modelo se incrementó la capacidad instalada a través de significativas inversiones en infraestructura, modernización tecnológica y diversificación de la matriz energética. Igualmente, se robustecieron los diversos eslabones de la cadena eléctrica, tales como generación, transmisión, distribución y comercialización, asegurando la fiabilidad en el sistema eléctrico.

Esta competencia, tanto en la generación como en la comercialización, facilitó el establecimiento de un marco regulatorio que atrajo capital extranjero, fortaleciendo el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

No obstante, en los últimos años, el sector eléctrico se encuentra enfrentando lo que podría considerarse una de las fases de mayor incertidumbre. En cuanto a las empresas generadoras, la inquietud ha ido en aumento debido a la demora en la implementación de los proyectos energéticos destinados a aumentar la capacidad energética del país y satisfacer la elevada demanda.

Son numerosos los factores que han impedido el progreso de estos proyectos, confirmaron los sindicatos del sector. Las dilaciones en los trámites de autorización y los conflictos sociales se han vuelto una “piedra en el zapato” para que aproximadamente el 60 % de la capacidad adjudicada se convierta en realidad.

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Un análisis llevado a cabo por SER Colombia revela que la activación de los proyectos se retrasa entre tres y seis años y que el 70% de ese lapso se consume en la aprobación de los permisos.

A esto se añade la inestabilidad jurídica que, con un “enfoque intervencionista”, enfrenta el sector energético debido a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Especialistas en energía opinaron que, más allá de reformas legislativas para sostener la estructura del mercado –que son importantes en temas específicos, como el fomento de nuevas tecnologías– lo que se necesita son señales regulatorias nítidas.

En este contexto, Javier Lastra, analista del sector energético, indicó que “los inversores requieren estabilidad y reglas explícitas del Gobierno. Si las regulaciones cambian de manera restrictiva para las empresas ya establecidas en el sector, esto podría generar incertidumbre y menoscabar la confianza en nuevas inversiones”.

Reiteró que no existen señales claras cuando se emiten resoluciones que luego

se invierten. Añadió que el país presenta oportunidades favorables para que nuevos proyectos de generación ingresen y, por consiguiente, se realicen inversiones más significativas, considerando el limitado margen entre la disponibilidad y la necesidad de energía.

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“El país demanda oferta, por lo que se deben proporcionar las condiciones de confianza que el inversionista requiere para poder satisfacer toda la demanda energética del país”, comentó el especialista.

Por otro lado, mencionó que debe existir un ambiente de serenidad y certeza, y que las normativas no se modifiquen en el trayecto.

En este contexto, afirmó que el Gobierno debe ser transparente, especialmente la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Esto está relacionado con las afirmaciones de Carlos Adrián Correa, director de dicha entidad, sobre que la guía de trabajo fomenta la diversificación, sin descartar el sector de generación con fósiles.

“En ninguna parte se ha prohibido, pero lo que él expresa y lo que señalan los documentos debe reflejarse en las políticas públicas del Gobierno y en la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)”, subrayó Lastra.

Respecto a la anunciada subasta de expansión, el especialista manifestó su inquietud por el retraso en la obtención de licencias por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y los conflictos sociales que han enfrentado los proyectos en La Guajira.

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“El Gobierno no puede ser contradictorio al lanzar convocatorias, asignar cargos por confiabilidad y después, cuando todos los elementos están disponibles para iniciar los proyectos, el mismo Gobierno complica la emisión de una licencia”, expresó.

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, fue contundente al señalar que las constantes resoluciones “inadecuadas” emitidas por la Creg, las decisiones del exministro de Minas (Andrés Camacho) y los “errores” de la Superintendencia de Servicios Públicos comparten la intervención en el mercado.

Acosta mencionó que lo anterior se suma a los fuertes discursos del presidente Gustavo Petro en contra de las empresas y los empresarios: “Esto ha generado un ambiente hostil para la inversión y los inversionistas, en un sector donde la inversión es responsabilidad de los privados, sin inversión por parte del Gobierno.”

Y agregó que la próxima subasta de expansión enfrenta un serio inconveniente, que “el nuevo ministro de Minas, Edwin Palma, ha comprendido y está buscando alternativas para ver cómo lleva adelante este complicado proceso.”

Por su parte, Camilo Marulanda, presidente de Isagen, manifestó que hay diversas señales de intervención en el mercado que “no resuelven el problema de precios, pero sí ahuyentan la inversión que tanto requerimos en

El sector.”

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La industria está cuestionando el “intento” del Gobierno de hacerse cargo de ciertas funciones regulatorias de la Creg, debido a las dificultades para contar con el número adecuado de expertos que faciliten la toma de decisiones de manera técnica e imparcial.

Los representantes gremiales consideran que las iniciativas del Gobierno para restringir la venta de energía en el mercado bursátil afectan la libre competencia empresarial y ponen en peligro al sector.

Alexandra Hernández, directora ejecutiva de Ser Colombia, reafirmó que es imprescindible contar con estabilidad jurídica y un marco normativo que facilite el cierre financiero de los proyectos y atraiga la inversión privada.

Adicionalmente, remarcó que el Gobierno se está moviendo en dirección opuesta con la emisión de las nuevas resoluciones que afectan el mercado a corto plazo.

La líder del gremio ilustró que al poner límites a los precios de la energía se está provocando un gran impacto negativo: “Establecer un techo en el mercado a corto plazo desmotiva a los compradores a tener contratos a largo plazo, lo que compromete la financiación de nuevos proyectos. Sin contratos a largo plazo, las entidades bancarias no podrán ofrecer el respaldo necesario para comenzar su edificación”.

Desde el ámbito de las energías renovables, se hace un llamado al Gobierno para que reevalúe las regulaciones que están implementando.

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Para Hernández, la mejor manera de sostener la estructura del mercado y abordar los problemas actuales es incrementando la oferta, acelerando la implementación de los proyectos, incluidos los de energías renovables, “ya que son esenciales, no solo por ser energía limpia, sino porque son competitivas en costos”.

Respecto a la realización de la subasta de expansión por cargo de confiabilidad, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), subrayó la importancia de la inclusión de todas las tecnologías disponibles, como las hidráulicas y térmicas, ya que son las que han asegurado la estabilidad energética del país durante décadas.

“No podemos depender de una única fuente, necesitamos un equilibrio para evitar crisis en el futuro”, destacó.

En este contexto, las subastas en los últimos años han dado prioridad a los proyectos de energías renovables, como la solar y la eólica, que, como ha señalado el sector, no proporcionan la energía firme que el sistema demanda.

Por otro lado, considerando el tiempo de retorno de inversión de los grandes proyectos hidroeléctricos que ronda entre 15 y 30 años, los gremios demandan estabilidad regulatoria y compromisos financieros a largo plazo.

El urgente llamado de los generadores de electricidad para una nueva licitación fue respondido por el Gobierno. En la actualidad, las licitaciones son el mecanismo eficaz y comprobado para garantizar la satisfacción de la demanda futura de energía. La notificación sobre la realización de una nueva subasta de expansión por cargo de confiabilidad durante el periodo 2029-2030 y subsecuentemente, con la inclusión de proyectos de generación hidráulica y térmica, fue recibida positivamente por el sector energético.

Desde la industria se ha subrayado que la validación del punto de conexión de los proyectos ganadores representó un progreso significativo. Este requerimiento que anteriormente se exigía obstaculizó en su momento la participación de los inversionistas. Sin embargo, esta nueva subasta enfrenta varios retos, incluida la medida de la Creg que modifica el mecanismo del precio de escasez. De acuerdo con la nueva normativa, el Precio de Escasez Inferior se estipuló en $359 kw/h, el cual se aplica a las plantas generadoras como las hidroeléctricas.

Asimismo, estos ajustes podrían desincentivar la contribución de tecnologías renovables, como la solar y la eólica, al tornar menos atractivo el sistema de remuneración, afirman los líderes del sector. Para la industria, sin los incentivos apropiados y una regulación estable, existe el peligro de que no se logre cubrir el déficit de energía proyectado del 5 % al 7 %, comprometiendo la fiabilidad del sistema eléctrico a mediano plazo. Según XM, -gestor del mercado- se anticipan déficits crecientes entre las Obligaciones de Energía Firme y la demanda hasta 2029.