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La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta de urgencia dirigida al Gobierno Nacional para intervenir de forma inmediata en el sur de Bolívaruna región declarada como ONU ‘epicentro de violencia’ donde la disputa territorial entre grupos armados ilegales ha generado una crisis humanitaria sin precedentes.
De acuerdo con el informe oficial de la entidad, la violencia en la Serranía de San Lucas ha provocado un total de 27 emergencias humanitarias a lo largo del 2025, dejando a más de 24.000 personas afectadas entre confinamientos y desplazamientos masivos.
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Un año de guerra: confinamientos y desplazamientos masivos
Dos sujetos, que pertenecerían al Clan del Golfo fueron capturados. Foto:Ejército Nacional
El balance del 2025 muestra el alto costo que la guerra impone a la población civil en esta región rica en oro ya la vez un corredor estratégico para la salida de drogas hacia la costa Caribe. Las cifras reveladas por la Defensoría son reveladoras: 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos de comunidades se han registrado en el sur del departamento.
Los municipios más afectados por esta ola de violencia son: Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal del Sur, Morales, Cantagallo y Río Viejo.
La crisis es alimentada por la confrontación directa entre los principales actores armados de la zona: Clan del Golfo, ELN y las disidencias de las FARC. La Defensoría advierte que estos grupos están incurriendo en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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La población civil, escudo humano de la guerra.
Marcha en Santa Rosa contra los violentos. Foto:archivo particular
El informe detalla las tácticas crueles utilizadas por los grupos armados para mantener el control territorial y someter a la ciudadanía. Se ha evidenciado en videos, por ejemplo, que los armados están utilizando a la población civil como escudo humano en sus enfrentamientos.
Los violentos ejercen una intensa presión sobre las Juntas de Acción Comunal (JAC), quienes son forzadas a seguir directrices de los ilegales, como la restricción total de movilidad para las familias campesinas.
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Las violaciones al DIH documentadas por la Defensoría incluyen:
• Ataques con drones contrapoblaciones.
• Presencia de minas antipersonal que ponen en riesgo constante a los habitantes.
• Destrucción de viviendas.
• Ocupación de escuelas por parte de los grupos armados, poniendo en riesgo la vida de estudiantes y docentes.
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El caso de Santa Rosa del Sur: secuestros y terror
Recibimos con gran alegría la noticia de la liberación de Luis Bohórquez López, líder agrominero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Marizosa en Santa Rosa del Sur (Bolívar) y miembro de la Asociación Agrominera de la Marizosa–Guamocó. (Asomarisangua). pic.twitter.com/EwFfvTfpqV
— Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) 22 de agosto de 2025
La escalada de violencia se ha hecho palpable en un municipio en especial con incidentes específicos en los últimos meses: Santa Rosa del Sur.
Allí, la Defensoría informó un secuestro más ocurrido el pasado 3 de octubre.
Las víctimas de este flagelo fueron Armando Uriel Ávila Chávez, quien funge como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Robles, y Alberto Montero Hernández, junto a su compañera Karen Tatiana Alfonso, quien fue liberada posteriormente.
A esta situación se suma la zozobra en Arenal del Sur, donde Cientos de familias se vieron forzadas a salir de la zona rural hacia el casco urbano en las últimas semanas. Aunque algunos han retornado, aseguran que no existen garantías de seguridad mínimas para permanecer en sus territorios.
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Llamado urgente al Estado: destinado y retorno seguro para millas de personas
Nuevamente defendiendo a cientos de familias que han tenido que abandonar sus hogares en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a causa de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN.
Esta crisis humanitaria no puede seguir siendo invisible. Urge la atención y protección del Estado. pic.twitter.com/Ik1C6JXh3i
—Fernando Niño (@fninomendoza) 6 de agosto de 2025
Ante la evidencia de que la vida, la integridad y la dignidad de las comunidades están gravemente amenazadas, la Defensoría del Pueblo ha exigido una acción integral del Estado.
El documento concluye con un llamado urgente al Gobierno Nacional para: Fortalecer la presencia institucional de manera permanente; garantizar el destino humanitario de las zonas contaminadas, y asegurar un retorno digno y seguro de las víctimas de desplazamiento y confinamiento.
La crítica situación en el sur de Bolívar subraya que, pese a los esfuerzos de paz, las comunidades de la Serranía de San Lucas siguen atrapadas en una guerra sin cuartel, resistiendo entre la amenaza de las balas, los explosivos y la coacción de los grupos armados.
Además, te invitamos a ver nuestro documental ‘Explotación sexual en Cartagena: voces silenciadas’
Documental de la periodista Jineth Bedoya Foto:
cartagena
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