La Agencia Tributaria incrementará el seguimiento de los operadores del sector de alquiler turístico que emplean plataformas en línea para publicitar sus inmuebles. Esta action forma parte del nuevo ‘Plan de Control Tributario y Aduanero de 2025’, el cual fue divulgado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este plan tiene dos metas esenciales: la optimización en la prestación de servicios a los contribuyentes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la prevención, identificación y rectificación de violaciones tributarias.
Es precisamente esta última meta la que motiva a la Hacienda a aumentar la vigilancia y regulación del mercado de arrendamiento turístico a través de plataformas en línea (como Airbnb o Booking). La decisión se toma ante el incremento de propiedades en alquiler de este tipo, y busca “detectar posibles propietarios de ingresos no declarados, tanto personas físicas o jurídicas, residentes o no, como intermediarios en la gestión de arrendamientos”, según lo estipulado en la normativa.
Para lograr esto, el Ministerio de Hacienda señala que es fundamental utilizar la información proporcionada por las Comunidades Autónomas sobre el registro de viviendas turísticas, así como los datos intercambiados a nivel internacional bajo el marco de la Directiva DAC 7, que regula el intercambio de información fiscal entre países, en relación a las plataformas de alquiler de inmuebles por internet.
Además, la institución incrementará la supervisión sobre las personas no residentes que no informen sobre los arrendamientos de propiedades que tengan en España, al igual que las ganancias patrimoniales obtenidas de la venta de dichos activos.
El próximo 3 de abril, las normas sobre los alojamientos turísticos se modificarán. Los propietarios que se propongan utilizar sus propiedades con este fin deberán contar con la aprobación explícita de tres quintas partes de los vecinos de su comunidad.
Esta es una normativa incorporada en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que busca regular de manera más estricta la utilización de inmuebles con fines turísticos. Sin embargo, es relevante señalar que esta norma no será aplicada a aquellos pisos que ya estén destinados a este propósito antes de su entrada en vigor.
Estas modificaciones, que incluyen alteraciones en los artículos 7 y 17 de la LPH, establecen que la autorización de la comunidad de vecinos será un requisito fundamental para iniciar esta actividad. Asimismo, se presenta la posibilidad de que los vecinos establezcan cuotas adicionales.
o incrementen los gastos comunes para los propietarios que empleen sus residencias con este fin, siempre que dichas medidas no excedan el 20% de los gastos habituales.
Las penalizaciones por falta de cumplimiento podrían alcanzar hasta los 600.000 euros, variando según la normativa de cada comunidad autónoma. Adicionalmente, la reforma proporciona a las comunidades de vecinos una nueva herramienta legal: podrán presentar denuncias contra aquellos propietarios que actúen sin el permiso necesario o cuyos alquileres turísticos generen inconvenientes en la convivencia. En tales situaciones, los vecinos incluso podrán demandar al propietario en cuestión por daños y perjuicios.
