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Los directivos de la Industria Militar de Colombia (Indumil), especialmente de la planta Santa Bárbara, ubicada a las afueras de Sogamoso, deberán dar explicaciones sobre un informe especial enviado por la Presidencia de la República a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los hallazgos.
De acuerdo con el documento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, obtenido por Caracol Radio, se detectan graves anomalías en el manejo de armamento y municiones, lo que encendió las alertas por los riesgos penales y de seguridad nacional. La gravedad de los hallazgos fue clasificada en tres niveles: administrativos, penales y de seguridad nacional.
Fábrica Santa Bárbara Indumil Sogamoso. Foto:Gobernación de Boyacá
El hallazgo de al menos diez bombas de aviación, de entre 250 y 500 libras —algunas con carga activa—, almacenadas en polvorines y contenedores fuera del sistema oficial de inventario, generó la primera alerta. Luego se encontraron granadas, cuerpos de granada y municiones consideradas obsoletas, que debían haber sido fundidas, pero que permanecían en existencia junto con 4.189 cargadores de fusil intactos, entre otros elementos.
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“Estas bombas, algunas identificadas como MK-81 y BDU de entrenamiento, deben estar bajo estricto control y manejo especializado de artefactos explosivos. Su permanencia sin registro implica un riesgo real para la seguridad pública y la defensa nacional”, destaca el informe.
Fusil desarrollado por Indumil para la fuerza pública. Foto:cortesia
La denuncia señala que, según el acta Synergy 02.829.093 del 19 de diciembre de 2023, funcionarios de la Fábrica Santa Bárbara de Sogamoso dejaron constancia de la supuesta fundición y destrucción de armamento menor obsoleto, equipos optrónicos y sus accesorios.
El documento fue firmado por siete responsables de área, entre ellos el coronel (r.) Rubén Alonso Mogollón Araque, gerente de la planta Santa Bárbara en ese momento; el mayor (r.) Bernardo Siachoque Celys, director de seguridad física; y cinco ingenieros, jefes y directores de fundición, servicio, control de calidad y producción.
Sin embargo, una comisión con participación de la Policía Judicial visitó posteriormente la planta y encontró que el material reportado como destruido —en especial más de 4.000 cargadores de fusil M16— no había sido fundido. El armamento estaba almacenado en cajas, en buen estado y sin señales de alteración ni inutilización.
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En la denuncia de la Secretaría de Transparencia, mediante el oficio OFI25-00129809, fechado el 8 de julio de 2025, se anexan nuevos informes de la Oficina de Control Interno de Indumil. Allí se documenta la salida no autorizada de 502 granadas de 40 milímetros, 46 granadas de mortero de 60 milímetros que debieron ser dadas de baja desde 2022 pero siguen almacenadas, y 7.256 cuerpos de granadas de 40 milímetros sin trazabilidad ni registro contable, algunos con hasta 15 años de almacenamiento.
La Industria Militar de Colombia es la entidad encargada de fabricar y comercializar armas. Foto:Indumil
Los hallazgos de la entidad encabezada por Andrés Idárraga revelan material fuera de control en Indumil y exponen graves fallas e irregularidades en la gestión del material bélico en la industria militar colombiana, con más de 12.000 elementos comprometidos, especialmente en la planta de Boyacá.
Además, la Secretaría de Transparencia advierte sobre la falta de control y trazabilidad del armamento, lo que facilitaría escenarios de corrupción y uso ilícito de armas. La entidad subraya que el riesgo trasciende lo administrativo y requiere una revisión exhaustiva por la posible pérdida, desgaste o manipulación irregular de material belico, hechos que podrían derivar en delitos graves y poner en riesgo la seguridad nacional.
Yecid Medina
Tunja, Boyacá
Especial para EL TIEMPO
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