impacto para pequeños mineros y economía regional

El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X una instrucción clave para el futuro del sector minero en Colombia: el Ministerio de Minas deberá adquirir las empresas de oro bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar bienes incautados al narcotráfico y crimen organizado, además de iniciar compras directas de oro en las regiones productoras. Esta medida pretende, según el jefe de Estado, otorgar títulos de explotación a pequeños mineros de forma masiva y desplazar a las mafias que controlan parte importante del mercado aurífero.

La decisión de Petro surge en medio de un contexto de precios históricos para el oro. Agencias de mercado internacional han reportado que el valor del metal superó recientemente los 4.300 dólares por onza, reflejando la inestabilidad generada por la crisis arancelaria entre Estados Unidos y China. No obstante, las cifras del Ministerio de Minas indicaron que la cotización se ubicaba en 3.974,66 dólares por onza este martes, con una tendencia a la baja ante las expectativas de un acuerdo comercial entre ambas potencias.

Frente a este panorama, el presidente criticó al Banco de la República, lamentando que la entidad haya vendido reservas de oro nacional y no esté comprando directamente en las regiones, calificando esta estrategia como un “gran descalabro financiero”. La postura de Petro busca, por tanto, rectificar el rumbo de la política de reservas y fortalecer la economía real en los territorios productores a través de la inclusión de los pequeños mineros.

En cumplimiento de las directrices presidenciales, el Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, confirmó que a partir de noviembre se pondrá en marcha la compra directa de oro a nivel regional. Este programa se dirige especialmente a los pequeños productores, quienes enfrentan desafíos derivados de la informalidad y la ilegalidad en el sector minero.

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Según datos oficiales, aproximadamente el 80 % de las 70 toneladas de oro comercializadas anualmente en Colombia, con un valor que supera los 4.000 millones de dólares, proviene de explotaciones informales o ilegales. Esta situación genera un impacto negativo en las finanzas del país, ya que se estima una pérdida tributaria cercana a los cinco billones de pesos, equivalentes a unos 1.285 millones de dólares.

El ministro Palma lamentó la reciente falta de apoyo en el Congreso para la creación de Ecominerales, una empresa estatal que habría regulado el mercado e incrementado los ingresos oficiales. Pese a este revés, el Estado coordina con distintas entidades, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para canalizar los activos recuperados a cooperativas y asociaciones legales de mineros. El objetivo no solo es otorgar valor social a estos bienes, sino también ampliar el beneficio a los cerca de 350.000 mineros informales y de subsistencia, más allá de los 7.400 ya organizados en cooperativas.

¿Cómo afectaría la compra estatal de oro a la economía regional?

Esta pregunta cobra relevancia porque la propuesta del gobierno involucra cambios significativos en la forma como se comercializa el oro en Colombia, impactando a pequeños mineros y la estructura financiera local. Las regiones auríferas, actualmente marcadas por la presencia de economías ilícitas, podrían experimentar transformaciones profundas si el Estado interviene de manera directa.

El contexto presentado por el Ministerio de Minas y Energía ilustra el reto: con la mayoría de la producción bajo esquemas informales, la formalización a través de compras estatales y la integración de pequeños productores podría modificar tanto los ingresos de estos sectores como la dinámica económica y social de las comunidades mineras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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