Fiscalía imputa a exsecretario de Cancillería por contrato de pasaportes

El imputado exsecretario cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, enfrenta cargos de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. La imputación, que se dio a conocer el miércoles 17 de junio de 2026, lo señala como presunto responsable de irregularidades en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes. Este contrato, cuyo valor asciende a los 559.000 millones de pesos, tenía como fecha de finalización el 31 de julio de 2026.

La imputación es un acto procesal mediante el cual la Fiscalía atribuye formalmente la comisión de un delito a una persona. En este caso, la investigación se centra en acciones que Salazar Ramírez habría tomado mientras ocupó el cargo de secretario general, entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024.

¿Qué llevó a la imputación exsecretario cancillería?

Los hechos que derivaron en la imputación exsecretario cancillería están vinculados con las resoluciones 1394, 1395 y 1396, emitidas el 26 de febrero de 2024. A través de estas resoluciones, el entonces secretario revocó el acto administrativo que había declarado desierta la licitación del contrato de pasaportes. Adicionalmente, negó un recurso de reposición presentado por un postulante y dio por terminada la urgencia manifiesta que había suspendido el proceso contractual.

Según la Fiscalía, estas decisiones habrían permitido la adjudicación del contrato al único proponente, excediendo las competencias administrativas y de coordinación institucional de Salazar Ramírez. La entidad sostiene que el exfuncionario no tenía autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales que ya estaban cerrados.

Detalles de la investigación fiscal

La investigación también reveló que, durante su periodo como secretario general, Salazar Ramírez habría adquirido un predio rural en Puerto López, Meta, por un valor de 950 millones de pesos. Esta compra, según los elementos materiales probatorios, carecería de una justificación financiera clara. No se encontraron transferencias, créditos o soportes bancarios y patrimoniales que respalden la adquisición de dicho inmueble.

La Fiscalía General de la Nación continúa recopilando pruebas en este proceso. Para más detalles sobre este tipo de investigaciones, se puede consultar información relacionada en la página oficial de la Fiscalía.

Los puntos clave de las presuntas acciones irregulares incluyen:

Revocación del acto que declaró desierta la licitación.
Negación del recurso de reposición de un proponente.
Terminación anticipada de la urgencia manifiesta.
Adjudicación directa al único proponente.

Este caso subraya la importancia de la transparencia en la gestión de contratos públicos. Puede encontrar más noticias de unidad investigativa en nuestro portal.