La imputación Farc JEP avanza significativamente con la formalización de cargos contra 27 exintegrantes de la desmovilizada guerrilla. Esta acción judicial, enmarcada en los macrocasos 10 y 11 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), busca establecer responsabilidades por crímenes no amnistiables y hechos de violencia sexual, reproductiva y de género ocurridos durante el conflicto armado. La imputación de cargos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un proceso judicial que formaliza las acusaciones contra individuos por delitos graves cometidos durante el conflicto armado, buscando la verdad y reparación para las víctimas.
Entre los procesados, figuran cuatro antiguos integrantes del último Secretariado de la organización: Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Jaime Alberto Parra, conocido como “El Médico”; Carlos Antonio Lozada, alias “Julián Gallo”; y Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”. La decisión, liderada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, marca el cierre de la etapa de investigación dentro de estos dos expedientes de la justicia transicional, consolidando un universo de 2.436 víctimas directas e indirectas.
¿Cuáles crímenes se imputaron a ex-Farc en la JEP?
La providencia judicial atribuye a los exmandos la responsabilidad por actuaciones de las estructuras de los bloques Sur y Oriental. Estas operaron en 15 departamentos del país, con especial incidencia en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Los hallazgos documentan conductas delictivas constitutivas de desaparición forzada, masacres, homicidios en tomas a poblaciones, desplazamientos, torturas y agresiones sexuales.
La imputación Farc JEP se fundamenta en un vasto acervo probatorio. Los testimonios y afectaciones de las víctimas se consolidaron a través de 76 informes presentados por organizaciones sociales y 37 acreditaciones remitidas por mesas de víctimas. Con base en esta masa probatoria, la magistratura determinó tres patrones criminales específicos:
Control social y territorial: Acciones cometidas para el dominio de zonas geográficas.
Hostilidades: Delitos ejecutados en el desarrollo de confrontaciones armadas.
Atentados urbanos: Ataques dirigidos a poblaciones y entornos citadinos.
Dentro de los sucesos de alto impacto urbano por los que deberán responder los imputados se encuentra el atentado terrorista contra el Club El Nogal de Bogotá, perpetrado el 7 de febrero de 2003. La activación de un automóvil cargado con 200 kilos de explosivos causó la muerte de 33 personas y dejó heridas a 198 más, la totalidad de ellas civiles. Estos hechos, detallados en el expediente de la JEP, han sido ampliamente cubiertos por medios nacionales como El Tiempo.
Asimismo, la imputación vincula acciones contra el exministro Germán Vargas Lleras y la masacre de la familia Turbay en el departamento del Caquetá. La providencia contempla de igual forma hechos de violencia sistemática dirigidos contra líderes sociales, funcionarios de la rama judicial y mujeres en el suroriente del país. Se incluyen atentados indiscriminados como el ataque con un caballo bomba en el municipio de Chita (Boyacá), registrado el 10 de septiembre de 2003, en el cual murieron ocho personas. La imputación Farc JEP busca, en definitiva, esclarecer la verdad de estos crímenes y contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto.
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