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Informe de la ONU reveló que Colombia concentra más del 67% de los cultivos de coca en el mundo y lidera la producción global de cocaína
La producción, incautación y consumo de cocaína alcanzaron máximos históricos en 2023, impulsados principalmente por el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia.
Así lo reveló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) en su más reciente Informe Mundial sobre Drogas 2025, presentado este miércoles 25 de junio en Viena.
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Según el documento, la producción global de cocaína alcanzó las 3.708 toneladas de droga pura el 2023, lo que representa un incremento del 34% respecto a 2022 y multiplica por diez la cifra registrada hace una década.
La Onudd atribuyó este aumento, en gran medida, al crecimiento de los cultivos de hoja de coca en Colombia y a una actualización en los cálculos de rendimiento en ese país andino.
En 2023, Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que equivale a dos tercios del total global, que fue de 376.000 hectáreas.
En una estimación anterior, publicada en octubre de 2024, la Onudd reportó que Colombia produjo 2.600 toneladas de cocaína en 2023, un aumento del 53% frente al año anterior.
Ese crecimiento se concentró especialmente en el suroeste del país, donde las disidencias de las Farc, que no firmaron el acuerdo de paz, ejercen control territorial y dominan el negocio del narcotráfico.
El informe también señala que las incautaciones globales de cocaína llegaron a un máximo histórico de 2.275 toneladas en 2023, reflejo tanto del incremento en el tráfico como del fortalecimiento de las operaciones de interdicción.
El número de consumidores también creció, alcanzando los 25 millones a nivel mundial, frente a 17 millones hace diez años.
En paralelo, Colombia cerró 2023 con cifras récord en la incautación de cocaína y sustancias utilizadas para su producción. De acuerdo con el mismo informe, las autoridades decomisaron 746.285 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 99.356 kilogramos de pasta base, para un total de más de 845 toneladas de droga incautada en distintas etapas de procesamiento.
El reporte también evidencia un fuerte aumento en el decomiso de precursores químicos. Solo en 2023, se incautaron 1.326.253 kg de acetona y 130.316 kg de ácido clorhídrico. También se confiscaron 244.866 kg de ácido sulfúrico y 120.769 kg de permanganato de potasio, elementos clave en los laboratorios de cocaína.
La hoja de coca también presentó un incremento significativo: las autoridades decomisaron 984.366 kilogramos, frente a los 676.210 del año anterior. Esto podría indicar un aumento en la superficie cultivada o en la capacidad de interdicción del Estado.
Otros decomisos también muestran una tendencia al alza. El cannabis alcanzó las 421.167 toneladas incautadas (frente a 391.086 en 2022), y la heroína decomisada se duplicó, pasando de 343 a 572 kg. El éxtasis también mostró una variación notable: de 19 kg incautados en 2022 a 147 kg en 2023.
El informe dedica un apartado especial a las organizaciones criminales que controlan el negocio del narcotráfico en regiones clave como Colombia. Según la Onudd, estas estructuras no se limitan al tráfico de drogas, sino que buscan ejercer control social y territorial a través de una mezcla de actividades legales e ilegales, violencia e incluso corrupción institucional.
“Los grupos orientados al control o la gobernanza pueden clasificarse como aquellos que participan en una variedad de actividades, tanto legales como ilegales, con el fin de dominar un mercado o una zona geográfica”, indica el informe.
Estas organizaciones establecen jerarquías fijas, códigos internos de conducta y mecanismos de imposición de normas —como el cobro de “impuestos”— sobre actividades económicas dentro de sus territorios, sean lícitas o ilícitas.
La Onudd identifica como ejemplos paradigmáticos a las Farc-EP, las AUC y algunos grupos del Sahel africano, que utilizan las ganancias del narcotráfico para financiar otras actividades.
En el caso de Colombia, las Farc-EP han combinado su rol de insurgencia con actividades narcotraficantes, participando directamente en la producción y distribución de cocaína o imponiendo tributos a quienes operan en su zona.
Además, el informe advierte que las estrategias centradas en desarticular la cúpula de estos grupos han tenido efectos mixtos.
Si bien la eliminación de líderes ha coincidido con una reducción en el número de ataques insurgentes, no ha disminuido la intensidad de los mismos ni la capacidad operativa de las organizaciones.
Esto plantea un desafío estructural para las políticas de seguridad enfocadas exclusivamente en liderazgos individuales.
