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Las asociaciones del ámbito energético desacreditaron las afirmaciones realizadas por el mandatario Gustavo Petro en contra de las firmas del sector e hicieron un llamado a abordar la crisis vigente con rigor técnico y considerando estructuralmente las necesidades de todos los consumidores del país.
El mandatario Gustavo Petro. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO
“Es crucial que la discusión se fundamenta en datos verificables y no en afirmaciones que podrían desviar la atención de los desafíos que el sistema enfrenta. La estabilidad del sector eléctrico se sostiene en un modelo institucional, técnico y sólido que ha garantizado por más de tres décadas el servicio de energía eléctrica”, manifestaron a través de un comunicado.
Días atrás, el mandatario Petro anunció que emitirá un decreto para establecer el porcentaje máximo de energía eléctrica que pueden comercializar los generadores en el mercado. Según argumentó, esta medida se adoptará “ante la falta de disposición de las empresas generadoras para aceptar la actual fórmula legal de la energía eléctrica que fija límites razonables a la tarifa de energía hídrica y solar”.
El Comité Intergremial, constituido por Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás, Ser Colombia y la ACP, expresó que las tarifas son legítimas, constitucionales y se basan en la regulación actual.
“Intervenir los mercados para modificar las tarifas existentes a través de un decreto pone en peligro la seguridad jurídica del sector, genera riesgos económicos desproporcionados y podría reducir de manera significativa la cantidad de proyectos de generación renovable en la próxima subasta de expansión, en momentos en los que el país los necesita con urgencia”, manifestaron.
Asimismo, señalaron que los precios en el mercado de energía reflejan el desbalance entre oferta y demanda, y no indican ganancias “injustificadas”. “Se fundamentan en la dinámica entre oferta y demanda, que opera en todos los mercados del planeta donde prevalece la libre competencia, y permite alertar sobre situaciones críticas del sistema”, comentaron.
Consejo de ministros sobre las tarifas de energía eléctrica. Foto:Presidencia
También manifestaron que persistir en propuestas como las de limitar la venta de energía en el mercado de las generadoras renovables a un máximo del 5 por ciento interrumpe las señales de eficiencia, pone en riesgo la fiabilidad del suministro, viola el principio constitucional de libre empresa y podría aumentar las tarifas para todos.
“Para fomentar un mayor nivel de contratación, es esencial saldar las deudas pendientes con las empresas comercializadoras y garantizar el pago de los montos asociados a la opción tarifaria. Estos pagos permitirán a las comercializadoras disponer de los recursos necesarios para formalizar contratos de largo plazo, los cuales a su vez facilitan la financiación de nuevos proyectos, principalmente renovables. Todo esto se traduce en beneficios directos para los consumidores, al asegurar tarifas más eficientes y estables”, se puede leer en el comunicado.
En el 2024, las comercializadoras de energía acumulaban más de 7 billones de pesos en cuentas por cobrar de subsidios por parte del Estado, opción tarifaria y deudas de entidades oficiales.
“Esta situación compromete gravemente su viabilidad financiera; sin embargo, han garantizado la continuidad del servicio sin cortes masivos hasta el momento, protegiendo a los usuarios más vulnerables”, expresaron.
Siguen las quejas por elevadas tarifas de energía contra Air-e Foto:Captura de pantalla
En el caso específico de Air-e, que actualmente está intervenida, recordaron que mantiene deudas con otros agentes por más de un billón de pesos, lo que “pone en jaque” el suministro de energía, como en el caso de plantas térmicas que deben prepagar el insumo para producir. “Es prioritario realizar los pagos totales de los montos adeudados y establecer mecanismos para viabilizar la operación de Air-e”, concluyeron.
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