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Blas Eduardo Ojeda Zúñiga, de 50 años, fue blanco de un atentado a bala en el barrio El Silencioa las 3:00 pm del jueves 12 de febrero. La víctima fue llevada inicialmente al Camino La Manga y, por la complejidad de las lesionesremitida a un centro médico de mayor nivel.
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De acuerdo con las primeras versiones alrededor del lugar de los hechos, el ataque se produjo en la calle 79B con carrera 28cuando un hombre que se movía a pie se acercó y le disparó dos veces a quemarropa antes de huir corriendo.
Allegados sostienen que el móvil estaría asociado a presiones de redes de préstamo informal tipo gota a gota: en la vivienda donde hoy reside Ojeda —de su propiedad— habrían vivido anteriormente unas personas que contrajeron deudas con cobradiarios y se marcharon sin pagar. Desde entonces, según el entorno del afectado, los sujetos lo estarían coaccionando para que asuma obligaciones ajenas. Él se habría negado. Esa negativa, temen, derivó en el atentado.
La Sijín de la Metropolitana de Barranquilla (Mebar) adelantaba anoche labores de vecindario, análisis y rastreo de fuente humana para identificar al tirador ya posibles determinantes.
Un fenómeno más amplio
El posible telón de fondo de este caso ha sido ampliamente documentado en Barranquilla y el área metropolitana durante el último año. En 2025, decenas de homicidios fueron contabilizados por las autoridades de la región, en hechos asociados a disputas territoriales, cobros cruzados, retaliaciones y control de rutas. En varios casos, las víctimas cayeron bajo la modalidad de sicariato en barrios populares de la capital del Atlántico y municipios aledaños.
El fenómeno de los prestamistas está relacionado con al menos otros 11 delitos. Foto:Policía Nacional
Detrás de esa estadística, investigaciones periodísticas y fuentes judiciales han descrito un negocio ilícito que mezcla de préstamo informal con otras rentas del crimen, como microtráfico, despojo y extorsión. Incluso, se ha señalado la posible financiación de rutas de cobro por parte de un “capo” con injerencia local, lo que explicaría la capacidad para mover millas de millones de pesos mensuales y sostener redes violentas que imponen pagos con amenazas y atentados.
En ese contexto, han ocurrido hechos puntuales que ilustran la dinámicacomo el asesinato de dos cobradiarios en el barrio El Bosque en el pasado diciembre. Este caso habría estado relacionado con la negativa de las víctimas a pagar una extorsión exigida por una estructura que opera en el suroccidente. Las primeras excepciones policiales en ese caso apuntaron precisamente a la coerción económica y la violencia instrumental de quienes controlan las rutas de cobro.
¿Por qué estas operaciones alcanzan a terceros?
Fuentes consultadas por esta redacción que han seguido los expedientes de gota a gota explican que no es inusual que las coacciones “salpiquen” a terceros: arrendadores, actuales ocupantes de un inmueble o comerciantes que comparten dirección con antiguos deudores.
El hombre fue llevado inicialmente al CAMINO La Manga. Foto:mapas de google
La lógica de los cobradores ilegales. combina mensajes intimidatorioscobros en vía pública y, escaladamente, agresiones directas para forzar el pago. Cuando se niega la obligación —o no hay con quién saldarla—, los perpetradores buscan “dejar un precedente” para sostener su reputación de cobro. En los últimos operativos, la Mebar ha capturado a presuntos sicarios y facilitadores de homicidios que, según las autoridades, pertenecen a cadenas criminales con roles definidos para la comisión de atentados.
Un análisis del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte ha descrito que el oficio del cobradiario y su ecosistema se entrelaza con otros 11 delitoslo que genera un efecto corrosivo sobre la economía barrial y multiplica escenarios de violencia. Las cifras de víctimas y violencia enmarcan esta problemática en una tendencia más amplia de homicidios con móviles diversosdonde la extorsión y el control de rentas figuran con peso.
Las autoridades han sido enfáticas en recomendar a víctimas y entornos cercanos. formalizar la denuncia y aportar registros de llamadas o mensajes intimidatoriosen caso de que los haya.
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En lo que la salud de Ojeda Zúñiga avanza, la ciudadanía solicita a las autoridades mayor protección y seguridad de su población mayor. Las reacciones a este caso han sido de rechazo, alegando que la responsabilidad del hombre en esas deudas no lo compromete por el simple hecho de haber sido el arrendatario en el pasado. Por ahora, todo sigue en indagación.
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