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Un magistrado de la República desestimó la acción de tutela interpuesta por Álvaro González Aguilar, Wilson Quimbayo Ospina y Danilo Hernández Rodríguez contra la Universidad del Atlántico y su Consejo Superior, pero ordenó, como medida provisional, suspender los efectos de la resolución que invalidó la elección del rector Leyton Daniel Barrios Torres.
La resolución judicial, tomada en primera instancia, determina que mientras la jurisdicción contenciosa administrativa examine las acciones interpuestas contra los actos de selección se sostendrá la total validez del nombramiento emitido por el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo Superior 000032 del 27 de octubre de 2025.
Por ende, Barrios seguirá actuando como rector en propiedad, a pesar de que el Comité Electoral de la institución había declarado la nulidad de su elección a través de la Resolución No. 002 del 7 de noviembre de 2025.
El fallo judicial y sus repercusiones
El despacho judicial aclaró que la tutela no era el mecanismo adecuado para cuestionar la validez de los actos administrativos emitidos durante el proceso electoral, dado que existen otros caminos judiciales pertinentes dentro de la jurisdicción contenciosa. No obstante, con el fin de asegurar la estabilidad institucional y la continuidad administrativa de la universidad, el magistrado optó por adoptar una medida provisional que actualmente impide la ejecución de la resolución del Comité Electoral.
Vista general de la Ciudadela Universitaria situada en el municipio de Puerto Colombia. Foto:Prensa Universidad del Atlántico
En el documento se señala que “mientras no existe un fallo definitivo del juez contencioso, el acto de elección de Leyton Daniel Barrios Torres mantiene plena eficacia jurídica”. Esto implica que la universidad no podrá nombrar un encargado ni convocar nuevos procesos de elección hasta que no haya una resolución definitiva sobre el fondo del litigio.
Contexto del conflicto en la Universidad del Atlántico
El proceso de selección del rector ha sido objeto de disputas desde que el Consejo Superior Universitario eligió a Leyton Barrios, el pasado 27 de octubre, para el período institucional 2025-2029. Días después, el Comité Electoral declaró la nulidad del proceso argumentando presuntas irregularidades en la votación y reclamaciones de algunos sectores universitarios que solicitaron repetir la elección.
Esa decisión generó protestas y un paro indefinido por parte de estudiantes y docentes, mientras diversos actores institucionales solicitaban la intervención del Ministerio de Educación para asegurar la transparencia. El propio gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, había pedido una revisión jurídica del proceso y convocó reuniones con funcionarios nacionales.
Leyton Barrios, nuevo rector de la Universidad del Atlántico. Foto:redes sociales
Con esta nueva decisión judicial, el panorama se aclara momentáneamente, pero el fondo del conflicto aún requiere resolución.
Claro, aquí tienes el texto reescrito con sinónimos y cambios en la estructura, manteniendo las etiquetas HTML:
ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, instancia que determinará la legitimidad de la elección.
Pasos a seguir y consecuencias inmediatas
La resolución tomada por el juez permite que Leyton Daniel Barrios continúe desempeñando sus funciones y tomar decisiones administrativas, académicas y financieras al frente de la institución. De la misma manera, obliga a la Universidad del Atlántico a evitar aplicar la resolución. que invalidó su nombramiento, mientras el procedimiento está en curso.
La comunidad académica ahora espera que la decisión aporte estabilidad tras varias semanas de incertidumbre que han impactado el desarrollo normal de las clases y la administración.
Fuentes cercanas al asunto señalaron que el Comité Electoral podría cuestionar la decisión o presentar sus fundamentos ante la justicia contenciosa, que tendrá que determinar de manera definitiva si la elección de Barrios cumple o no con los requisitos legales.
Por el momento, el rector conserva su puesto en medio de un clima de tensión política y jurídica que ha caracterizado la vida institucional de la principal universidad pública del departamento del Atlántico.
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