Jueza ordena a DHS revertir política contra fianza para migrantes

Una jueza en California acaba de dictaminar que el Gobierno federal de Donald Trump no puede mantener en ningún lugar de Estados Unidos a inmigrantes en detención sin primero permitirles intentar salir bajo fianza.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) había establecido esta prohibición en julio, argumentando que de otro modo se abría un supuesto “vacío legal”, pese a que desde hace décadas había estado vigente la posibilidad de solicitar una audiencia de posible fianza.

DHS anunció que esta restricción aplicaba tanto a inmigrantes que hubieran estado décadas viviendo en Estados Unidos sin antecedentes penales antes de su detención migratoria como para migrantes que fueran arrestados específicamente por algún cargo criminal en su contra.

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Hasta ahora la mayoría de las casi 65,000 personas detenidas por la mano dura migratoria del Gobierno de Trump han sido personas que justamente no tienen ningún historial criminal; muchas solamente fueron arrestadas por no tener documentos, que la ley estadounidense no considera un delito sino una infracción civil similar a no pagar una multa por estacionarse mal.

La jueza en California, Sunshine Suzanne Sykes, admitió esta semana una demanda colectiva para que proceda por tribunales, y al hacerlo falló que es ilegal restringir las audiencias de fianza.

Otros jueces habían emitido opiniones similares en meses recientes, pero aplicables solamente a las personas nombradas en demandas específicas. En contraste, el fallo de Sykes dice que la posibilidad de tener una audiencia de fianza debe estar vigente para personas en detención migratoria en todo Estados Unidos.

La magistrada dijo que prohibirlo “es una injuria generalizada y se puede resolver tan solo con determinar que la nueva política es violatoria de los derechos al debido proceso”, indicó Sykes en el documento, citado por la agencia Reuters.

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Antes de que DHS estableciera la política contra audiencias de fianza este verano, desde hace décadas era posible que la gente migrante arrestada para su posible deportación o revisión de su estatus pudiera esperar el proceso fuera de prisión, habiendo pagado una fianza.

Usualmente se les ponía un grillete de monitoreo GPS y se les daban citas para acudir a tribunales especializados en los que seguir su proceso.

Para mucha gente que tenía abiertas solicitudes para regularizar su estatus, ese tipo de citas ante tribunales se ha vuelto una trampa en meses recientes; agentes migratorios se presentan afuera de las cortes para detener a la gente que acude incluso si está tratando de armar su caso por las vías legales, como Trump dice que quiere que se haga.