Colombia
la alerta de la Defensoría revela cómo el control armado asfixia a comunidades enteras
el sur de bolívar Vuelve a encender las alarmas humanitarias. La Alerta Temprana 003 de 2026, emitida por la Defensoría del Pueblo, pone el foco sobre Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, municipios donde la confrontación entre actores armados ilegales ha escalado de manera preocupante.
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No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de una reconfiguración violenta que agrava los riesgos ya existentes. En esta franja del país, ubicada entre los rios magdalena y cauca, se consolida un corredor estratégico que facilita la movilidad de economías ilícitas, convirtiendo a las comunidades en un botón silencioso de la guerra.
La Defensoría advierte que el control territorial no solo se mide en combates, sino en Mecanismos cotidianos de dominación: restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento, vigilancia armada y un clima permanente de miedo que limita la vida comunitaria y el ejercicio de derechos básicos.
Un territorio clave para las economías ilegales
Ataques con drones en sur de Bolívar. Foto:Archivo particular.
El interés de los grupos armados en esta zona no es fortuito. El sur de Bolívar concentra actividades como la la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, que requieren rutas seguras, control social y acceso a poblaciones vulnerables para sostenerse.
Según el análisis del Sistema de Alertas Tempranas, esta presión se traduce en regulación armada de la vida diaria, cobros ilegales, vigilancia de líderes sociales y amenazas contra quienes se resisten a colaborar. El resultado es un progresivo encierro social, donde desplazarse, denunciar o simplemente reunirse se convierte en un riesgo.
A esta dinámica se suma un escenario de confrontación abierta. La suspensión del cese al fuego bilateral con el ELN provocó el repliegue de esta guerrilla hacia la serranía de San Lucas, Mientras que el Clan del Golfo avanzó hacia cabeceras municipales, centros poblados y zonas mineras, ampliando su influencia armada.
Más actores, más riesgos para la población civil
La Defensoría del Pueblo envió una alerta por la situación de orden público en el sur de Bolívar. Foto:archivo particular
El panorama se completa con la presencia de disidencias de las extintas Farc, lo que incrementa la probabilidad de enfrentamientos, represalias y afectaciones directas a la población civil, atrapada entre intereses armados cruzados.
La Defensoría documentó un fenómeno especialmente grave: la contaminación del territorio con minas antipersonalmuniciones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. A ello se suma el uso de drones para lanzar explosivos, una práctica que marca una escalada tecnológica del conflicto con consecuencias devastadoras para civiles.
En Montecristo, por ejemplo, durante 2025 se registraron dos accidentes con minas antipersonales que dejaron personas muertas y heridas. Además, los ataques con drones impactaron viviendas rurales y espacios comunitarios, evidenciando que los límites entre combate y población civil están cada vez más diluidos.
Confinamientos, secuestros y trabajo forzado
Miembros de las Fuerzas Militares hacen presencia en el sur de Bolívar desde inicios de semana. Foto:cortesía fuerzas militares
Más allá de los hechos armados, la alerta describe una crisis humanitaria silenciosa. En zonas rurales de Montecristo, más de 3.200 familias permanecen en situación de confinamiento, con serias restricciones para acceder a alimentos, salud y educación.
La Defensoría también advierte sobre secuestros, homicidios selectivos y prácticas de trabajo forzado, incluyendo la presión a civiles para evacuar personas heridas o trasladar cuerpos tras los combates. Son dinámicas que profundizan el trauma colectivo y normalizan la violencia como parte del día a día.
Los centros poblados tampoco están a salvo. Se han registrado acciones armadas en áreas urbanas, con víctimas civiles, entre ellas menores de edad, lo que refuerza la sensación de desprotección institucional y abandono estatal.
Niñez y liderazgo social, en la mira
Montecristo, sur de Bolívar Foto:archivo particular
el El riesgo es particularmente crítico para niñas, niños y adolescentes. La Defensoría alerta sobre reclutamiento forzado, violencias basadas en género y la interrupción del servicio educativo, producto de desplazamientos, confinamientos y amenazas contra docentes.
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En paralelo, se fortalece un control social coercitivo ejercido por los grupos armados: amenazas a líderes comunitarios, servidores públicos y defensores de derechos humanos; estigmatización de quienes reclaman derechos e instrumentalización de las juntas de acción comunal como brazos informales del poder armado.
Este control no siempre se impone con fusiles visibles, sino mediante mecanismos de miedo, rumores, castigos ejemplarizantes y reglas no escritas que condicionan la vida colectiva.
Llamado urgente a una respuesta estatal
Desplazamientos en el Sur de Bolívar. Foto:redes sociales
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo pidió la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranascon el objetivo de articular acciones de protección, atención humanitaria y prevención.
Entre las prioridades señaladas están la prevención de ataques con drones, el fortalecimiento de la a comunidades con atenciónfinadas y la adopción de medidas específicas para proteger a la población infantil y adolescente.
La alerta es clara: sin una respuesta integral y oportuna del Estado, el sur de Bolívar corre el riesgo de profundizar un ciclo de violencia donde el control armado reemplaza a la institucionalidad y las comunidades quedan, una vez más, atrampas entre ríos estratégicos y fusiles ilegales.
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