La Audiencia Nacional enfrenta hoy a Iratxe Sorzabal, exlíder de ETA, por un atentado inofensivo de 1995 en Irún

Este jueves, la Audiencia Nacional está realizando el juicio en contra de Iratxe Sorzabal, exdirectora de la agrupación terrorista ETA, por un ataque acontecido en octubre de 1995 en el cruce fronterizo de Irún (Guipúzcoa), que ocasionó perjuicios en la aduana española.

El documento de acusación del Ministerio Fiscal demanda una pena de 12 años de prisión mayor por el delito de estragos terroristas, además de una restricción para volver al lugar de los hechos durante un lapso de cinco años.

El Ministerio Público señala que el asalto tuvo lugar el 8 de octubre de 1995, cuando Sorzabal supuestamente colocó “un artefacto explosivo en el cruce fronterizo del Puente Internacional de Santiago de Irún, haciéndolo estallar a las 12:30 horas”.

Se menciona que la bomba contenía 2 kilogramos de explosivos compuestos de amonio, nitrato y dinitrotolueno, y que fue activada a través de un dispositivo de retardo que empleaba un reloj digital modificado como interruptor electrónico.

El fiscal subraya que el artefacto explosivo “fue colocado con la intención de provocar el mayor daño posible tanto a personas como a propiedades públicas y privadas”, y que causó destrozos en el edificio de aduanas español, rompiendo la mayoría de los vidrios de las fachadas principal y lateral izquierda.

Además, algunas placas de corcho se desprendieron del techo de la oficina, causando daños adicionales en negocios cercanos y vehículos aparcados en las adyacencias. Se estima que el total de los daños asciende a 36.000 euros, y se solicita que se compense a las víctimas, especialmente al Ministerio de Hacienda.

OTROS CARGOS CONTRA SORZABAL

Recientemente, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de amparo interpuesto por Sorzabal contra una sentencia del Tribunal Supremo, que ratificó una condena de 24 años y medio de reclusión por la colocación de dos explosivos en el Palacio de Justicia y en una farmacia de un ex secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios en Gijón en noviembre de 1996.

Asimismo, en febrero de 2024, la Audiencia Nacional optó por reabrir el caso del asesinato del inspector Ramón Doral, procesando a Sorzabal por estos acontecimientos tras aceptar la solicitud de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y tras recibir un nuevo informe ampliatorio de la Guardia Civil sobre la situación.