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Dicen “la consulta va porque va”. Esta expresión denota la intención de imponerla –autoritarismo–, sin importar que se trate de un mecanismo significativamente menos eficaz para los trabajadores, o que el Legislativo decida negarla.
La reforma laboral ha estado en el centro de la discusión nacional durante más de dos años. Desde el momento mismo en que conocimos la intención del Gobierno de tramitar un proyecto que reformara el mundo laboral, recibimos con optimismo la noticia, ya que el trabajo formal es sin duda alguna la mejor forma de generar equidad y oportunidades en una sociedad.
El opuesto a trabajo formal es el desempleo y la informalidad, los mayores problemas de nuestro mercado laboral. También, la mayor causa de inequidad de nuestra sociedad.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto:César Melgarejo
Las cifras son apabullantes. En Colombia hay aproximadamente 24 millones de personas económicamente activas. De esas, 2,3 millones son desempleados y 21,7 millones trabajan. Y aquí viene lo más preocupante, 12,4 millones de personas son trabajadores informales. Incluyendo los que se han denominado cuentapropistas, que es más que un eufemismo para denominar a las personas que se encuentran en el “rebusque”. Sólo 9,3 millones están en el mercado laboral formal y son parte de la discusión que se lleva a cabo cuando se habla de una reforma laboral.
Siempre que vemos los indicadores de inequidad tenemos la tendencia a culpabilizar de este problema solo a la diferencia de ingresos entre los estratos más bajos y los más altos. La verdad es que en el cálculo pesa muchísimo más la diferencia entre los trabajadores formales y los informales. Una estimación de los ingresos totales de un informal nos da que mensualmente recibe un total de ingresos en promedio de 977.000 pesos, mientras que trabajadores formales totales reciben en promedio más de 2’300.000 pesos. A eso hay que sumarle también que la diferencia en términos de piso de protección social es inmensa. Una persona en condición de informalidad no tiene vacaciones, incapacidades, cesantías, pensiones, horas extras, dominicales o festivos, no tiene un contrato; en otras palabras, se trata de “trabajadores sin derechos”.
Por esta razón insistimos tanto, desde el inicio del trámite, en que si estábamos preocupados por el mercado laboral, hiciéramos un esfuerzo por tratar de corregir esta inmensa distorsión. Increíblemente la respuesta que nos dio el Ministerio del Trabajo es que esta reforma no era para reducir el desempleo ni para reducir la informalidad. ¿No vamos entonces a enfrentar estos temas? Posición completamente inconsistente, ya que es evidente que los temas tienen una íntima relación con la estructura regulatoria.
Plenaria del Senado de la República donde se debatió la aprobación de la consulta popular. Foto:Milton Diaz / El Tiempo
El Congreso es el escenario para discutir y decidir sobre los cambios de leyes, incluyendo las leyes que resulten de mecanismos democráticos como las consultas populares. Si una consulta popular indicara que los colombianos quieren cambiar una ley, el siguiente paso sería discutir la ley en el Congreso.
Por esta razón resulta incomprensible que partidos de gobierno, y el Gobierno mismo, prefieran insistir en su idea de adelantar una consulta popular, en lugar de tramitar la reforma en el Congreso. Discutir una reforma no significa en ningún caso adoptar todo lo que el Gobierno quiere que se apruebe, so pena de ser amenazados con producir levantamiento en las calles. Parecería que al Gobierno le ha resultado especialmente incómodo tratar de aceptar los casos en los cuales el Legislativo no le apruebe sus iniciativas.
Ojalá el Pacto Histórico y el Gobierno Nacional demuestren su voluntad de concertar una reforma en el pleno del Senado, y en la conciliación con la Cámara, evitando querer imponer, concertando con congresistas, empleadores y trabajadores, avanzando en medio de estos días complejos. Por el bien de todos.
BRUCE MAC MASTER
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