La defensa de Bolsonaro alerta sobre “irregularidades” en su proceso por un supuesto intento de golpe de Estado.

La defensa legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha indicado “anomalías” en los procedimientos que se han iniciado en su contra por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, con la finalidad de mantenerse en el poder tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, el actual mandatario.

El letrado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, expresó en un comunicado en su cuenta de la red social X que su equipo jurídico ha presentado su “contestación” a las acusaciones, justo en el último día del plazo establecido por el juez del Tribunal Supremo encargado del caso, Alexandre de Moraes.

De esta forma, destacó que las “anomalías de procedimiento” relacionadas con la causa “invalidan y perjudican gravemente la acusación”, además de señalar la “incompetencia del tribunal” y criticar las “restricciones” que ha enfrentado la defensa.

“Esto representa, indudablemente, una de las fallas más significativas que oscurecen uno de los procesos más notorios de nuestra historia jurídica”, afirmó Bueno, quien enfatizó que el equipo de Bolsonaro “no tiene acceso a las evidencias recopiladas durante la indagación”, teniendo únicamente los datos “seleccionados previamente por la Fiscalía”.

En este sentido, enfatizó que “solo se han hecho públicos aquellos elementos que benefician la acusación”, mientras que el resto ha sido ocultado sin una justificación válida, como si dependiera de la acusación decidir por adelantado lo que es o no relevante para la defensa.

“El fundamento de la defensa es un logro del Derecho penal contemporáneo y representa uno de los pilares más fundamentales de la democracia. Amenazarlo es, en su esencia, comprometer la confianza en el proceso mismo”, argumentó, al mismo tiempo que denunció una “acción penal semisecreta” en contra de Bolsonaro.

Además, destacó también las “anomalías” presentes en el acuerdo de cooperación del coronel Mauro Cid, quien fue un cercano colaborador del expresidente y cuyo testimonio ha sido clave para las investigaciones relacionadas con la supuesta conspiración golpista que intentó mantener a Bolsonaro en el poder.

A mediados de febrero, la Fiscalía General de Brasil formuló cargos contra Jair Bolsonaro y otras 33 personas por intento de golpe de Estado tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022, marcando esta como la primera acusación contra un exjefe de Estado del país por intentar socavar el Estado de derecho.

Así, se subrayó que Bolsonaro intentó, de forma coordinada, impedir que se respetara el resultado de las elecciones, afirmando que “el plan” comenzó en 2021 con una serie de comentarios y acciones que cuestionaban las decisiones de los tribunales y la transparencia del sistema electoral. También alertó sobre un supuesto plan para asesinar a Lula da Silva, De Moraes y el actual vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

Por su parte, Bolsonaro ha declarado que la acusación es parte de un “estratagema” que se utiliza frecuentemente en la región para silenciar y perseguir a la oposición, y prometió que continuará luchando por dar a conocer “la realidad” que enfrenta el país.

“Todo régimen autoritario, en su afán por el poder, necesita crear enemigos internos para justificar la represión, la censura y las detenciones arbitrarias”, sostuvo, argumentando que esta es una táctica comúnmente observada en naciones como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia.