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Una vieja herencia del Cartel de Cali volvió a encender la confrontación entre particulares y el Estado. En Barranquilla, la disputa por la posesión de unas bodegas que fueron de los hermanos Rodríguez Orejuela derivó en un episodio judicial y mediático entre el abogado Gabriel José Morillo Rodríguez y el director regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la región Caribe, Jaime Avendaño.
El incidente ocurrió el pasado sábado 18 de octubre, en una bodega ubicada en la carrera 68 con calle 74, barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla, durante una diligencia de verificación adelantada por la SAE.
Morillo sostiene que fue agredido básicamente por el funcionario cuando intentó impedir lo que, según él, era un desalojo ilegal, pese a una orden judicial que suspendía cualquier intervención sobre el predio.
“Cuando le mostré la orden de la Juez Séptima Laboral, me tomó del cuello y me lanzó contra un carro. Terminé con lesiones y una crisis hipertensiva”, afirmó el abogado, quien anunció una denuncia penal por lesiones personales agravadas y mantiene otra querella por fraude a resolución judicial y abuso de autoridad.
Los bienes del Cartel de Cali en el centro de la controversia
El predio en disputa hace parte de un conjunto de bienes a los que se les aplicó extinción de dominio en 2006 por su vínculo con el Cartel de Cali.
El abogado Gabriel José Morillo denunció al director de la SAE Caribe, Jaime Avendaño, Foto:redes sociales
De acuerdo con la SAE, las bodegas fueron subdivididas y arrendadas de forma irregular, generando ingresos cercanos a 40 millones de pesos mensuales, sin autorización de la entidad.
El director Avendaño sostiene que la visita del sábado no fue un desalojo, sino la verificación de una queja administrativa. “Nunca agredí al señor Morillo. Solo interponga una barrera física para evitar un forcejeo. No tengo la capacidad física para hacer lo que él describe”, afirmó en declaraciones a Emisora Atlántico.
Según su versión, Morillo habría ocupado el inmueble desde 2011, “cobrando arriendos sin causa legítima sobre un bien que pertenece al Estado”.
En un comunicado, la SAE respaldó su funcionario y aseguró que existen videos del procedimiento que demostrarían que no hubo agresión física. Avendaño, a su vez, interpuso denuncias por calumnia, injuria, estafa y fraude procesal contra el abogado.
“El señor Gabriel llegó gritando que el lugar era suyo. Le expliqué que no se trataba de un desalojo, sino de una verificación por denuncias de amenazas. Su reacción buscaba provocar un show en redes sociales”, señaló el directivo en diálogo con Blu Radio.
Fallos cruzados y enredos judiciales
El caso tiene un entramado jurídico de más de una década. Morillo argumenta que en 2011 una sentencia excluyó las bodegas del proceso de extinción y ordenó levantar las medidas cautelares, pero que un error en el folio de matrícula inmobiliaria habría reactivado las restricciones.
A partir de esa confusión, el abogado asegura que inició gestiones ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para aclarar la titularidad, proceso que derivó en el bloqueo del folio y en nuevos conflictos administrativos.
Jaime Avendaño director seccional de la SAE en el Caribe Foto:SAE
El expediente, según fuentes judiciales consultadas, podría implicar tanto revisión de títulos como verificación de actuaciones previas de la SAE, lo que deja el caso en un limbo entre la posesión privada alegada y la propiedad estatal derivada de una sentencia de extinción.
Un episodio que exponen tensiones dentro de la SAE
El altercado se da en medio de un ambiente de alta sensibilidad alrededor de la gestión de los bienes incautados al narcotráfico.
En la región Caribe, la SAE ha enfrentado disputas, amenazas e incluso atentados: el propio Jaime Avendaño Fue víctima de un ataque armado el pasado 3 de octubre, en el municipio de Galapa, en el área metropolitana de Barranquilla, hecho que aún investigan las autoridades.
Mientras la Fiscalía estudia las denuncias cruzadas y la SAE prepara su informe interno sobre lo ocurrido, el caso refleja una pugna que va más allá de un predio: el pulso por el control y la administración de bienes que alguna vez fueron del crimen organizado y que hoy, bajo la bandera de la legalidad, siguen generando conflictos, sospechas y escándalos.
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