“Desentrañando la Discriminación Racial Laboral en Colombia: Una Lucha Silenciada”

La Constitución de 1991 estableció a Colombia como una nación “pluriétnica” y “multicultural”, reconociendo la diversidad étnica y cultural como un tesoro vital para el país. Este reconocimiento conlleva una obligación del Estado de asegurar la igualdad, la inclusión y la salvaguarda de los derechos de todos sus ciudadanos, en especial de aquellos que forman parte de comunidades étnicas y grupos históricamente discriminados. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera suma 4.671.160 personas, la población indígena asciende a 1.905.617, y la comunidad Rom está constituida por 2.649 individuos.

A pesar de los progresos legislativos, estas comunidades continúan enfrentándose a situaciones de violencia histórica asociadas al conflicto armado, el despojo de tierras y la marginación social. La defensa de sus derechos territoriales, la conservación de sus culturas y su acceso a oportunidades de progreso sigue siendo una lucha ardua, ya que las estructuras de poder y las dinámicas de discriminación siguen repercutiendo en su bienestar y su participación plena en la sociedad. La protección y garantía de sus derechos deben ser una prioridad en el camino hacia una Colombia más justa e inclusiva.

Las desigualdades se hacen patentes, por ejemplo, en el índice de pobreza multidimensional (IPM). Para el 2023, el IPM de los hogares encabezados por jefes indígenas alcanzó el 37,1%, mientras que en las comunidades afrodescendientes el índice fue del 21,8%.

Estas cifras superan la media nacional de 12,1% y se presentan con mayor intensidad en áreas rurales, reflejando la exclusión estructural que viven estos grupos. Por otro lado, el ámbito laboral muestra brechas análogas. Entre febrero de 2024 y enero de 2025, el DANE reporta que la tasa de desempleo en comunidades afrodescendientes y palenqueras llegó al 12,9%, por encima del 7,7% en la población indígena y el 9,9% entre aquellos que no se identifican con ningún grupo étnico-racial.

La participación laboral de las poblaciones étnicas en Colombia se presenta como un reto en comparación con la población no étnica, evidenciando una considerable desigualdad en las tasas de participación. En particular, las mujeres afrodescendientes se enfrentan a una tasa de participación laboral notablemente inferior a la de sus pares no étnicos, lo que pone de manifiesto una brecha de género y de acceso a oportunidades económicas.

De acuerdo con los datos, las ocupaciones más frecuentes para aquellos que se reconocen como parte de un grupo étnico están en sectores como la agricultura, ganadería y pesca, con un 24,4% de participación, seguidas por el comercio, con un 13,9%. En contraste, la población no étnica mostró mayor representación en el comercio (18,1%) y en la agricultura (12,9%).

Nota recomendada: Miguel Uribe insiste en el Día Sin Iva

Esta distribución desigual de trabajos revela las escasas oportunidades laborales que enfrentan las comunidades étnicas, frecuentemente relacionadas con actividades informales o de escasa remuneración. Las barreras estructurales que limitan el acceso a empleos bien remunerados y estables, junto con la falta de políticas públicas efectivas para promover la inclusión laboral, perpetúan las desigualdades económicas y sociales de estos grupos.