La Justicia otorga un ultimátum de 10 días a un grupo mapuche para abandonar un terreno en disputa y evitar un desalojo violento.

Después de la ratificación de la sentencia contra tres mapuches que en 2021 se apoderaron de una explotación forestal entre Bariloche y El Bolsón, ha comenzado el periodo para que los ocupantes desalojen la propiedad y en caso de no hacerlo, la Justicia procederá al desalojo forzoso.

El conteo regresivo culmina a principios de marzo. Los integrantes del Lof Quemquemtreu ingresaron a la propiedad de Cuesta del Ternero el 18 de septiembre de 2021 y aún no se han retirado.

Deben abandonar el lugar de manera voluntaria antes del 2 de marzo; de lo contrario, el sistema judicial ordenará un desalojo forzado que deberá ejecutar la Policía de Río Negro.

Tres de sus integrantes fueron sentenciados en octubre del año pasado por la intrusión en la propiedad del empresario Rolando Rocco, cuya actividad forestal fue interrumpida. La apelación presentada por la defensa no tuvo éxito, y la sentencia fue afirmada a mediados de febrero, continuando así el proceso.

Este jueves 20, la parte demandante informó a los mapuches que cuentan con 10 días para abandonar el terreno voluntariamente. Ernesto Saavedra, abogado del empresario afectado, confirmó que uno de los acusados fue notificado sobre la medida.

En octubre del año pasado, la jueza de Río Negro, Romina Martini, condenó a tres mapuches a un año y seis meses de prisión en suspenso por el delito de usurpación.

Los mapuches deberán presentarse regularmente en una sede judicial y no tendrán permitido acercarse a las tierras afectadas, donde aún residen y han construido instalaciones.

En los últimos días, las autoridades provinciales reportaron “movimientos en el territorio”. Se sospecha que, ante el inminente desalojo, el Lof Quemquemtreu decidió aumentar sus miembros para intentar resistir la medida que deberá implementar el gobierno rionegrino.

El grupo se trasladó en septiembre de 2021 a una propiedad ubicada en la ruta provincial 6, cerca de la intersección con la 40, entre Bariloche y El Bolsón, en el área de Cuesta del Ternero. Esta propiedad pertenece al empresario forestal Rolando Rocco, quien es parte demandante en el proceso.

En este mismo lugar, sucedió la muerte de Elías Garay, otro integrante del Lof Quemquemtreu, lo que llevó a la condena de dos socios comerciales de Rocco.

En el fallo, el tribunal ordenó el desalojo de las tierras donde los integrantes de la comunidad mapuche aún residen. Su permanencia en esas tierras obstaculiza las actividades productivas del campo, que incluyen tanto la explotación forestal como actividades ganaderas.

Durante el juicio en octubre pasado, el Ministerio Público de la provincia validó este hecho al argumentar que “los mapuches despojaron la posesión pacífica de Rolando Rocco, quien había tenido el control desde 1981. Invadieron su propiedad y le impidieron llevar a cabo las actividades forestales y ganaderas que realizaba hasta entonces”.

Los condenados son Romina Jones, Lautaro Cárdenas y Alejandro Morales Godoy, mientras que Mauro Vargas, Ariadna Mansilla Cedrón y Juan Cruz Baeza fueron sobreseídos.

Jones fue quien recibió la notificación este jueves que le ordena abandonar las tierras para evitar el desalojo.

Para llevar a cabo la usurpación, el grupo convocó

a integrantes de otras comunidades mapuches del sur, muchos de los cuales no habían estado en la propiedad, aunque sostenían tener derecho a ella debido a sus antepasados.

El Lof Quemquemtreu ha mantenido lazos estrechos con la criticada comunidad Lafken Winkul Mapu, que fue desalojada de Villa Mascardi en octubre de 2022. Se presume incluso que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, se refugió en Cuesta del Ternero durante casi un año mientras se hallaba prófugo de la justicia chilena, hasta ser recapturado en El Bolsón.

Así lo declararon los magistrados federales, quienes, en una resolución relacionada con los estragos causados por mapuches en la sede del Juzgado Federal de Bariloche, mandaron a las fuerzas federales que examinaran la propiedad del Lof Quemquemtreu para apresar a los prófugos.

Los ocupantes arrasaron árboles y construyeron refugios en el terreno, donde además instalaron pancartas con el nombre de la agrupación y hicieron mención a la muerte de Rafael Nahuel, quien fue asesinado en noviembre de 2017 durante el desalojo de los terrenos en Villa Mascardi.

A inicios de 2022, el empresario forestal y los mapuches -con la intervención del sistema judicial- pactaron un alto al fuego y cohabitaron en la misma propiedad. Rocco continuó explotando el terreno mientras que los mapuches levantaron viviendas precarias y se asentaron en un área de 10 hectáreas.

Representantes de la comunidad Quemquemtreu solicitaron entonces una mesa de diálogo para intentar resolver el tema de forma extrajudicial. Rogaron al gobierno de Río Negro reiniciar el diálogo y alcanzar un nuevo acuerdo similar al anterior que les asegurara su permanencia en el sitio.

Los mapuches también reafirmaron su disposición de persistir con la “recuperación ancestral”. “Instamos al gobierno a intervenir para generar una solución pacífica y política al conflicto, en vez de represiva”, manifestaron desde la comunidad, aunque sin éxito.

Los usurpadores no actuaron de manera pacífica, como intentaron demostrar durante el juicio, ya que mostraron hostilidad tanto hacia el fiscal Francisco Arrien como hacia miembros de la Policía de Río Negro.

Durante las alegaciones, el Ministerio Público consideró probado “que los acusados participaron activamente en este hecho junto a otras personas que aún no han sido identificadas. Estas personas, llevadas a juicio, conocían la intencionalidad” y ellos mismos “confirmaron en esta sala la fecha del hecho”.