La ofensiva migratoria de Trump sacude a una primaria de Austin

Algunos padres corrieron al interior con sus hijos, donde el personal los escondió en aulas oscuras y armarios de suministros. Allí esperaron, susurrando detrás de ventanas cerradas, por casi una hora después de que los vehículos se marcharon.

El miedo había comenzado esa mañana. A las 8:40 a.m., los patrulleros estatales detuvieron a un padre de una alumna de la escuela afuera de la escuela mientras llevaba a sus hijos mayores a la preparatoria. A la vista de padres y empleados, lo detuvieron en la entrada de la escuela y llamaron a agentes federales de inmigración (ICE) para arrestarlo. Llamadas de pánico inundaron la oficina escolar.

La directora Briana García recuerda la sofocante sensación de ese día.

Lo que creyó sería el punto más bajo del semestre resultó ser un presagio de lo que vendría. Durante los meses siguientes, mientras el presidente Donald Trump se afianzaba en su segundo mandato y ejecutaba una de las ofensivas migratorias más agresivas del país, la presencia de la policía se volvió constante en y alrededor del campus.

Patrullas del DPS solían estacionarse cerca durante la hora de salida. En una ocasión, García vio a agentes de ICE en el estacionamiento de la escuela, con chalecos, máscaras y armas — aunque la agencia le negó al American-Statesman haber estado en propiedad escolar.

Los arrestos migratorios se multiplicaron en el corredor Rundberg-Lamar, donde se ubica Guerrero Thompson y donde la mayoría de los residentes son inmigrantes. El DPS lideraba las operaciones, a veces con ICE.

“Lo único en que el DPS se está enfocando es el crimen y a quienes infringen la ley”, dijo la portavoz Ericka Miller.

En el proceso, las autoridades han cruzado una línea que antes se consideraba intocable: operar dentro y alrededor de los terrenos escolares mientras los oficiales estatales cumplen directrices para hacer cumplir las leyes de inmigración. Durante años, lugares “sensibles” como escuelas, iglesias y tribunales habían estado protegidos de operativos de control migratorio. Esa protección terminó cuando Trump revocó la norma en su primer día de regreso a la presidencia.

El semestre se transcurrió entre miedo y estrés. Maestros lidiaban con niños retraídos o con rabietas tras la detención de familiares. Más alumnos llegaban con hambre porque sus familias perdieron proveedores de ingresos.

“Quizá esta siempre fue un área de alta criminalidad, pero los niños siempre sabían que este era un campus seguro”, dijo la orientadora Claudia Villarreal. “Ahora han perdido ese sentido de seguridad”.

Al final del año escolar, Villarreal contó más de dos docenas de familias que se habían autodeportado.

Ahora, con un nuevo ciclo escolar en marcha, los administradores, el personal y los padres de Guerrero Thompson temen que la intensificación de los esfuerzos de deportación del gobierno federal pueda volver los próximos meses tan caóticos como el semestre pasado.

“Está claro que nos están apuntando y no creo que esto vaya a detenerse pronto”, dijo García.

Una alumna de quinto grado era de las mejores en matemáticas en la clase de educación especial de la maestra Elizabeth Vásquez: entusiasta, asistiendo a sus clases regularmente. Eso cambió en febrero, después de que su madre fue deportada. La niña, antes aguda y participativa, se volvió tímida e inexpresiva.

Durante el resto del semestre, Vásquez intentó que la alumna se sintiera cómoda en clase, limitando sus solicitudes de participación a pequeños grupos. Pero sus esfuerzos fueron en vano. La niña se volvió retraída, y su tartamudez —que Vásquez había estado ayudándole a superar— regresó.

“Se quedaba en ensoñaciones. Estaba en otro mundo”, dijo Vásquez. “Esos días ya no eran normales para ella”.

Al final del ciclo escolar, Vásquez se sorprendió cuando el padre de la alumna, cuya madre había sido deportada, dijo que su hija no necesitaba una reunión de asesoría para prepararse para la secundaria. La familia regresaba a Guatemala.

Otros padres, mientras tanto, luchaban con qué decirles a sus hijos sobre su nueva realidad. Algunos evitaban la conversación. Otros, como Mily, madre de una estudiante de quinto grado cuyo apellido el Statesman no publica debido a su estatus migratorio, intentaban tranquilizar a sus hijos diciendo que la administración Trump se concentraría en deportar a “personas que deben algo”.

Pero es poco probable que los niños puedan protegerse de un entorno tan impregnado de estrés y ansiedad, señaló Joanna Dreby, profesora de sociología en la Universidad de Albany, quien ha estudiado los efectos a largo plazo de la aplicación de las leyes de inmigración en hijos de familias inmigrantes.

“El niño sabe lo que está pasando. Niños de apenas 5 años saben lo que está pasando”, dijo Dreby.

En Guerrero Thompson, la primavera trajo una nueva normalidad. Maestros y personal recuerdan a niños sollozando inconsolables, interrumpiendo las lecciones para pedir llamar a sus padres y asustando a sus compañeros con historias de parientes que no habían regresado a casa.

Algunas familias incluso pidieron a maestros que sirvieran como tutores legales en caso de deportación, dijo la directora García.

El número de madres voluntarias diarias — que laminaban hojas, decoraban tableros y ayudaban en la cafetería — cayó de una docena a apenas unas pocas.

Mily siguió siendo voluntaria para demostrar que no se dejaría dominar por el miedo. Pero, como otros, comenzó a reducir sus idas al supermercado y a sacar menos a sus hijos.

“Antes, los niños decían: ‘Quiero ir a los trampolines, quiero ir por un helado’, y los padres los llevaban”, dijo Mily. “Ahora los padres ya no lo hacen”.

Sin aviso, los patrulleros de DPS se convirtieron en presencia común.

García calcula que el DPS entró al estacionamiento del campus al menos una docena de veces el semestre pasado, estacionándose durante aproximadamente la mitad de esas visitas pero sin entrar nunca al edificio. La agencia estatal nunca se comunicó con los administradores, dijo García, aunque sospecha que los patrulleros estaban revisando las placas de los autos para encontrar motivos de detención.
El DPS ejerce una autoridad amplia, dijo Kristin Etter, directora de política y servicios legales en el Texas Immigration Law Council. Incluso sin un registro vinculado a una placa, los patrulleros pueden detener conductores por infracciones menores, como vidrios polarizados en exceso o llantas ligeramente desinfladas — lo que hace difícil probar el perfilamiento racial, señaló.

El aumento de detenciones en vecindarios con alta población inmigrante, como el norte de Austin, sugiere que el DPS está pasando de un rol fronterizo a uno de aplicación en el interior tras una orden emitida en enero por el gobernador Greg Abbott que instruye a las agencias estatales a ayudar en los esfuerzos federales de inmigración, dijo Etter.

“Básicamente tenemos puestos de control migratorio en nuestro estado con el DPS”, dijo. “Cualquier carro puede ser detenido por una supuesta violación al código de transporte casi en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier punto”.

Antes de este año, dijo García, el DPS había estado en el campus solo dos veces en sus 12 años en la escuela, cada ocasión para realizar inspecciones de seguridad después de que la Legislatura de Texas aprobara una ley de seguridad escolar en 2023 tras un tiroteo en una escuela primaria en Uvalde.

En respuesta a las preguntas del Statesman acerca de su presencia en Guerrero Thompson, la portavoz del DPS, Sheridan Nolen, dijo que se anima a los patrulleros a estar en los campus para ofrecer “una presencia policial visible adicional, disuadiendo a visitantes no deseados y reduciendo el crimen — algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo como un resultado positivo”.

Nolen dijo que los patrulleros habían registrado cientos de llamadas y detenciones de tráfico cerca de Guerrero, pero “ni una sola ha sido en los terrenos escolares”.

Nolen agregó que los patrulleros, el 5 de febrero, detuvieron un vehículo en una intersección adyacente a la escuela porque estaba sin registrar o mal registrado. Los patrulleros contactaron a ICE como parte del procedimiento estándar cuando un conductor no puede proporcionar identificación legal. Después de la detención, dijo Nolen, el oficial entró al campus para completar su informe.

García dijo que el personal y los funcionarios del distrito se han sentido impotentes para responder a las acciones del DPS y de ICE. Los primeros intentos de pedir a las agencias, a través de un enlace del distrito, que dejaran de operar en o de circular por el campus no llevaron a nada, por lo que García dijo que dejó de reportar la presencia de estas autoridades.

El distrito escolar de Austin no puso al superintendente Matías Segura a disposición para una entrevista.

El jefe de la Policía Escolar de Austin, Wayne Sneed, se abstuvo de refutar las afirmaciones de García, pero dijo que no ha visto evidencia de aplicación de la ley de inmigración en los campus del distrito. ICE, dijo, le aseguró a él y a Segura durante una reunión en marzo que la agencia no tenía planes de llevar a cabo operaciones en escuelas, sólo de completar detenciones ya iniciadas.

Sneed añadió que las agencias estatales y federales no necesitan permiso para entrar a los campus y que restringirlas haría de las escuelas refugios para evadir a la ley.

“No vamos a impedir una investigación de una agencia policial, no más de lo que quisiéramos que ellos lo hicieran con nosotros”, dijo.

En las semanas antes de que comenzara el nuevo año escolar, Mariela — la madre de un estudiante de primer grado en Guerrero Thompson, que pidió ser identificada sólo por su segundo nombre debido a su estatus migratorio — pensó varias veces en regresar a Honduras.

En julio, patrulleros estatales detuvieron la camioneta que llevaba a la pareja de Mariela, quien sostenía a la familia, cuando se dirigía a un sitio de construcción. La detención ocurrió en la Rundberg Lane, a pocas cuadras de la escuela. Su pareja, de quien Mariela dijo que no tenía antecedentes criminales, fue deportado.

Mariela ya había perdido horas en la tienda de ropa vaquera donde trabajaba, pasando de unas 50 horas semanales a 20. Cree que la reducción se debió a la caída del gasto de los inmigrantes. También le habían advertido que sus dos casos migratorios pendientes se estaban debilitando.

“Todo está difícil — la luz, la electricidad, el teléfono. Todo lo que antes se pagaba entre dos personas ya solo lo pago yo”, dijo Mariela.

Pero la previsión económica mala en Honduras, junto con las dificultades de su hijo con la atención y la hiperactividad — que cree sólo pueden abordarse con el sistema educativo estadounidense — la han mantenido aquí. Por ahora, Mariela ha recibido a familiares para compartir la renta y ha comenzado a usar despensas de alimentos por primera vez.

“Me preocupo por los niños — sus niveles de ansiedad, su estrés, su salud física porque no están saliendo afuera — que estén deprimidos”, dijo Vásquez, la maestra de quinto grado.

El personal y los padres se han movilizado alrededor de las familias, recolectando comida y suministros y ayudando con tareas diarias. García dijo que estos esfuerzos mantuvieron estable la asistencia de clases y motivaron a los estudiantes a aprender. Con frecuencia, la escuela enviaba personal de apoyo para convencer a los padres de regresar a sus hijos a clase después de arrestos migratorios alrededor del campus.

Aun así, el estrés económico persiste. A veces se mezcla con la sensación de ser, como lo expresó Mariela, “peor que los criminales”.

En primavera, la familia de un estudiante de kínder le dijo a la escuela que no esperaran su regreso tras una cita en la corte de inmigración. El personal escolar le llenó la mochila del estudiante con meriendas, crayones, Legos y un suéter. Se despidieron del niño.

“Ay, eso fue difícil”, recordó García. “Por suerte, sí regresó”.

Con esa incertidumbre, la vida en Guerrero Thompson continúa. El DPS y ICE siguen siendo presencias constantes. A nivel nacional, los arrestos y deportaciones por ICE aumentaron durante el verano, mientras el gobierno federal lanzaba una campaña de reclutamiento.

El pensamiento de otro año como el pasado pesa sobre los maestros. Durante la capacitación del personal antes de comenzar las clases, Vásquez se preguntaba si podría soportarlo.

“¿Sabes cómo dicen, ‘Ponte tu mascarilla de oxígeno antes de ayudar a alguien más’?”, dijo Vásquez. “Eso es lo que me preocupa: ¿estamos poniéndonos nuestras mascarillas de oxígeno primero?”.

Una semana antes del nuevo ciclo escolar, la policía anunció un cierre de emergencia para Guerreo Thompson tras un crimen reportado en una tienda H-E-B cercana. En pocos minutos, patrulleros estatales atravesaron el sitio persiguiendo a un sospechoso.

Aunque García está acostumbrada a la presencia policial debido a las tasas de criminalidad del vecindario, no sintió tranquilidad al contar los vehículos del DPS. En lugar de eso, sintió temor, convencida de que los patrulleros estaban presentes en mayor número que nunca — y que seguirían así.

García dijo que sabe que no puede decirle al DPS qué hacer. Pero sabe lo que diría si pudiera:

“Los niños aquí solo quieren aprender”, dijo García. Y sobre los padres: “Ellos son los que están construyendo la mayor parte del centro de Austin. Son personas de bien, trabajadoras”.