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La difusión de un video donde una mujer es brutalmente golpeada en la plena vía pública de Barranquilla ha sido el detonante de una nueva crisis de seguridad en el área metropolitana.
Lo que a simple vista parece una riña callejera es, en realidad, el síntoma de una patología criminal mucho más profunda: el avance de la economía ilegal de los ‘paga diario’ o ‘gota a gota’, un sistema que ha mutado de un simple préstamo informal a una estructura de extorsión paramilitar.
La víctima, una pequeña comerciante, es solo la cara visible de miles de tenderos. que, ante las barreras de acceso al sistema bancario formal, terminan cayendo en las redes de estas organizaciones. Según informes oficiales, la situación ha llegado a tal extremo que un solo prestatario puede verse cercado y amenazado simultáneamente hasta por 15 cobradores diferentes. El brazo financiero del crimen organizado
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ciudadtv Foto:ciudadtv
Detrás de las motocicletas que recorren los barrios populares de Barranquilla y Soledad; pero también los barrios populares de Cartagena, Santa Marta, La Guajira, César, Córdoba y Sucre no solo hay cobradores independientes, hay organizaciones criminales.
En el caso del departamento del Atlántico, las autoridades han confirmado que las dos estructuras criminales más temidas de la región, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’han tomado el control de las rutas de cobro.
Los dos grupos criminales con los cuales el Gobierno adelanta diálogos en busca de la ‘paz urbana’
Estas dos bandas, al mando de los alias ‘Castor’ y ‘Digno Palomino’, principales negociadores con las autoridades, manejan el tráfico de estupefacientes; y son estas bandas las que han ‘parcelado’ la ciudad en zonas de influencia para el control de un negocio funciona bajo una lógica perversa:
Intereses arbitrarios: Los cobros se realizan bajo condiciones leoninas que imposibilitan la cancelación de la deuda de capital.
Territorialidad: Cada grupo mantiene un monopolio en su zona, lo que dificulta que las víctimas busquen refugio o alternativas.
Reendeudamiento forzado: Se han denunciado casos donde, tras cancelar la deuda, los prestamistas regresan para obligar al usuario a recibir más dinero.
“Se les pidió que no le prestaran más porque ella no tenía cómo pagar, pero al cabo de unos días volvieron ofreciéndole plata”, relató un testigo bajo anonimato.
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Ofensiva contra los ‘Centros de Operación’
La administradora de una salsamentaria en el barrio Universal, fue asesinada en Barranquilla. Foto:redes sociales
En respuesta a la indignación nacional, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha intensificado los operativos para desmantelar lo que denominan ‘centros de operación’.
Recientemente, una serie de allanamientos en cuatro viviendas del municipio de Soledad permitieron desvelar la escalada logística de esta actividad delincuencial que impacta el bolsillo de las comunidades más necesitadas.
La Policía Metropolitana, informó sobre la incautación de material clave que evidencia una organización casi empresarial de la ilegalidad; entre otras hallaron: 130 libros contables y nueve libretas de registro detallado, 15.000 tarjetas de cobro, calculadoras con impresión térmica para recibos y dinero en efectivo, y un equipo DVR para monitorear las zonas y asegurar que los cobradores no sean interceptados. La encrucijada del comerciante
Para las autoridades, el reto es doble. Por un lado, está la lucha armada contra las estructuras de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, y por otro, la necesidad de ofrecer alternativas financieras a los tenderos.
Mientras el acceso al crédito bancario siga siendo una quimera para el pequeño emprendedor, el ‘gota a gota’ seguirá siendo el único salvavidas disponible, aunque este termine convirtiéndose en un ancla que los arrastra a la violencia.
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La Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico han prometido reforzar los operativos y allanamientos para frenar este avance delictivo, pero la ciudadanía mira con escepticismo, pues el negocio es tan rentable que, por cada centro desmantelado, surgen nuevas rutas en las periferias.
El panorama de seguridad en el departamento del Atlántico, y otras regiones del Caribe, ha alcanzado niveles críticos debido a la mutación del préstamo informal en una estructura de guerra urbana.
Lo que antes se consideraba una actividad financiera de barrio, hoy es el epicentro de una confrontación que ha dejado de ser incidental para volverse estructural.
Las cifras oficiales revelan una realidad aterradora: mientras que en 2024 se reportaron 19 homicidios vinculados a esta actividad, en el 2025 la cifra escaló a más de 31 víctimasrepresentando un incremento del 63%.
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El mapa invisible del poder criminal
El mal llamado negocio del ‘paga diario’ opera bajo una lógica de control territorial absoluto.
las llamadas ‘rutas de cobro’ son microterritorios donde cada cobrador es visto como una fuente de dinero y poder.
Entrar en un barrio sin la autorización de las bandas dominantes, principalmente Los Costeños y Los Pepesequivale a firmar una sentencia de muerte.
Las bandas, según la Policía, ven en este negocio una rentabilidad comparable a la del microtráfico.
El dinero recaudado alimenta una cadena que incluye extorsión, lavado de activos y compra de armamento.
Esta dinámica ha financiado una guerra urbana que registra cerca de 500 muertes desde 2024 en el departamento del Atlántico.
Hipótesis de una violencia desmedida
A pocas horas de finalizar el pacto de no agresión entre Los Costeños y Los Pepes, que buscan sentarse en la mesa de ‘Paz Urbana’ propuesta por el Gobierno Nacional, analistas de seguridad y autoridades han identificado tres motivos principales que explican el asesinato sistemático de cobradiarios:
Disputa territorial: La invasión de zonas ajenas es respondida con sicariato; las bandas no negocian sus activos estratégicos.
Fraudes internos: Las estructuras criminales castigan con violencia extrema a los cobradores que desvían dinero o realizan préstamos no autorizados.
Conflictos con deudores: Algunos clientes, asfixiados por cobros agresivos, recurren al sicariato para eliminar al cobrador o se enfrentan a ellos en riñas fatales.
La ‘zona gris’ de la ilegalidad
A pesar de su normalización social, el “gota a gota” es un delito tipificado en el Artículo 305 del Código Penal como usura. Quienes cobran intereses por encima de la tasa máxima legal se exponen a penas de hasta 90 meses de prisión y multas millonarias.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
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