Gobernadores, dirigentes gremiales y empresarios participaron en el foro “La riqueza de la nación: ¿dónde se produce, quién la administra y en qué se invierte?”, organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND)y EL TIEMPO Casa Editorial, un espacio dejó en evidencia una visión compartida: el motor de la economía no es el Gobierno, sino la actividad empresarial, y el papel del Estado debe centrarse en ofrecer garantías, incentivos y condiciones adecuadas para el desarrollo.
La discusión que se da en el marco del debate sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 en el Congreso, Lidio García, expresa su preocupación por la desfinanciación en 26.3 billones de pesos, y la falta de articulación entre el gobierno nacional y las regiones, lo que en su opinión dificulta su aprobación y generando tensiones políticas.
LEA TAMBIÉN
Para García la principal preocupación es que que el presupuesto con 556.9 billones de pesos presenta un déficit de 26.3 billones, lo que requiriere una posible reforma tributaria para su financiación, considerada políticamente inviable en el contexto electoral.
“La polarización política y la cercanía de las elecciones dificultan un acuerdo sobre el presupuesto, aumentando la probabilidad de un ajuste o rechazo por parte del Congreso. Además se cuestiona la baja ejecución presupuestal del gobierno actual, con discrepancias sobre la cifra real de recursos no ejecutados (entre 19 y 97 billones de pesos)”, detalló.
García enfatizó en que la falta de articulación regional, de comunicación y articulación entre el gobierno nacional y las regiones, afectando la inversión pública y la autonomía territorial.
“La ley de competencias para mejorar la autonomía financiera de las regiones, aún sin presentarse formalmente en el Congreso, lo que ha generado inquietud en el ámbito político y económico del país”, explicó.
Ante este panorama, el Presidente del Senado hizo un llamado al respeto y a la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, instando a priorizar las necesidades del país por encima de las diferencias políticas.
Foro La riqueza de la nación: ¿dónde se produce, quién la administra y en qué se invierte? Foto:Sebastián Naranjo
A pesar de sus críticas al manejo del presupuesto, García manifiesto su apoyo a una reforma al sistema de salud. Sin embargo, enfatiza la necesidad de que esta reforma sea concertada, involucrando a expertos, congresistas y, fundamentalmente, a la población.
Adicional a esto criticó duramente la aparente falta de coherencia en los recortes presupuestales, destacando el aumento del 81 por ciento en el presupuesto de Prosperidad Social (4.5 billones de pesos) mientras que el Ministerio de la Igualdad sufre un recorte del 59.5 por ciento. Esta disparidad, según García, demuestra una falta de norte y una priorización errónea de recursos.
Rechazó además la imposición de una reforma sin diálogo ni consideración de las necesidades reales de la gente, criticando las “líneas rojas” impuestas por el gobierno que impiden la discusión y el consenso.
En este mismo contexto, Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, reiteró que Colombia sigue siendo un país profundamente centralista. Según sus datos, del total de impuestos recaudados en el país, el 81 por ciento es administrado por la Nación, mientras que departamentos y municipios solo tienen acceso al 5 por ciento y 14 por ciento respectivamente. A esto se suma que el gasto está igualmente concentrado: 68 por ciento en el nivel central, 9 por ciento en departamentos y 23 por ciento en municipios. La reducción del 37 por ciento en el presupuesto del deporte también es fuertemente criticada. García argumenta que esta medida es injusta considerando los logros de los deportistas colombianos y la inversión que realizan otros países en esta área.
Tavera advirtió además sobre las restricciones que hoy enfrenta la inversión regional: 28,4 billones del Sistema General de Regalías permanecen bloqueados por decretos y resoluciones, lo que frena la ejecución de proyectos estratégicos y afecta incluso la estabilidad laboral en sectores sensibles como el de la salud.
Más alertas
Además los gobernadores del país lanzaron una advertencia contundente contra el Gobierno Nacional al denunciar que recientes actos administrativos, decretos y resoluciones afectan la autonomía territorial y ponen en entredicho la viabilidad de la inversión social en las regiones.
El primer punto es la solicitud al Ejecutivo de dejar sin efectos el concepto OAJ 20253200155813 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que según ellos bloquea la ejecución de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías (SGR), ya que el documento emitido por el DNP impide incluir en los presupuestos de inversión gastos asociados a legalización, estampillas u otros tributos.
Los gobernadores advirtieron que esta posición contradice las propias ‘Guías de proyectos tipo’ del DNP, rompe el principio de programación integral consagrado en la Ley 2056 de 2020 y desconoce la obligación de contemplar todos los costos asociados a un proyecto.
El segundo punto de inconformidad recae sobre el Artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, que según los mandatarios afecta la estabilidad laboral de profesionales del sector público de la salud.
La norma impide financiar con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) cargos de planta en las secretarías departamentales de Salud, lo que —según los gobernadores— va en contravía de la reciente reforma laboral que busca formalización y mejores condiciones de empleo. También señalaron que la medida pone en riesgo programas de atención, promoción y prevención en salud en todo el país.
Los mandatarios exigieron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025, que reformó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) y que ya fue sancionada y promulgada hace más de 40 días.
La ley busca dar mayor eficacia y transparencia a la administración de los recursos destinados a financiar el pasivo pensional de las regiones. Según los gobernadores, la demora en su implementación limita la posibilidad de que los departamentos liberen recursos propios para destinarlos a inversión social y desarrollo regional.
Foro La riqueza de la nación: ¿dónde se produce, quién la administra y en qué se invierte? Foto:Sebastián Naranjo
Durante el panel ¿En dónde se produce la riqueza de la Nación?, moderado por Francisco Miranda Hambuger, director de Portafolio, y en el que participaron el gobernador de Córdoba y presidente de la FND, Erasmo Zuleta; la vicepresidenta de Anif, Luz Magdalena Salas; el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez; el presidente ejecutivo de Fenalcarbon, Carlos Cante; el exministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, y el vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la ACP, Andrés Bitar; destacaron el rol que tienen los empresarios e industriales en la generación de recursos estatales.
“La riqueza del país no la genera el Gobierno; su función es brindar incentivos y garantías, y en eso ha fallado bastante. La economía sigue en pie gracias a un empresariado que, pese a las dificultades y la falta de insumos, continúa creyendo y avanzando”, afirmó Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial.
Por su parte, Andrés Bitar, vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), subrayó el peso del sector de hidrocarburos: “aporta el 20% de la inversión extranjera directa, el 30% de las exportaciones y contribuye con el 4,5% del PIB, es decir, unos 70 billones de pesos anuales”. Añadió que, solo en regalías, el Congreso aprobó para el bienio 2025-2026 un presupuesto de 17,5 billones de pesos derivados de este sector.
A su turno, Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de Anif, explicó que la economía colombiana se asemeja a una torta en la que los sectores de comercio, administración pública y manufactura se reparten casi la mitad. “No se trata solo de cuánto se produce, sino de cómo se distribuye y se transforma en bienestar”, puntualizó.
El gobernador de Córdoba y presidente de la FND, Erasmo Zuleta, destacó que el fortalecimiento económico también depende del trabajo articulado entre Estado, ciudadanía y empresarios. “Gracias a nuestros ciudadanos, empresarios y alcaldes, Córdoba va por buen camino: la economía crece, hay más empleo y una mayor sensación de seguridad. Hoy somos el segundo departamento del país con mayor reducción de homicidios y el primero del Caribe en indicadores de seguridad. Eso ha permitido que un sector clave como el turismo se consolide”, afirmó.
El foro también abordó el turismo interno, señalado como una de las alternativas para diversificar la economía. Sin embargo, Tavera alertó que solo 1,6 millones de colombianos viajan hoy por el país, 5,5 por ciento menos que el año pasado y 550.000 menos que antes de la pandemia, en buena medida por el peso de los impuestos en tiquetes y hoteles. “Colombia es el país con el IVA más alto en transporte aéreo y alojamiento”, recordó.
Salas detalló que la discusión sobre centralismo fiscal no es exclusiva de Colombia. Países como Brasil y México han dado pasos hacia una mayor autonomía territorial en el manejo de recursos, permitiendo que estados y municipios gestionen directamente parte del recaudo tributario.
“En Brasil, por ejemplo, el Impuesto a la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) es recaudado por los estados, lo que les otorga un margen importante de financiación propia. En México, la Ley de Coordinación Fiscal distribuye participaciones federales a estados y municipios con criterios más automáticos y menos discrecionales que en Colombia”, señaló.
Estos modelos muestran que es posible equilibrar la responsabilidad fiscal del Gobierno central con una mayor capacidad de decisión de las regiones.
Más noticias
LEA TAMBIÉN
LEA TAMBIÉN
