En desarrollo de las audiencias preliminares realizadas ante el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Hatonuevo, quedaron en libertad las dos personas capturadas tras la incautación de 145 millones de pesos y material político de la campaña al senado de Daniel Restrepo, en un operativo en una vía de La Guajira que generó amplio revuelo nacional.
Entre los detenidos se encontró el escolta vinculada a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y adscrito al esquema de seguridad del Secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza.
La defensa, conformada por un grupo de abogados, entre ellos Iván Fuentes, quien aseguró en entrevista a la emisora Cardenal Estéreo de Riohacha, que durante la audiencia se evidenciaron irregularidades en el procedimiento adelantado por las autoridades.
“Muy afortunadamente nuestro sistema penal acusatorio en Colombia es un sistema penal garantista, es decir, está basado en los principios constitucionales y legales”, expresó el jurista, al explicar que el fiscal solicitó la legalización de las capturas, la incautación y el poder del dinero.
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Según Fuentes, durante la diligencia se evaluaron las actuaciones de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación. “Se pudo determinar por parte de la bancada de defensa y por la propia jueza que llevó el caso que efectivamente hubo muchas fallas en el procedimiento”, afirmó.
El abogado sostuvo que inicialmente se les imputó al conductor de la grúa y al escolta Luis Alfredo “El Toro” Acuña Vega, quien conducía un vehículo particular, el delito de omisión de información sobre transacciones en efectivo, pero que en audiencia se habría hecho referencia a lavado de activos. “Para que se den esas dos figuras se debe probar por parte del ente acusador que efectivamente el dinero proviene de una conducta punible… El señor fiscal no lo probó”, puntualizó.
Fuentes también cuestionó el manejo de los términos legales. “Las 36 horas son para el capturado, no son para la Fiscalía. La Fiscalía no puede llegar a los términos máximos de esas 36 horas para adelantar la audiencia correspondiente. Tiene que justificar el tiempo porque se demoraron tanto retenidas esas personas sin que se les resolviera su situación jurídica”, indicó, señalando que la diligencia comenzó pasadas las 32 horas de la captura.
A su juicio, ello derivó en la vulneración de garantías constitucionales, argumento que fue acogido por el juez al momento de resolver la situación jurídica de los detenidos.
Sobre el dinero y los sobres marcados
Frente a versiones que indican que el dinero iba distribuido en paquetes con nombres específicos y acompañado de afiches políticos de un aspirante al Senado, el abogado indicó que esa información hace parte de la investigación.
“Eso es precisamente lo que se está en estudio de investigación y por supuesto se tenía que, por parte de la Fiscalía, determinar que efectivamente el destino final de ese dinero era precisamente para compra de votos, como se dice en las redes y como se dice en los medios nacionales”, puntualizó Fuentes.
Asimismo, defendió la legalidad del transporte del efectivo. “Transportar dinero no es ilegal. Yo puedo transportar cualquier suma de dinero en mi poder… y no está prohibido por la ley”, afirmó, añadiendo que no se ha establecido oficialmente la procedencia ni el destino de los recursos.
Señalamientos por exposición mediática
Uno de los puntos más sensibles expuestos por la defensa fue la divulgación anticipada de imágenes y videos del procedimiento.
“No podemos permitir que en un proceso penal… primero se conozcan en el mundo entero por vías de redes sociales y medios de comunicación antes que lo conozca el verdadero responsable de determinar si efectivamente esos procedimientos se dieron acorde a los lineamientos legales y constitucionales”, manifestó Fuentes, quien incluso habló de una posible “violación a la cadena de custodia”.
El abogado calificó lo ocurrido como un “ataque mediático” y aseguró que la responsabilidad penal es individual, por lo que no pueden hacerse inferencias sin pruebas.
Aunque los capturados recuperaron su libertad al finalizar la audiencia a altas horas de la noche de este martes 3 de marzo, el dinero y el vehículo permanecen bajo custodia mientras se resuelven trámites administrativos y se espera que sean entregados en las próximas horas.
“La Fiscalía tiene que adelantar las investigaciones correspondientes… pero que se haga acorde a los lineamientos legales y constitucionales y no se especule tanto como en este caso se especuló”, concluyó Fuentes.
La defensa técnica estuvo a cargo de los abogados Iván Cancino González, José Wilson Guerra y el propio Iván Fuentes, quienes anunciaron que continuarán atentos al curso de las investigaciones.
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Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Eliana Mejía Ospino
Especial para EL TIEMPO
Riohacha
