Las lecciones de las prohibiciones a los motociclistas el fin de semana.

Mucha polémica generó el decreto que publicó el alcalde, mediante el cual se restringía el parrillero y se prohibía la circulación de motocicletas en los principales corredores de la ciudad durante el reciente fin de semana. Fue una decisión poco concertada, tomada en medio de un debate acalorado entre la administración y los colectivos de motociclistas, quienes se han opuesto sistemáticamente a cualquier tipo de control que afecte sus intereses. En esta ocasión, los grupos de motociclistas habían anunciado caravanas masivas y “piques” en horarios críticos durante el fin de semana de Halloween.

Las reacciones no se hicieron esperar. De un lado, los motociclistas protestaron contra la medida con operaciones tortuga y, en algunos casos, con expresiones de violencia en ciertos puntos de la ciudad. Del otro, varios ciudadanos respaldaron la decisión del alcalde, reflejando una creciente incomodidad social con el gremio motero, percibida por muchos como un grupo con mal comportamiento vial y actitud desafiante frente a la autoridad.

Si bien el alcalde justificó su decisión con las cifras de siniestralidad vial que suelen dispararse durante este fin de semana –y que, como era de esperarse, registraron una reducción significativa gracias a la prohibición–, el trasfondo parece responder más a una estrategia mediática para demostrar que no es un mandatario débil frente al ejercicio de la autoridad.

Sin embargo, una cosa son los problemas asociados a las motocicletas y otra muy distinta, los relacionados con los parrilleros. Bajo la lógica de la administración, la restricción al parrillero resultaba legítima y razonable; sin embargo, no se presentan datos que demuestren una compensación directa entre el acompañante y el aumento de la siniestralidad o la comisión de delitos.

Por el contrario, la medida termina estigmatizando a una población considerable y perjudicando a muchas personas que utilizan la moto como medio de transporte familiar: padres que llevan a sus hijos al colegio o esposos que acompañan a su pareja al trabajo. En su mayoría, hogares trabajadores de ingresos medios y bajos.

Tampoco puede negarse el problema que representan las motos en términos de seguridad vial. En 2024, el 47 % de las muertes viales correspondió a motociclistas, un aumento sostenido desde 2015, cuando era el 31 %. Los jóvenes entre 20 y 34 años son el grupo más expuesto, concentrando el 65 % de las víctimas fatales y el 67 % de los lesionados, especialmente en localidades como Kennedy, Engativá y Suba.

Las cifras evidencian comportamientos de riesgo en los motociclistas: exceso de velocidad, irrespeto a las normas de tránsito, conducción imprudente y maniobras peligrosas, además del no uso de elementos de protección (casco, chaqueta, botas) en trayectos cortos o de reparto. A esto se suma el crecimiento del parque automotor y la falta de regulación efectiva del trabajo motorizado de reparto, factores que también inciden en la siniestralidad vial.

Si el alcalde quiere lograr resultados sostenibles, debe involucrar a las empresas de mensajería y plataformas de movilidad, pues muchas de ellas incentivan comportamientos inseguros al premiar los tiempos de entrega por encima de la seguridad. Esto impulsa a los conductores a exceder la velocidad, ignorar semáforos y arriesgar su vida. Incluso, la fatiga laboral derivada de las largas jornadas es un factor de siniestralidad pocas veces reconocido.

El problema no se resuelve solo con sanciones. Se requieren políticas de prevención diferenciadas, con programas específicos para jóvenes y trabajadores informales, pues está claro que las personas de menores ingresos dependen más de la motocicleta y están más expuestas al riesgo vial.

El control en corredores y horarios críticos es válido, pero debería centrarse en las franjas entre las 10 pm y las 6 am, donde ocurre entre el 35 % y el 40 % de las muertes viales de motociclistas, especialmente los viernes y sábados. Bajo esta lógica, no tiene sentido castigar al parrillero en toda la ciudad.

Seguramente, la administración destacará las bondades de la medida transitoria implementada el fin de semana, pero debe tener cuidado con la proporcionalidad de sus decisiones. Castigar a todos por el comportamiento de algunos es una forma de estigmatización. La restricción general al parrillero debe ser proporcional, temporal y basada en evidencia.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director Govlab

universidad de la sabana