Liga de Usuarios del Atlántico advierte que el Gobierno deja sin recursos a Air-e y prolonga el alto costo de la energía en el Caribe

La reciente resolución del Ministerio de Minas y Energía volvió a encender el debate sobre el futuro del servicio eléctrico en la región Caribe. miEl coordinador de la Liga de Usuarios en el Atlántico, Norman Alarcón, cuestionó al Gobierno Nacional por no asignar recursos a Air-e, empresa que continúa bajo intervención estatal a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Según Alarcón, la decisión del Gobierno implica una prolongación del régimen tarifario especial que mantiene a los usuarios del Caribe pagando una de las tarifas más altas del país. “La resolución tiene varias connotaciones muy perjudiciales para la región, porque perpetúa un modelo que castiga a millones de hogares con sobrecostos que ya deberían haber sido desmontados”, expresó.

El dirigente aseguró que la medida, adoptada esta semana, se extiende por dos años adicionales el régimen excepcional que rige desde la intervención de las antiguas Electricaribe, impidiendo la reducción de la sobretasa del 20 % en la comercialización que pesa sobre los usuarios de la costa norte.

Preocupación por la falta de inversiones en redes eléctricas

Uno de los puntos más críticos señalados por la Liga de Usuarios es la autorización del Gobierno a las empresas Air-e y Afinia para no realizar inversiones en infraestructura durante los próximos dos años. Según Alarcón, esto agrava el rezago técnico que ya afecta al sistema eléctrico del Caribe.

“Tenemos la red más obsoleta de Colombia, con transformadores que superan su vida útil, postes deteriorados y subestaciones que operan al límite. Si no se ejecutan nuevas inversiones, la región quedará al borde de un colapso”, advirtió el vocero.

La resolución, que se ampara en el régimen especial vigente, busca aliviar temporalmente las presiones financieras sobre las distribuidoras. Sin embargo, para los representantes de los usuarios, la medida solo traslada el problema a las comunidades, que seguirán enfrentando interrupciones constantes y tarifas elevadas.

Alarcón sostuvo que, al no exigir inversiones, el Gobierno estaría frenando los proyectos de modernización que prometieron mejorar la calidad del servicio tras la salida de Electricaribe. “Durante años nos dijeron que con Air-e y Afinia llegaría la estabilidad. Hoy vemos que sin recursos ni infraestructura, volveremos a los mismos apagones de antes”, añadió.

El Caribe, atrapado entre altos costos y baja calidad del servicio

La Liga de Usuarios del Atlántico recordó que la región Caribe ha sido históricamente la más golpeada por la ineficiencia en la prestación del servicio eléctrico. A pesar de los cambios empresariales, los costos de energía continúan siendo superiores al promedio nacional, mientras que la calidad del servicio sigue presentando deficiencias.

En departamentos como Atlántico, Bolívar, Sucre y Magdalena, los cortes diarios y las variaciones de voltaje siguen afectados la vida cotidiana de las familias y la productividad de los negocios. Comerciantes y pequeñas industrias, por su parte, han advertido que los costos energéticos han elevado de forma significativa sus gastos operativos.

“El Caribe ha pagado con sobreprecios una promesa de mejora que no se ha cumplido. Seguimos sin redes robustas y sin inversiones reales en mantenimiento”, expresó Alarcón, quien reiteró que las comunidades sienten una sensación de abandono institucional frente al problema eléctrico.

Petición al presidente Petro: “Evitar un apagón financiero”

Ante este panorama, la Liga Nacional de Usuarios del Atlántico hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que el Gobierno asigne recursos de apoyo financiero a Air-e, entidad que permanece bajo control de la Superintendencia de Servicios Públicos.

El dirigente advirtió que la falta de liquidez de la empresa podría derivar en una crisis operativa similar a la que llevó a la liquidación de Electricaribe en 2020. “Si el Gobierno no financia la operación de Air-e, estamos frente a un inminente ‘apagón’ económico y técnico que afectará a toda la región”, dijo.

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Además, la organización de usuarios exigió al Ejecutivo una solución estructural y definitiva al problema energético del Caribe, más allá de los paliativos o prórrogas temporales. Proponen que el Estado asuma un plan de inversiones conjuntas con el sector privado y priorice la modernización de las redes de distribución.

“Es urgente una política energética diferenciada para la región. No podemos seguir soportando tarifas elevadas por culpa de decisiones centralizadas que desconocen nuestra realidad”, concluyó Alarcón.

Debate abierto sobre el modelo de intervención

El anuncio del Ministerio de Minas ha reactivado la discusión sobre los resultados del modelo de intervención en el servicio de energía del Caribe. Aunque el Gobierno ha argumentado que la medida busca garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas, los gremios ciudadanos insisten en que la carga no puede seguir recayendo sobre los usuarios.

Mientras tanto, la resolución se mantendrá por al menos dos años más. el régimen tarifario especial que se esperaba desmontar antes de 2025. Con Por ello, millones de hogares caribeños seguirán pagando una energía más costosa, en medio de una infraestructura que —según los propios usuarios— no responde a las necesidades actuales.

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