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El Gobierno nacional presentó oficialmente el programa de vivienda por autogestión mediante la expedición del Decreto 585 del 30 de mayo de 2025. Esta medida permite que hogares de bajos ingresos y sin acceso al crédito financiero construyan sus viviendas con apoyo económico estatal.
“Los hogares de menos ingresos del país, que carecen de acceso al sistema crediticio y financiero, podrán ser beneficiarios de Subsidios Familiares de Vivienda para construir sus propias unidades habitacionales”, indicó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Según el decreto, de esta manera se prioriza el trabajo de organizaciones sociales y comunitarias para llevar a cabo estos procesos en suelos urbanos, rurales y territorios colectivos.
“El decreto es un acto de reconocimiento a las comunidades que históricamente han construido sus viviendas y hábitat a partir de sus propios saberes, esfuerzos y redes de apoyo”, señala el minvivienda.
Las organizaciones que podrán postularse incluyen organizaciones populares de vivienda (OPV), juntas de acción comunal, cooperativas, resguardos indígenas y consejos comunitarios. Para acceder a los beneficios, deberán cumplir con los requisitos técnicos y urbanísticos de cada territorio y estar habilitadas por las autoridades para el manejo de recursos financieros en caso de ser necesario.
Estas entidades serán responsables de desarrollar las propuestas de vivienda bajo esquemas de autogestión que contemplen la participación activa de las comunidades. “Avanzando así de manera segura y responsable en el acceso de soluciones habitacionales adecuadas y dignas”, indicó el Ministerio.
Los subsidios son para mejora de vivienda. Foto:Cortesía Alcaldía de Cali
El programa contempla un Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) de hasta 70 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), lo que equivale actualmente a aproximadamente 99 millones de pesos. Sin embargo, en zonas con mayores dificultades de acceso, como la región Amazónica o el departamento del Chocó, el subsidio puede incrementarse hasta los 100 SMMLV, es decir, cerca de 140 millones de pesos.
Las modalidades previstas por el programa son dos: la autoconstrucción y la construcción delegada. En la primera, los hogares y organizaciones ejecutan directamente la obra con acompañamiento técnico, administrativo y financiero del Ministerio. En la segunda, se contrata a profesionales o empresas para realizar la obra conforme a la normativa vigente.
“La autogestión valora el esfuerzo y participación de los hogares. Mediante procesos organizados se construirán soluciones diferenciales de acuerdo con usos y costumbres, condiciones de los territorios, con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, departamentos y municipios, entre otros actores”,explicó el ministerio.
El Ministerio explicó que el modelo busca fortalecer la autodeterminación colectiva, el autogobierno y la gestión eficiente de los recursos disponibles. Asimismo, plantea una integración entre la política de vivienda y la promoción de la economía popular. “Este modelo fortalece la autodeterminación colectiva, fomenta el autogobierno, y promueve el uso responsable de los recursos”.
Además, se espera que estas iniciativas tengan un impacto directo en el desarrollo territorial al dinamizar economías locales y generar empleo. “Consolida a las comunidades como sujetos de derecho y agentes activos en el desarrollo de sus territorios. Además, impulsa la economía popular y dinamiza las economías locales”, indicó el Ministerio.
El monto del subsidio es de 17 millones de pesos. Foto:Cortesía Alcaldía de Cali
El programa también propone un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales y las organizaciones sociales. “Desde el Gobierno Nacional extendemos una invitación a las entidades territoriales y a las organizaciones comunitarias del país a vincularse a esta transformación y a impulsarla de manera conjunta”, se lee en la declaración oficial.
Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca crear una vía formal para que sectores históricamente marginados accedan a vivienda digna mediante modelos organizativos propios y con respaldo estatal.
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