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Pese a que el ministro de Hacienda, Diego Guevara, asegura que en el 2024 el Gobierno cumplió la regla fiscal –norma que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se superen unos límites de deuda–, para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) no está tan claro porque no considera que la caída de los ingresos tributarios del año pasado fuera transitoria. En entrevista con EL TIEMPO, Astrid Martínez, presidenta de este organismo independiente, explica en qué radican sus diferencias y alerta de los riesgos que vendrían para este 2025.
¿El Gobierno cumplió o no la regla fiscal?
El Gobierno ha dicho que la cumplió, pero para que eso sea una realidad tiene que presentar un informe al Congreso y el Carf se pronunciará. En ese momento, diremos en qué radicaron nuestras diferencias. Con los números que estamos viendo, el déficit fiscal no se cumplió porque los ingresos fueron inferiores a los gastos. Según nuestras proyecciones, habría quedado 21 billones de pesos por debajo de la meta establecida en el marco fiscal de mediano plazo.
Adicionalmente, a ello, destacamos que hay problemas de caja. Los depósitos del Banco de la República cerraron el 2024 en 3,7 billones de pesos, muy por debajo del promedio histórico que se ubica en 13,6 billones de pesos.
Astrid Martínez, presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo
¿Qué les diferencia del Gobierno?
Unas conversaciones técnicas alrededor de las transacciones de única vez. Hay algunos eventos puntuales que no modifican las finanzas públicas desde el punto de vista estructural en el sentido de que se presentan un solo año como, por ejemplo, un desastre natural.
El Gobierno nos presentó 1,9 billones de pesos de la emergencia del clima que vivimos el año pasado y para nosotros sí encaja. Sin embargo, los otros elementos que nos presentaron no creemos que sean una sorpresa. Para nosotros no es sorpresa la caída del recaudo o el abuso por parte de los contribuyentes de las deducciones que pueden hacer.
Para nosotros no es sorpresa la caída del recaudo o el abuso por parte de los contribuyentes de las deducciones que pueden hacer
¿Ante todas estas discusiones los analistas podrían perder la credibilidad en la regla?
Uno puede imaginar el mundo sin regla fiscal o, específico, sin esta. De hecho, en el 2021 empezó una nueva etapa de ella, pero la sostenibilidad fiscal está consagrada en la Constitución por lo que no es un asunto menor. El mercado en lo que se fija es en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces lo que dice el Carf les ayuda porque les revela algunos aspectos desde el punto de vista estructural. La regla puede no cumplirse en algún momento, lo que dice la ley es que el Gobierno debe explicar por qué no la cumplió y cuáles son las acciones que va a tomar para retomar la senda.
¿Qué pasó del lado de los ingresos en el 2024?
Todo el año advertimos que algunos de los ingresos proyectados no se iban a cumplir. Proyectar gastos estructurales con ingresos inciertos no es conveniente y tampoco lo es esa dinámica de que ahí vamos viendo cómo se comporta el recaudo si uno de entrada ya sabe que hay unos rubros que no hay forma de que se cumplan. Por ello, hicimos el comentario sobre el arbitramento de litigios, que era una medida para facilitar el cobro por parte de la Dian de los conflictos judiciales y que requería un proyecto de ley que nunca se presentó. Eso eran 10 billones de pesos finalmente.
El Presupuesto del 2025 está desfinanciado en 12 billones de pesos. Foto:iStock
Adicional a ello, la gestión de la Dian estuvo sobreestimada. El argumento de la entidad es que tiene más personas y recursos. Sin embargo, después se ve en la obligación de explicar por qué no pudieron vincular a todo el personal y no se pudo lograr la meta.
También estuvo el fallo de la no deducibilidad de las regalías de la Corte Constitucional y otro elemento importante es que como siempre el recaudo depende del año anterior y en la proyección de crecimiento del 2023 fallamos todos, pues fue muy inferior a lo previsto.
¿Y del lado de los gastos?
Estamos de acuerdo con el ministerio en que hay un crecimiento de gastos que viene después de la pandemia y que no todos son atribuibles a decisiones del Gobierno Nacional. Sin embargo, en los que sí tienen que ver, el llamado es a que cuando toma alguna decisión sobre el incremento salarial o las primas que hay que pagarle a un determinado grupo de ciudadanos tenga en cuenta el impacto fiscal. Uno reparte cuando hay y si no hay se da una restricción fiscal.
Dice que no fue conveniente hacer proyecciones con ingresos inciertos en el 2024. ¿Eso no se volvió a repetir para esta vigencia fiscal al presentar un presupuesto desfinanciado?
Los presupuestos pueden estar desfinanciados. El Gobierno, como lo hizo, puede llevar el proyecto al Congreso y decir que le faltan unos recursos para financiar sus gastos y proponer una ley de financiamiento. Si no la logra, a principios del siguiente año debe publicar un decreto para recortar. Uno pensaría, ¿es mejor que desde el principio se haga el recorte? De esta manera se entra en la misma dinámica que el año pasado, que se empieza aplazando y aplazando. A nosotros como Carf lo que nos interesa es el balance primario neto estructural, es decir, que los ingresos sean sostenibles a lo largo del tiempo y que el gasto también sea estructural. Nuestro foco es que esos gastos estructurales sean financiados por ingresos ciertos.
¿El anuncio del Gobierno de presentar una nueva reforma tributaria está en la dirección correcta?
Es uno de los instrumentos que tiene para disminuir el déficit estructural. Después de la pandemia, lo que espera el mercado es un mensaje de consolidación a través del tiempo, en donde se llegue a niveles de déficit históricamente sostenibles con unos ingresos provenientes de los tributos y con un endeudamiento normal que permita que se abarate el costo de la deuda.
Ministro de Hacienda, Diego Guevara. Foto:Banco de la República
¿Y para el 2025 consideran que se cumpliría la regla fiscal, qué riesgos ven?
Para que se cumpla tiene que haber un recorte de 51 billones de pesos. De ellos, el Gobierno ya ha aplazado 12 billones de pesos, por lo que quedaría hacer un recorte por alrededor 40 billones de pesos. Tenemos 22 billones de pesos por el lado del rubro de la gestión de la Dian. Ahora bien, si los ingresos cambian o si la tributaria anunciada pasa en el Congreso habría que revisar si se cumple.
El Gobierno ya ha aplazado 12 billones de pesos, por lo que quedaría hacer un recorte por alrededor 40 billones de pesos
Con la tributaria planteada solo se buscarían 20 de esos 40 billones de pesos. ¿Y el resto?
Ahí hay un elemento que se llama reserva presupuestal, que viene todos los años rodando la pelota para el siguiente año y está por el orden de 20 billones de pesos.
¿Lo que se dejó de ejecutar en el 2024 le ayudaría para el 2025?
No es tan así porque igualmente hay que ejecutarlos este año. Entonces el siguiente año va a quedar con una reserva presupuestal de un gasto que no se ejecuta en 2025 pero que se compromete y que se debe pagar en el siguiente año.
¿Usted está de acuerdo en avanzar hacia una regla fiscal verde?
Lo que nosotros vemos es que sí hay literatura macroeconómica que dice que ante los impactos del cambio climático hay que tener en cuenta los riesgos en las finanzas de las naciones. No obstante, tener un estimativo de riesgos y hacer un análisis macroeconómico que incluya ese riesgo y que lo califique es distinto a decir que el gasto por cuenta de los impactos del cambio climático tiene que dejar de ser parte del techo del gasto que comporta la regla fiscal.
La regla es una herramienta para hacer un gasto ordenado. Además, no es tan inflexible en el sentido de que reconoce el ciclo económico y el petrolero, que tiene que ver con la fluctuación de la volatilidad de sus ingresos. Igualmente, el Gobierno ha dicho que se incluya al carbón porque el año pasado 9 billones de pesos se dejaron de recaudar por cuenta del comportamiento de sus precios.
Así fue la discusión de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO
La reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) quedó supeditada a la elaboración de una ley de competencias que buscará dar nuevas obligaciones a los entes territoriales. ¿Qué riesgos ven ahí?
El Gobierno tiene un año para sacarla. Se requiere una discusión, que debió ser primero, sobre el gasto público. Tenemos un Estado central y uno federal y hay que revisar qué tan federal quieren que sea. Además, ir trasladando los recursos con las competencias. Si eso no se da, el riesgo en la sostenibilidad de las finanzas públicas seguiría. Nosotros no nos metemos en si hay o no mucha corrupción a nivel territorial, la hay en todas partes, no es por ahí la discusión.
¿Cómo nos afecta la incertidumbre con las políticas de Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump?
En términos fiscales, uno podría decir que puede modificar las proyecciones de crecimiento de todos los países. Son situaciones que habrá que analizar cuando se den. Respecto a qué puede pasar con el precio del petróleo, si ese cambio implica que va a haber un exceso de oferta y entonces van a caer abruptamente los precios, hay elementos que le dicen a uno que si no ha habido una mayor producción de petróleo en Estados Unidos, eso es el resultado de las decisiones de los inversionistas.
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