Los 5 cambios cruciales que pocos conocían en la declaración de renta 2025

En la temporada de declaración de renta 2025 en Colombia, correspondiente al año gravable 2024, se presentan cinco cambios clave que impactarán a millones de contribuyentes.

Según la Dian, cerca de 6,7 millones de personas naturales estarán obligadas a declarar, de las cuales 400.000 lo harán por primera vez. Uno de los principales ajustes es la deducción ampliada por hijos dependientes, que ahora incluye a los menores de 25 años bajo ciertas condiciones, lo que puede disminuir el valor del impuesto.

(Vea también: Esto cobra un contador por una declaración de renta en Colombia y no tener que contar multas).

También se incorpora el beneficio de auditoría para quienes incrementen en al menos un 35 % el impuesto pagado frente al año anterior, reduciendo los tiempos de revisión de la Dian.

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Además, se actualizaron los topes de ingresos para declarar, fijados en $ 65.891.000, de acuerdo con la UVT vigente de $ 47.067. No habrá cambios en el formulario 210 ni en el calendario, que irá del 12 de agosto al 24 de octubre, según el NIT.

Expertos advierten sobre posibles congestiones en septiembre y octubre, recomendando no dejar el trámite para última hora.

Tributi.com, que ya ha acompañado a más de 1,5 millones de usuarios, proyecta un récord con 300.000 declaraciones este año, impulsando además una ruta personalizada para evitar errores y sanciones.

Cómo funciona la declaración de renta en Colombia

La declaración de renta en Colombia es un proceso mediante el cual las personas naturales y jurídicas reportan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sus ingresos, bienes, deudas, gastos y deducciones del año anterior. Su propósito principal es que el Estado pueda calcular si el contribuyente debe pagar impuestos adicionales o, por el contrario, si tiene saldos a favor. No todas las personas están obligadas a declarar; la Dian fija cada año unos topes basados en la Unidad de Valor Tributario (UVT), que determinan si se debe presentar el trámite.

Por ejemplo, se toman en cuenta factores como ingresos anuales, patrimonio, consumos con tarjeta de crédito o compras superiores a ciertos montos. Si un ciudadano cumple al menos con una de esas condiciones, debe declarar. Sin embargo, declarar no siempre significa pagar, ya que se descuentan deducciones y beneficios que pueden reducir el valor final del impuesto.

El proceso de declaración comienza con la recolección de información financiera. Cada contribuyente debe reunir certificados de ingresos y retenciones, extractos bancarios, soportes de deudas y documentos de inversiones, entre otros. Con estos datos se diligencia el formulario establecido por la Dian, que para personas naturales es el 210.

Allí se registran los ingresos obtenidos durante el año gravable, los gastos permitidos por la ley, las deducciones aplicables y el patrimonio. Con esta información, el sistema calcula el impuesto de renta, que es un porcentaje progresivo: quienes más ganan, pagan proporcionalmente más. Además, existen beneficios como las deducciones por dependientes económicos, aportes a pensiones o medicina prepagada, que ayudan a disminuir la base gravable.

Una vez diligenciado el formulario, la declaración se presenta a través del portal de la Dian o en bancos autorizados, dependiendo de si el contribuyente está obligado a usar firma electrónica. El calendario para declarar varía según el último dígito del NIT o cédula, lo que distribuye los vencimientos entre agosto y octubre de cada año. Si el resultado de la declaración indica un valor a pagar, este debe cancelarse dentro de los plazos establecidos para evitar intereses y sanciones. En caso de que el cálculo genere un saldo a favor, el contribuyente puede solicitar su devolución o compensación.

Cumplir con la declaración de renta en Colombia es fundamental para evitar sanciones, que incluyen multas desde casi medio millón de pesos en 2025, además de intereses moratorios. Más allá de la obligación legal, este proceso también fomenta la cultura tributaria, pues busca que los ciudadanos contribuyan de manera equitativa al financiamiento del Estado y al sostenimiento de los servicios públicos.

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